Juicio a la banda narco con protección policial: las defensas pidieron la absolución de todos los imputados

Durante unas siete horas y media estuvieron alegando las defensas de los 15 imputados, en el juicio por la banda narco que funcionaba en la costa del Uruguay y contaba con protección policial. En todos los casos se pidió la absolución de los procesados, además se plantearon nulidades que ya fueron replicadas por la Fiscalía a cargo de José Ignacio Candioti. Los argumentos vertidos por los defensores se centraron en marcar deficiencias investigativas, falta de pruebas, atacaron las imputaciones por Asociación ilícita y negaron la transmisión de información sensible entre integrantes de la banda y funcionarios públicos. Asimismo, en algunos casos sostuvieron que se trata de simples consumidores que nunca se organizaron para el comercio de estupefacientes; criticaron que en la veintena de allanamientos realizados no se haya encontrado gran cantidad de droga y aseguraron que los miles de pesos y los vehículos incautados tienen un origen lícito.N.B. de ANÁLISIS DIGITAL

Está en el último tramo el extenso juicio oral a la banda narco que se movía en la costa del Uruguay, y contaba con protección policial. Las audiencias de testimoniales se desarrollaron aproximadamente en un mes y medio y, desde la semana pasada, se entró en la etapa de alegatos. Frente al Tribunal Oral Federal (TOF) que integra Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, pasaron alrededor de 40 testigos que dieron su versión de los hechos investigados. El Ministerio Público Fiscal que representa el fiscal General Candioti, secundado por el fiscal Adjunto Leandro Ardoy, reclamó la semana pasada penas para 14 de los 15 imputados. Los fiscales sostuvieron que 12 de todas las personas llevadas a juicio fueron parte de la Asociación ilícita.

En esa acusación se incluyó a Mario Gordo González -que ya tiene una condena por narcotráfico- y Javier Caire -también imputado por falsificación de documento- como organizadores, para quienes se pidió 6 años de prisión. En tanto, para los policías federales José María Gómez y Sergio García, y para el gendarme de Inteligencia Carlos Francisco Acosta, se solicitó una condena de 5 años de prisión. Para Elsa Cristina Caram, pareja de González; María Isabel González, su madre; y Rosana Tenis, su hermana Rosana; y también para Javier Neurvit, Nicolás Stur, Santiago Acosta y Carlos Segovia se solicitó una pena de 4 años y 4 meses de prisión. Para Mirta Noemí Sayavedra se reclamó una pena de 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por último, en el caso de Mario Núñez -comisario de Toxicología de la Policía provincial pasado a disponibilidad-, no se lo consideró parte de la Asociación ilícita, aunque sí se reclamó que sea castigado a 3 años y medio de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

La defensa que acusó «bronca»

Los defensores de la familia González, integrada por Mario González, Elsa Caram, María Isabel González, Rosana Tenis y Carlos Caito Segovia -yerno de Gordo González y Caram-, que también representaron a Javier Caire, dijeron que la causa fue “de los absurdos jurídicos, de las incoherencias, los errores y las violaciones de derechos”. Los abogados Juan José Buktenica y Francisco Ascué sostuvieron que la investigación fue “una película donde el guionista y director fue el juez federal de Concepción del Uruguay”, Pablo Andrés Seró. Los abogados de Concordia también apuntaron “a la prensa” y le pidieron a los jueces que no se dejen “presionar” mediáticamente.

Ascué atacó el inicio de la investigación; dijo que Seró autorizó intervenciones telefónicas “sin fundamento” y lo acusó de “copiar y pegar” resoluciones. “Ese método es muy bueno y yo lo utilizaba en secundaria. Incluso puede servir en otras etapas de una investigación, pero acá no funciona”, ironizó. Luego, el abogado concordiense deslizó que sus defendidos no son narcos sino “consumidores”. También aseveró que “las escuchas no se respaldaron con prueba objetiva y periférica”.

Ascué afirmó que Javier Caire, acusado de ser organizador de la asociación ilícita junto a Mario González, “tenía una simple vida de mecánico”. “Como cualquier mecánico consume si tiene que estar tantas horas entre motores”, acotó. Agregó que los remitos de encomiendas incautados en la causa no eran de droga sino “de repuestos”.

En cuanto a González, rubricó sus dichos y repitió que su defensor anterior le “recomendó” permanecer rebelde de los requerimientos judiciales. Justificó las conversaciones entre González y los funcionarios públicos: “González tiraba cosas que nada que ver, que sacaba de internet. Lo hacía para que no lo agarren a él. Lo de la eliminación de la competencia es ridículo”, satirizó.

También se refirió a Segovia, Caram, María Isabel González y Rosana Tenis. En todos los casos encontró modos de insultar la investigación judicial. “Es cierto que hay escuchas dudosas -reconoció en un momento-, el problema es que no se acreditaron”, valoró. “Semejante mamarracho y absurdo jurídico se fundamenta en la bronca que habrán tenido Seró y Barraza -José María, secretario del Juzgado de Concepción- a personal de las fuerzas de seguridad que estaba hablando con González”, arremetió.

De igual modo habló del dinero secuestrado y dijo cosas tales como “cualquier persona de clase media tiene 70.000 pesos en la casa”. Cabe señalar en este punto que 70.000 pesos de 2017 no valen lo mismo que 70.000 pesos en 2015, cuando fueron los allanamientos. “Esta es la causa de la maliciosidad”, pronunció.

Por su parte, Buktenica no agregó demasiados argumentos. Refrescó la teoría de “la bronca” de los funcionarios judiciales de Concepción del Uruguay que habría motivado toda la causa, reiteró que “no hay ninguna prueba”. “En 20 días de escuchas formaron una causa, pidieron detenciones y allanamientos que dieron negativo y concretaron las escuchas. Como con los allanamientos no encontraron nada, los imputaron por asociación ilícita para mantenerles las prisiones preventivas”, resumió y luego reclamó la absolución para todos sus representados.

Sobre el policía García

Juan Pablo Temón ejerció la defensa del policía federal Sergio García. “Para que exista una asociación ilícita sus integrantes tienen que coincidir intelectualmente ¿García coincidía intelectualmente con los otros imputados? Eso no se demostró”, dijo. Añadió que su representado “no compartió ganancias con ninguna asociación” y aseguró que “es gente humilde”. “Encontraron dos conversaciones que mantuvo García con González, del mes de abril. ¿Pretenden imputarlo por dos conversaciones como miembro de una asociación que en su génesis parece ser de 2013? Realmente García ¿qué información pasaba?”, preguntó.

Luego achacó a los ex compañeros de García, dos policías federales que según se ventiló en el debate, estaban interesados en atrapar a Mario Roberto Gordo González: “Creo que ellos no querían atrapar a González”. También negó que su representado haya vertido información sensible a González. “Sólo pasaba patentes y autos, y muchas veces tiraba verde para sacar maduro”, afirmó. “No se le puede imputar a mi defendido ser parte estable de una asociación sólo por dos conversaciones”, asentó. Por eso pidió la absolución y resaltó que en caso que hubiera condena, le den la prisión domiciliaria. “Si lo condenan vamos a apelar”, anunció antes de terminar.

A Sayavedra le desbarataron la defensa

Mirta Noemí Sayavedra está representada en la causa por el abogado José Pedro Peluffo. La mujer llegó imputada por asociación ilícita pero la Fiscalía pidió que sea condenada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. “Se desbarató la estrategia de defensa por el cambio en la calificación legal. Es un deber del acusador no tenerle nada escondido al acusado y acá se formuló una acusación más gravosa”, cuestionó.

Peluffo sostuvo que “no se colectó prueba” y reiteró que “la tardía imputación agravó la situación de mi defendida”. “El daño de la asociación ilícita es alterar el orden público y el daño social de la comercialización es la salud pública”, diferenció. Pidió la absolución de Sayavedra por “falta de pruebas” y recordó que “ella dijo acá que los estupefacientes que le secuestraron no le pertenecían sino que era de su hijo y que el dinero que le encontraron era de la venta de un auto”. “No se probó la finalidad de comercialización, como así no se puede descartar la tenencia para consumo”, planteó.

La interna

El abogado Rafael Briceño defendió al ex integrante de Toxicología de la Policía provincial, Mario Núñez. Atacó al actual subjefe de la Policía, José Lauman, por la acusación contra su representado. Al momento de la investigación, Lauman era jefe de Núñez y para Briceño, todo se debió a una “interna entre Lauman y -Fernando- Alsina de la que Núñez quedó preso”. “Los subordinados de Lauman vinieron a declarar acá todo lo malo y sucio que es Núñez. Este fue un libreto que no pudo desarrollar bien su objetivo. No está probado que Núñez conociera la identidad de sus interlocutores. Acá se lo imputó sólo por dos escuchas y aseguran que Núñez conocía a su interlocutor por una frase en una conversación cuando González le dijo ‘ando por tus pagos’”, marcó y aseveró que “Núñez no dio ninguna clase de información” sobre el accionar de la fuerza.

“Núñez tuvo 28 años de actuaciones impecables y la manera en que él se relacionó con sus informantes no estuvo fuera de reglamento, porque no existe un protocolo para eso. Lauman dijo que lo considera un inepto porque no coincide con su forma de trabajo, pero lo que no dijo acá fue que los dos años anteriores lo calificó con la nota más alta. Acá hubo un afán de perjudicar. Lauman mintió en la audiencia y antes hizo circular rumores, todo para desmerecer a Núñez. Incluso, voy a decir algo para lo que no me autorizaron: la señora de Núñez fue apretada en su casa por un joven. Intentaron destruir a Núñez y su grupo familiar, no hubo límites. Todo esto fue posible por la complicidad entre la autoridad policial y judicial, porque a Núñez lo pusieron preso con las mismas personas que él mandó a la cárcel”, manifestó.

Más adelante, el abogado volvió a considerar que “no se probó nada, ni siquiera el encubrimiento”. “Yo creo que todo esto no tiene el objetivo de buscar la condena contra Núñez sino de justificar los 25 meses de detención que lleva”, aseveró.

Por último, Briceño pidió la absolución de Núñez. “Cuando eso suceda, pido que no sea por el beneficio a la duda sino que se exprese que no quede afectado su buen nombre y honorabilidad”, dijo y sobre la prisión preventiva solicitó: “Habida cuenta del tiempo que ya lleva preso y la pena pedida, pido el cese de la prisión preventiva”.

En cuanto al otro policía federal, José María Gómez, el abogado conocrdiense entendió que “podría haberse encontrado en delitos menores al momento de la investigación, pero no formó parte de una asociación ilícita”. Por eso también reclamó la absolución en ese caso.

El gendarme y otros cuatro imputados

El defensor Oficia Mario Franchi representó al gendarme Francisco Acosta; a Santiago Acosta; a Nicolás Stur, Javier Neurvit y Orlando Caire. Atacó “el objeto procesal por artificioso y porque no hay asidero en la prueba”. Sostuvo que como se “frustraron los procedimientos se imputó por asociación ilícita”. “Los dichos del policía que hizo la investigación son el fundamento de estos autos”, acotó.

Dijo que Neurvit fue imputado “no por transporte de droga sino por viajar a Buenos Aires con Stur”, que “no se probó que Neurvit haya registrado bienes de Javier Caire a su nombre” y agregó que “el dinero que le secuestraron pertenece a su madre y su hermano”.

En cuanto a Stur señaló que “no pudo haber puesto un auto a su nombre para utilizarlo para el tráfico de estupefacientes”. “Su imputación se realizó sin pruebas y es difícil de defenderlo por ser el dueño de un auto”, soltó.

Sobre Santiago Acosta dijo que se presentó en el estudio de abogados Buktenica “porque en los allanamientos le secuestraron dinero que había cobrado cuando lo echaron e indemnizaron en la empresa que trabajaba”. “Hasta ahí no estaba imputado. Como se presentó con los abogados para pedir que le devuelvan el dinero, entonces lo imputaron y le pusieron el apodo ‘tío Polito’. Si no se presentaba a reclamar el dinero, creo que no lo procesaban”, aseguró.

En referencia al gendarme Acosta, dijo Franchi que “negó saber que hablaba con González”. “La información que filtró Acosta no frustró nada y además él explicó que tiraba una bomba para ver cómo se movían. Ahora, ¿qué debiera hacer mi defendido si le pasan datos de ilícitos? ¿Ignorarlos? ¿Eso es eliminar la competencia?”, preguntó y solicitó la absolución de sus representados por “inexistencia de delito y falta de pruebas”. “Voy a pedir que se decrete la inmediata libertad de Acosta y en un eventual caso de condena, que le den la domiciliaria”, completó.

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