Narcopolicías: la Fiscalía pidió pena para 14 de los 15 imputados

El Ministerio Público Fiscal a cargo de José Ignacio Candioti y Leandro Ardoy, pidió pena para 14 de los 15 imputados en el juicio a la banda que comercializaba cocaína en la costa del Uruguay y contaba con protección de miembros de las fuerzas de seguridad. Para la acusación pública, 12 de los 15 imputados inicialmente formaron parte de una asociación ilícita. Mario Gordo González y Javier Caire fueron considerados organizadores de la asociación y en los dos casos se reclamó una condena de 6 años de prisión -González registra un castigo por delitos de narcotráfico y Caire también fue considerado autor del delito de falsificación de documento-. Para los policías federales José María Gómez y Sergio García, y el gendarme de Inteligencia Carlos Francisco Acosta, se reclamó una pena de 5 años de prisión. Para la pareja de González, su madre y hermana -Cristina Caram; Rosa González y Rosana Tenis, respectivamente-; y para Javier Neurvit, Nicolás Stur, Santiago Acosta y Carlos Segovia se solicitó una condena de 4 años y 4 meses de prisión. Para Mirta Noemí Sayavedra se reclamó una pena de 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por último, en el caso de Mario Núñez -comisario de Toxicología de la Policía provincial pasado a disponibilidad-, no se lo consideró parte de la asociación aunque sí se reclamó un castigo de 3 años y medio de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.N.B. de ANÁLISIS DIGITAL

“Hemos juzgado hechos donde se secuestró una gran cantidad de droga. Las defensas de los imputados traídos a juicio en esos casos siempre dijeron que eran perejiles y que debíamos perseguir a los jefes. En este caso no secuestramos tanta droga, pero tenemos a los dueños del negocio y a miembros de la fuerza de seguridad que le prestaban protección”, asentó el fiscal Candioti y subrayó: “Siempre nos reclaman que se profundicen las investigaciones. Acá no nos quedamos en el caso Calero, sino que a raíz de ese pudimos llegar a Javier Caire; y a raíz de Caire pudimos llegar a Mario González que estaba prófugo hacía años”.

“Toda esta organización tenía un fin de lucro. No existen los atenuantes. Mario González ya cuenta con antecedentes penales por narcotráfico; en el caso de Javier Caire también se tuvo en cuenta la falsificación de documentos”, planteó el fiscal y luego agregó: “García, Gómez y Acosta -los miembros de las fuerzas de seguridad- incurrieron en múltiples acciones que los llevaron a incumplir sus deberes de funcionarios públicos y a encubrir a Mario González y su organización. En definitiva, estos agentes defraudaron las expectativas de la sociedad. Incluso, en el caso de Gómez y García instaban a González para que le ‘metiera fruta’ a sus compañeros; y Acosta ostentaba un importante cargo en la Gendarmería. Además, ellos tres también tuvieron un fin de lucro”.

En cuanto a Stur, Neurvit y Segovia “recibieron múltiples ganancias por la actividad ilícita que realizaron. Tampoco fueron personas con problemas de socialización”, valoró Candioti y resaltó que en el caso de Mario Núñez se pidió la menor pena porque se consideró que no formó parte de la asociación ilícita, aunque sí incumplió sus deberes de funcionario público y encubrió. “Núñez sabía que hablaba con González y que hacía años estaba prófugo de la justicia”, señaló.

El fiscal General del Tribunal Oral Federal (TOF), dijo también que el desbaratamiento de la banda en mayo de 2015, afectó su “núcleo económico”, a partir del decomiso de una Chevrolet S10 propiedad de Caram; un Chevrolet Meriva propiedad de Mario González; un Chevrolet Onix propiedad de Javier Caire; 61.200 pesos que secuestraron en la casa de Caire; 23.900 pesos que incautaron en el departamento que ocupaba González en Buenos Aires; 9.400 pesos que detentaba Neurvit; 139.000 pesos que guardaba Santiago Acosta en la casa de su suegra; y 26.800 pesos que tenía Noemí Sayavedra.

Esquema

Los organizadores de la asociación ilícita son Mario González y Javier Caire. Todo el resto de los imputados, menos Mario Núñez y Orlando Caire, fueron considerados integrantes de la asociación. Si bien por Sayavera se pidió pena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en su alegato el fiscal la consideró parte de la organización, aunque no se haya podido probar esta situación.

En cuanto a Orlando Caire, dueño de la distribuidora de helados de Concepción del Uruguay y padre de Javier Caire, la Fiscalía no sostuvo la acusación porque llegó a juicio oral sin una prueba concreta que lo vinculara al esquema delictivo.

En Concordia, el escenario se configuraba de tal modo: Rosana Tenis y Rosa González, hermana y madre de Mario González, tenían los kioscos de venta de cocaína al menudeo. Carlos Caíto Segovia y Santiago Acosta trasladaban estupefacientes y dinero en remís. Cristina Caram fue una suerte de recaudadora del dinero del negocio en esa ciudad. Todos recibían las órdenes de Mario González, quien a su vez era el único que se comunicaba con los agentes de las fuerzas de seguridad.

En Concepción del Uruguay, la cabeza del negocio era Javier Caire. La venta al menudeo la concretaba Sayavedra; y Neurvit y Stur cumplían los roles que en Concordia desempeñaban Segovia y Acosta, es decir transporte.

El grupo recibía la protección, encubrimiento e información del gendarme de inteligencia del Escuadrón 4 de Concordia; Carlos Francisco Acosta; y de los dos policías federales Sergio García y José María Gómez. Los tres intercambiaban datos precisos con González, que a su vez bajaba la información a estratos inferiores, en beneficio de la organización. “Los tres miembros de las fuerzas de seguridad dieron datos concretos sobre vehículos de inteligencia, sobre la vida personal e íntima de sus compañeros y sobre movimientos de inteligencia”, precisó Leandro Ardoy, en colaboración con Candioti. En el mismo sentido se resaltó el caso de los policías federales que quedaron al descubierto en las escuchas con González, cuando lo instan a “meterle fruta” a sus compañeros. También se remarcó que los tres recibieron una contraprestación económica por la protección brindada a la banda de González. “Por teléfono quedaban en que González les alcanzaría ‘entradas’ o ‘pasajes’. Claramente no hablaban ni de entradas ni de pasajes”, se añadió.

Mario Núñez no formó parte de este esquema, aunque para el Ministerio Público Fiscal (MPF) sí incumplió sus deberes de funcionario público y encubrió a González. “Núñez sabía que hablaba por teléfono con González y sabía que González estaba prófugo hacía años. Lo que sí hay que mencionar es que Núñez no pasó información a González ni de vehículos de investigaciones, ni datos personales o íntimos de sus compañeros, ni lo informó sobre movimientos de cualquier fuerza”, marcó el fiscal Candioti.

“Una verdadera empresa criminal”

“Toda esta causa inició con un procedimiento en Colón. A partir de esa investigación se pudo dar con Mario González que estaba prófugo hacía años. La pesquisa permitió descubrir la vinculación que González tenía con los miembros de las fuerzas de seguridad. La información que le compartían el gendarme Acosta y los dos policías federales, rondaba en beneficio de la organización. Javier Caire estaba al tanto de esas conversaciones que González mantenía con los agentes y, al mismo tiempo, esos tres agentes sabían de su existencia en vinculación con González. Por otro lado, el entorno familiar de González integraban el grupo de venta de estupefacientes y otras colaboraciones”, explicó.

La organización fue calificada como “una verdadera empresa criminal”. “Los integrantes de la asociación ilícita que tuvo permanencia en el tiempo son 12. Su funcionalidad fue cometer delitos de narcotráfico, por eso cada uno tuvo su rol. La información que obtenía González de os miembros de las fuerzas de seguridad y compartía con Caire, era para el éxito de la organización”, se remarcó.

“El orden público se alteró por un grupo de personas que trabajó en forma coordinada y consustanciada para cometer delitos de narcotráfico. Encima recibieron apoyo de miembros de las fuerzas de seguridad que en lugar de combatir el delito lo reforzaron. Todo este andamiaje tuvo tres ejes: el aprovisionamiento de estupefacientes en Buenos Aires; el traslado de la droga a Entre Ríos y la comercialización de la misma. Hubo dos ramas que erigieron la organización, una de Concordia con González a la cabeza y la otra de Concepción del Uruguay con Caire como jefe. Estaban organizados para quebrantar la ley”, manifestó Ardoy.

Asimismo, subrayó que los dos organizadores tenían DNI falsos: Caire a nombre de Pablo Alejandro Almada y González a nombre de Pilar Bolaños. “No se entiende por qué en el requerimiento de juicio no se pidió la imputación por falsificación de documento a González, porque tanto González como Caire fueron autores de ese delito”, reconoció Candioti. “Acá Caire dijo que el DNI falso fue ‘una broma’, pero llama la atención que los dos organizadores tuvieran DNI falso”, acotó.

“González se mantuvo prófugo de la justicia durante tantos años pero no se recluyó en un lugar alejado, se mantuvo prófugo moviéndose permanentemente entre Buenos Aires y Concordia. Casualmente, los agentes de las fuerzas que le prestaban protección son de esta zona y los tres dejaron que la organización siguiera rodando para obtener un provecho personal”.

Continuidad

El juicio que se desarrolla ante los jueces federales Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, continuará el martes 30 de mayo, con el alegato de las defensas.

Durante esa jornada expondrán los abogados Juan José Bukténica y Francisco Azcué, en representación de Mario González, a Javier Caire, Cristina Caram, Rosana Tenis, María Isabel González y Carlos Segovia. También alegará el defensor oficial Mario Franchi en defensa de Santiago Acosta, el gendarme Carlos Francisco Acosta, Nicolás Stur y Javier Neurvit. En tanto, el abogado Juan Pablo Temón expondrá en defensa de los policías federales Sergio Javier García y José María Gómez; el abogado José Pedro Peluffo lo hará en nombre de Mirta Sayavedra; y el abogado Rafael Briceño hará lo propio en defensa de Mario Núñez.

Para el 6 de junio de espera que los 14 imputados pronuncien sus últimas palabras, antes del veredicto.

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