Causa contratos: Castagno admitió parcialmente las apelaciones, y Pérez y Faure volverán a la casa

La jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, admitió parcialmente las apelaciones planteadas por los defensores de Gustavo Pérez y Ariel Faure. Cerca de las 15 de este viernes Castagno dispuso que ambos imputados continúen en prisión preventiva por 60 días, tal como habían pedido los fiscales y admitido la jueza de Garantías Marina Barbagelata, pero que sea en el domicilio particular de cada uno. De ese modo, los dos imputados dejarán la Unidad Penal N°1 de Paraná y deberán permanecer con tobillera electrónica en sus casas. “Creo que a la actualidad se mantienen los riesgos procesales. No sabemos dónde está el galpón que mencionaron Pérez y Hugo Mena Giovenni en un intercambio de mensajes. La Fiscalía todavía no pudo dar con ese domicilio y con la documentación que había adentro. Faure también eliminó documentación que la Fiscalía todavía no encontró. Los riesgos se mantienen”, señaló. Sin embargo consideró que la medida de coerción puede ser “menos gravosa”, y por eso dispuso que la prisión preventiva se cumpla en las viviendas particulares.De ANÁLISIS DIGITAL

La jueza de Apelaciones María Carolina Castagno, confirmó parcialmente la resolución que habilitó la prórroga por 60 días de las prisiones preventivas de Gustavo Pérez y Ariel Faure, porque consideró que pueden cumplirla en sus domicilios particulares, con tobillera electrónica. “Para examinar los riesgos, no se requiere absoluta certeza sino que los indicios puedan ser verificables”, resaltó la jueza refiriéndose a la resolución de Barbagelata.

“Acá no se juzga culpabilidad del imputado sino los riesgos”, señaló y destacó que “la resolución puesta en crisis cumple con la normativa procesal. El primer elemento es la presunción de culpabilidad. No podemos analizar si hay riesgos, si antes no sabemos que se presume la vinculación de la persona imputada con los hechos”, explicó y agregó que Barbagelata “valoró que Faure colaboró con el vaciamiento de oficina que compartía con (Alfredo) Bilbao, que fue una obstrucción y un riesgo”.

Castagno desgranó la resolución de Barbagelata y se preguntó si los riesgos se mantienen en la actualidad. “Creo que sí se mantienen”, asentó. “A la fecha no sabemos dónde está el galpón con documentación. La Fiscalía aún no pudo dar con ese lugar y menos con la documentación que tenía”, dijo respecto del riesgo que Pérez quede en libertad.

“Lo mismo pasa con Faure”, adelantó. “Eliminó documentación que hoy en día la Fiscalía no pudo conseguir. El riego se mantiene. Y esta es una doctrina que se ha mantenido a lo largo de los años”, remarcó a los defensores, tras el ataque a la resolución de Barbagelata.

Castagno también destacó uno de los puntos analizados por la jueza de Garantías: “Dijo que la Fiscalía fue diligente -respecto de la investigación- y consideró que el plazo pedido es razonable -60 días-”.

Luego retomó el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia en relación a los imputados Alfredo Bilbao, Esteban Scialocomo, Flavia Beckman y Hugo Mena Giovenni. “Entiendo que existen otros medios coercitivo menos lesivos para neutralizar riesgos procesales, como es la prisión domiciliaria. No le asiste razón a los apelantes en cuanto a que la resolución de Barbagelata es ajustada a derecho. Pero entiendo que se puede cautelar medida menos gravosa”, consideró.

Por eso resolvió “hacer lugar parcialmente al recursos de apelación de los defensores, contra la resolución dictada por la jueza de Garantías y que la prórroga por 60 días sea bajo la modalidad de arresto domiciliario”. Castagno prohibió a los imputados salir de sus casas y ordenó que designen un custodio y permanezcan con tobillera electrónica. También habilitó la reserva del caso federal que hicieron los defensores.

Conceptos de las apelaciones

“Respeto y admiro profundamente por sus fallos a la jueza Marina Barbagelata, pero a veces todos podemos cometer yerros”, dijo Miguel Cullen mientras le pedía a Carolina Castagno que revoque la resolución de la instancia anterior, que otorgó una prórroga por 60 días de las prisiones preventivas de Gustavo Pérez y Ariel Faure.

El defensor hizo un duro descargo sobre sobre la resolución. “Se trata de un fallo arropado con una postura que todos los hombres de derecho debemos tener en Argentina y sobre todo en Entre Ríos, pero lejos de ser consecuente con lo que sostiene como fundamentación, exhibe arbitrariedad y ausencia de logicidad”, sostuvo el abogado.

Junto a Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa, Cullen apeló la resolución de primera instancia. Los defensores entienden que, como la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio vuelta las decisiones inferiores respecto de las prisiones preventivas de Alfredo Bilbao, Esteban Scialocomo, Flavia Beckman y Hugo Mena Giovenni, en los casos de Gustavo Pérez y Ariel Faure los jueces deben pronunciarse en el mismo sentido de la cúpula del Poder Judicial. En caso contrario, como ya ocurrió con la resolución de la jueza de Garantías Barbagelata, hablan de “inseguridad jurídica”. Volvieron a hacer reserva del caso federal.

Al comenzar el recurso de apelación, Cullen recordó que en el STJ se está tramitando una queja por los fundamentos del juez Eduardo Ruhl, porque entienden que la prisión preventiva dispuesta para Pérez es “infundada y violenta los derechos constitucionales”.

Para el defensor, la resolución de Barbagelata es contradictoria porque fundamenta de un modo y resuelve en contradicción con los fundamentos. “Se trata de un fallo o que se arropa de una postura que todos los hombres de derecho debemos tener en Argentina y sobretodo en Entre Ríos. Lejos de ser consecuente con lo que sostiene como fundamentación, exhibe arbitrariedad y ausencia de logicidad. Las premisas no desprenden la conclusión y eso lo anula como acto válido”, aseguró.

Se quejó de que cuando el Ministerio Público Fiscal pidió preventivas mientras dure la investigación, los jueces hayan decidido no concederlas y establecer un plazo de 90 días. “Ahora están prorrogando por 60 días, blanqueemos la situación”, pidió.

Luego apuntó a las decisiones de la base del Poder Judicial, que contradicen el fallo del STJ, “que nos da posibilidad de tener seguridad jurídica en la provincia”. La seguridad jurídica impide que un fallo inferior contradiga un tribunal superior, esto tiene que ver con la pirámide de jerarquía”, señaló.

Barbagelata “no puede apartarse graciosamente de lo resuelto por el Superior, menos decir que comparte los fundamentos y después fallar en contra, ahí sí que hablamos de esquizofrenia del derecho penal. No quiero herir sensibilidades pero quiero señalar cómo pivoteamos entre el progresismo y el autoritarismo”.

Luego dijo que la resolución de la jueza no está “basada en hechos concretos” que indiquen el riesgo procesal, tal como marcó la Sala Penal, y señaló que “los mails de 2012, 2016 y una cadena de mensajes entre Pérez y Hugo Mena Giovenni sobre el primer allanamiento en la causa no fundan la extensión de la prisión preventiva porque fueron fundamento del pedido de prisión preventiva. Los defensores entienden que debería haber hechos nuevos para pedir la prórroga.

“Se vio una actitud oficiosa por parte de Barbagelata, intentando explicar que el riesgo tenía que ver con verosimilitud de los hechos. Pero tiene que haber riesgo concreto, serio idóneo y actual, no basta solo con verosimilitud”, apuntó.

Dijo que la resolución de la jueza fue un adelanto de pena y que todos “los operadores judiciales, fiscalía, jueces, defensores peritos, somos humanos y podemos equivocarnos, podemos dictar fallos con yerros y con buena fe”. Aunque señaló como inaceptable que “esta equivocación traiga como consecuencia la privación de libertad en contra del derecho constitucional”. “No hay una sola alegación, que nos permita inferir conjeturalmente, fundamento real por todo el trámite de investigación”.

Por otro lado, Leopoldo Cappa, defensor de Faure dijo que la prórroga de la prisión preventiva por 60 días es “excesiva y vejatoria” y pidió tener en cuenta el fallo de la Sala Penal del STJ respecto de las prisiones preventivas de Bilbao, Scialocomo, Beckman y Mena. “La prisión preventiva no debe tener una finalidad punitiva, por eso quiero que se deje sin efecto la prórroga por 60 días que dispuso Barbagelata y se disponga inmediata libertad de Faure, porque su situación es semejante a la de Alfredo Bilbao, para quien el STJ ordenó la libertad”, consideró.

Como hace dos días, atacó que la Fiscalía tome el video de una cámara de seguridad como elemento probatorio, por el modo en que pasó a formar parte del legajo; y recalcó que en esa filmación “no se ve a Faure extrayendo documentación”. La pieza a la que refirió Cappa es un video que corresponde a una cámara de seguridad del edificio ubicado en Alameda de la Federación, donde funcionaba el estudio contable de Bilbao y Faure. Según dicen los fiscales, al registro lo aportó un escribano voluntariamente y allí puede observarse cómo algunas personas sacan cajas del edificio. Supuestamente, ocurrió cuando estaban vaciando el estudio contable, anets de que llegue un allanamiento al lugar. Para el defensor, el riesgo procesal no existe con Faure en libertad. “Hay medidas, como lo sostuvo STJ, sustitutivas de prisión preventiva como coerción por si llegaran a amedrentar algún testigo”.

“Dos integrantes con responsabilidad mayor en la mecánica” 

Los fiscales Aramberry y Yedro solicitaron que se confirme la resolución de Barbagelata. “Entendemos que la crítica al fallo de Barbagelata es sesgada, que toma elementos y no efectúa análisis contextualizado de fallo en sí mismo. La defensa refiere que es contradictorio porque recepta fundamentos del STJ, pero no capta en esencia complejidad de asunto. Entendemos que los imputados generaron un síndrome de riesgo. No podemos decir que no se verificaron nuevos episodios de obstaculización, y eso fue porque fue eficaz medida instrumental dispuesta. No puede ser ponderado que los encausados no hayan hecho nada para entorpecer, porque no es una conducta esperable de ellos”, sostuvo Aramberry.

Por su parte, Yedro se encargó de describir por qué Pérez y Faure, si estuvieran en libertad comportarían un riesgo para la investigación. Dijo que ambos son “dos integrantes con mayor responsabilidad en la mecánica de sustracción de dinero” y que tienen “posibilidad de entorpecer”. En ese sentido, mencionó que Faure “tiene contacto con las autoridades de la Cámara de Diputados”, en referencia a la ampliación indagatoria que hizo Sergio Cardoso, ex director Administrativo de la Cámara Baja.

En el desarrollo, Yedro señaló que Pérez renunció al Servicio Administrativo del Senado pero continuó yendo a la Casa de Gobierno cuando fue imputado, y que, además, fue quien se mensajeó con Hugo Mena Giovenni el día que allanaban la casa de este último. “Pérez le preguntó a Mena Giovenni si habían llegado hasta el galpón y Mena Giovenni le respondió que no. Entonces Pérez le dijo que se quede tranquilo porque en esto estaba el uno”, recordó Yedro y descartó que la conversación haya tenido un tono inocente como sostienen los defensores. Los abogados están apuntando sobre eso que no puede seguir usándose ese intercambio de mensajes como fundamento para prorrogar las preventivas, porque son de septiembre de 2018. “Sostener que Pérez no puede hoy en día obstaculizar la investigación no es creíble”, dijo.

En cuanto a Faure, la fiscal reseñó la ampliación del imputado Cardoso. “Contó que las autoridades de la Cámara le habían pedido que le otorgue un trato preferencial a Faure, que era quien llevaba contratos y cheques. Cuando se le preguntó a Cardoso quiénes eran las autoridades de la Cámara que le ordenaron eso, él mencionó a algunos diputados que desconocieron ante los fiscales tal cuestión. Entonces, lo que la Fiscalía entiende es que las autoridades de la Cámara de Diputados que mencionó Cardoso no eran esos diputados sino otras. Ahí está el nexo, porque Faure tiene vinculación directa con las autoridades”, manifestó.

También reconoció que el video de la cámara de seguridad no muestra a Faure “sacando documentación, pero contamos con testimonios que dicen que Faure y Pérez trabajaban ahí”. “Analicemos la evidencia en forma completa y no sesgada”, pidió la fiscal.

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