Rodríguez Signes valoró “los logros de los gobernadores” en el acuerdo fiscal con la Nación

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, valoró el acuerdo fiscal alcanzado entre los gobernadores y el gobierno nacional ya que “despeja gran parte de los problemas de la demanda que presentó la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano” y al desistir de ella “se alejan las posibilidades de que haya sorpresas para la ejecución del Presupuesto”. Reiteró que el convenio “tiene efecto neutro para las provincias” y especificó que “se elimina el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias que son las afectaciones específicas y también modifica las asignaciones específicas del impuesto al cheque y como en esa diferencia la provincia de Entre Ríos salía perdiendo 658 millones de pesos, al final la Nación se compromete a compensar esa pérdida con lo cual el resultado es cero, neutro”. Asimismo remarcó como “interesantes dos logros de los gobernadores: primero hicieron que el revalúo del Impuesto a las Ganancias sea coparticipable, lo cual en el primer borrador estaba como no coparticipable; y segundo se elimina la penalización a las Cajas Previsionales no transferidas, como la de Entre Ríos, por no armonizar”. “Esto le da tranquilidad al sector pasivo entrerriano en sentido de que no vendrán exigencias que signifiquen conculcar derechos previsionales”, afirmó. No obstante, aclaró que “el convenio es declarativo y ninguna de sus cláusulas es operativa directamente, dentro de los 30 días de la firma tiene que ser remitido a las legislaturas provinciales para su ratificación y además tanto las legislaturas como el Congreso deben dictar las leyes necesarias para que se vuelva operativo”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Rodríguez Signes admitió estar “más tranquilo” tras el acuerdo fiscal de los gobernadores con el gobierno nacional ya que “desde junio de este año cuando nos notificaron la demanda de la provincia de Buenos Aires sobre los fondos del Conurbano, se trabajó en las contestaciones y se estaba pendiente de si la Corte Suprema no dictaba una medida cautelar que directamente impactara sobre el presupuesto y nos complicara de forma intensa, importante, y eso ahora se despejó”.

Recordó que “desde hace cinco o seis meses venimos planteando que este tema se aborde en los ámbitos institucionales que se debía, porque la Corte no podía resolver judicialmente algo que debía tener una solución política” y destacó que “con la firma de este convenio gran parte de los problemas de la demanda se despejan y a las Fiscalías nos descomprime bastante porque al desistir de la demanda se alejan las posibilidades de que haya sorpresas para la ejecución del Presupuesto”.

En cuanto al convenio en sí mismo, puntualizó que pudo “ir siguiendo los distintos borradores” y rememoró que oportunamente “había dicho que este convenio tenía efecto neutro para las provincias y lo sigo sosteniendo, porque elimina el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias que son las afectaciones específicas y también modifica las asignaciones específicas del impuesto al cheque y como en esa diferencia la provincia de Entre Ríos salía perdiendo 658 millones de pesos, al final la Nación se compromete a compensar esa pérdida con lo cual el resultado es cero, neutro”.

Aclaró asimismo que “este convenio es declarativo y ninguna de sus cláusulas es operativa directamente, dentro de los 30 días de la firma tiene que ser remitido a las legislaturas provinciales para su ratificación y además tanto las legislaturas como el Congreso deben dictar las leyes necesarias para que se vuelva operativo”. A modo de ejemplo, mencionó que “lo que hace a Ingresos Brutos requiere de la modificación del Código Fiscal de la provincia o lo que hace a la movilidad jubilatoria requiere la intervención del Congreso de la Nación”.

En tanto, destacó como “interesantes dos logros de los gobernadores: primero hicieron que el revalúo del Impuesto a las Ganancias sea coparticipable, lo cual en el primer borrador estaba como no coparticipable; y segundo se elimina la penalización a las Cajas Previsionales no transferidas, como la de Entre Ríos, por no armonizar”.

Sobre este último punto, explicó que “desde hace muchos años venimos con pactos fiscales que exigen la armonización y el año pasado se firmó un acuerdo en el cual la Nación se obliga a financiar los déficit de las Cajas de Jubilaciones pero establece mecanismos de penalización para las provincias que no armonicen, y ahora se logró una cláusula para eliminar esa penalización, lo que le da tranquilidad al sector pasivo entrerriano en sentido de que no vendrán exigencias que signifiquen conculcar derechos previsionales”.

Empleo público y jubilaciones de privilegio

En otro orden de temas, Rodríguez Signes manifestó que “respecto de los empleados públicos hubo una manifestación del Presidente en una reunión con los gobernadores pero no hay ninguna cláusula donde haya obligación de las provincias respecto a las remuneraciones de los empleados públicos”. “Lo que hay son declaraciones de intención para realizar sistemas de retiro voluntario, pero no está escrito como obligación ni tampoco figura una reducción de empleados”, explicitó.

Admitió que “lo que seguramente estará vinculado a las remuneraciones del sector público será la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal porque ahí se dispone, no obligación de achicar la planta de personal por vía de disponibilidades o cesantías, sino restricción en incrementar la plata de personal”. “No hay una obligación que hayan asumido los gobernadores de reducir la planta de personal”, sentenció.

En cuanto a las jubilaciones de privilegio, el fiscal explicó que “son aquellas que se otorgan sin reunir los requisitos generales necesarios, o de edad o de aportes” y mencionó como ejemplo que “era común antes que en el Congreso, por el solo hecho de ser legislador por un día, ya se accedía al beneficio previsional”.

No obstante, aclaró que “en el caso de las provincia de Entre Ríos está vigente la ley 8.732 donde no existen las jubilaciones de privilegio, y el régimen especial es el dela policía que tampoco establece jubilaciones de privilegio”. Ante esto, reiteró que “en todo caso habrá situaciones particulares que hay que analizar, pero no existen jubilaciones de privilegio”.

En ese marco, admitió que “pueden existir jubilaciones por incapacidad mal otorgadas, y hay situaciones irregulares de jubilaciones mal dadas, pero no son jubilaciones de privilegio” y afirmó que “es visible hoy que al sistema previsional hay que dedicarle un tiempo para su reforma y hay muchas situaciones que son insostenibles, pero no forman parte de este convenio. Eso deben hacerlo autónomamente a nivel de las provincias”.

Remarcó de todos modos que “es un avance que se obliga a la Nación a hacer transferencias automáticas para financiar el déficit como si el sistema estuviera armonizado” y especificó que “se calcula que la provincia de Entre Ríos en vez de recibir 700 millones como este año, recibirá más en el 2019 y en el 2020”. “Algunos sostienen que debería recibir el 50 por ciento del déficit que es de 5.000 millones, con lo cual estaría recibiendo 2.500 millones”, detalló.

“Veremos cómo se instrumenta pero es muy positivo para la provincia porque cuando se ve la situación presupuestaria de la provincia, en ingresos corrientes contra gastos corrientes tiene equilibrio presupuestos – e incluso con un pequeño superávit- pero al incorporar el sistema previsional se produce el déficit de la provincia. Si la nación acompaña con el financiamiento de parte del déficit y la provincia acompaña con resolver ciertas situaciones, se puede resolver bien el tema del presupuesto provincial”, explicitó.

Municipios y demandas a desestimar

En cuanto a la responsabilidad de los municipios, Rodríguez Signes señaló que “fue un tema muy discutido porque allí la cuestión está en las tasas y se estableció que se procure que los municipios cobren tasas relacionadas con los servicios que efectivamente prestan, ya que hoy la tasa comercial es prácticamente un impuesto a los Ingresos Brutos, y se incorporó una cláusula declarativa que implica que los municipios deben trabajar en ese aspecto”.

“En el convenio se incorporó el hecho de trabajar en un viejo principio del derecho tributario: que la naturaleza de la tasa es la retribución por un servicio que presta el municipio y eso se ha ido deformando y se convirtió en un impuesto a los ingresos brutos”.

Por último, el fiscal de Estado puntualizó que “la provincia tiene tres demandas contra la Nación”. “La primera por el 15 por ciento de la coparticipación que se afectaba al ANSES, lo que se resolvió parcialmente el año pasado por el acuerdo con la ley 27160, donde se devuelve ese porcentaje progresivamente –tres por ciento por año- pero no se resolvió el tema del retroactivo y por eso las provincias mantenemos pretensiones por el retroactivo, y habría que desistirlo”, explicó.

Y agregó que “la segunda es por la inconstitucionalidad del artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias que establece afectaciones específicas para el fondo del conurbano y para el ANSES, que también hay que desistir. Y del mismo modo una demanda por afectaciones especificas del Impuesto al Valor Agregado que es un 11 por ciento a favor del ANSES”.

Sin embargo, indicó que “para desistir de la primera de las demandas se necesita la intervención de la Legislatura porque fue la que ordenó a la Fiscalía a interponer la demanda, lo cual hay que tratarlo dentro de los 30 días, según indica el acuerdo”. “Ahora hay que trabajar mucho en estos 30 días para volver operativo el acuerdo”, concluyó. 

...

Agregar Comentarios

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.