Objetan el rechazo a la cautelar que quiso frenar el tarifazo de luz

La entidad denunciante discrepó con el resultado de la sentencia y emitió duras críticas hacia la defensa esgrimida por el gobierno provincial

El 13 se conoció el fallo jurídico que terminó por saldar en primera instancia la discusión por el cuadro tarifario energético vigente en Entre Ríos. Ese día los vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en decisión dividida (votaron Hugo Rubén González Elías, Gisela Schumacher y Marcelo Baridón) resolvieron no hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen), que exigía la suspensión de los efectos de las resoluciones Nº 146/15, 150/15 y 12/16 dictadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) .
El rechazo al recurso estuvo fundado en que «no se ha probado la presencia del presupuesto que caracteriza a las medidas cautelares», tampoco –como lo sostuvo en su voto el vocal y presidente del cuerpo, Hugo González Elías- se pudo acreditar el peligro en la demora dado que «frente al lapso de tiempo de aplicación del cuadro tarifario cuestionado a los usuarios, en contraposición con el que queda en vigencia (a partir del 1º de enero de 2017 deja de aplicarse) en el análisis puramente económico del perjuicio que pretende ser evitado con la tutela anticipatoria, sin que se haya demostrado al menos indicios de los graves efectos que justificarían su dictado anticipado, constituye otro dato que conspira con el pedido de la actora».
«El fallo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, independientemente del resultado final», opinó el abogado de la asociación de consumidores, Raúl Muñoz. En un análisis más profundo sobre lo que dejó el veredicto y en especial sobre la actitud adoptada por el Estado en su defensa, el letrado reprochó que se haya cuestionado la legitimidad de la asociación, así como también que se planteara la inexistencia de un caso colectivo.
«La postura del gobierno es ilógica, hasta incluso autocontradictoria, porque nos desconoce como asociación siendo que nuestras denuncias le generaron ingresos por montos de casi 10 millones de pesos. Fueron por demandas contra empresas de medicina prepaga y telefonía, denunciando obligaciones a la Ley de Defensa del Consumidor», disparó.
Más allá del malestar que generó esta situación, después el fallo vino a darle la razón a la entidad que preside Gabriel Vargas, teniendo en cuenta que avaló su legitimidad para actuar en este tipo de casos. «Nosotros valoramos el esfuerzo que hizo la Cámara en el análisis de la verosimilitud del hecho, es decir que tiene alta probabilidad que el Derecho que estamos aplicando respecto de la nulidad de eso, tenga chances de que sea acogible», argumentó.
El profesional desestimó que la composición tarifaria que se está cuestionando desaparezca el 31 de diciembre, y lo sustentó de la siguiente manera: «Porque el cuadro tarifario que regirá a partir del 1º de enero tiene como base de cálculo del incremento el cuadro tarifario del año 2016 que estamos cuestionando, viciado por la semilla de la nulidad».
El peligro de la demora, elemento constitutivo en la construcción de la sentencia para el demandante, recibió severas críticas. «Donde la Cámara ve que desaparece el riesgo, nosotros vemos que se incrementa», subrayó Muñoz.
 
***
Antecedentes favorables
En tres causas previas y de carácter colectivo, la Adecen obtuvo sentencias favorables en primera instancia contra Censalud, All Medicine y el Grupo San Nicolás SRL, todas empresas de medicina prepaga. En la acción judicial emprendida contra Medipar SA alcanzó un acuerdo transaccional, según obra en el expediente de la mencionada cautelar. Todos los procesos se tramitaron en Juzgados Civiles y Comerciales de Paraná.
 
***
Presentarán un recurso de revocatoria
 
La Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos insistirá en la ilegitimidad de los aumentos aplicados en la tarifa eléctrica entre fines de 2015 y principios de 2016. Esta vez la vía elegida para canalizar esta petición será el mismo fuero y bajo la figura legal de un recurso de revocatoria. En esta oportunidad, la tesis que se sostendrá en la Resolución 168/2016 del EPRE, por la cual se autoriza el incremento.
«Cuando la Empresa de Energía SA (Enersa) solicita el incremento del 23%, lo hace calculándolo sobre la tarifa vigente al mes de febrero de 2016. Si el régimen tarifario de 2016 es nulo, se va a caer y va a salir del mundo jurídico. Por lo tanto el cálculo de la tarifa que tendrá vigencia en 2017 también va a estar afectada. ¿Por qué hago resaltar este detalle? Porque no es cierto que el 1º de enero el cuadro tarifario actual desaparezca, porque es necesario para calcular el incremento», replicó Raúl Muñoz. En su descargo el abogado cargó contra otra de las resoluciones de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. «Los jueces a la hora de interpretar las normas tienen que hacerlo de la manera más favorable para el consumidor, de modo que sean protegidos. Acá vemos que el análisis fue dirigido a proteger los intereses del Estado», criticó.
La ONG anticipó que mientras trabaja en la presentación del recurso de revocatoria se alista para discutir la cuestión de fondo en 2017: con la presentación de una demanda en el fuero Contencioso. «Nos asombra el cambio de posicionamiento que ha tenido la Cámara respecto de la problemática», aseveró.
Por otro lado, el letrado manifestó que la sentencia contra la cautelar en el contexto de la discusión tarifaria aún no se encuentra debidamente fundamentada.
 
***
El cuadro tarifario que se viene
A principios de 2016 el EPRE puso en vigencia un cuadro tarifario que elevó la tarifa eléctrica en un 137%. Entonces, la estructura tarifaria se compuso de la siguiente manera: al 19,8% de incremento inicial aprobado en la audiencia pública de enero de 2014 en Villaguay se agregaron un 37% y un 43%, más otro 57%. Paralelamente, el ente regulador autorizó para 2017 un aumento del 32%, que se aplicará de la siguiente manera: un 15% a partir de enero, un 8% en marzo y un 9% en mayo.
Adecen cuestionó que no se haya realizado una audiencia pública previa y que con las subas hubo una violación de derechos de incidencia colectiva en el derecho de los consumidores y usuarios del servicio público de electricidad en Entre Ríos.
...

Agregar Comentarios

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *