Opiniones divididas en el gobierno sobre la estrategia frente a la ofensiva judicial

Click para AmpliarEl conflicto con los jueces divide al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner entre moderados y fundamentalistas. Un grupo de ministros quiere bajar la tensión porque considera que la mandataria lleva las de perder en un año electoral como 2015.

En cambio, la agrupación La Cámpora, más radicalizada, quiere ir a fondo y acorralar a los jueces que investigan a funcionarios y a la familia presidencial. Hasta ahora la jefa de Estado lideró a los «halcones», pero las «palomas» le aconsejan poner paños fríos. Existe una sorda disputa en el núcleo de Olivos. «Nadie sabe cómo va a reaccionar. Está en una etapa impredecible», dijo un alto funcionario.Según confiaron a La Nación altas fuentes oficiales, hasta el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, «se está convenciendo a esta altura de bajar» el enfrentamiento. En esa línea también militan el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros más políticos, como el de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; de Planificación, Julio De Vido; de Defensa, Agustín Rossi, y el de Justicia, Julio Alak.

Su mayor pesadilla es que Cristina sufra una prematura licuación de poder que le impida imponer candidatos propios en las listas del Frente para la Victoria para las elecciones de 2015. Y peor aún: que se judicialice la campaña y pierda el candidato presidencial oficialista, sea Daniel Scioli o Randazzo.

Los jóvenes camporistas, en cambio, buscan escalar el conflicto. Creen enfrentar una conspiración destituyente orquestada por el Grupo Clarín, los fondos buitre y las corporaciones hegemónicas. Y que todos ellos pretenden una condena y la prisión para Cristina Kirchner luego de que deje el poder en 2015.

En ese grupo están el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, el diputado Eduardo De Pedro (ambos miembros del Consejo de la Magistratura), Máximo Kirchner y el jefe formal de La Cámpora, Andrés Larroque. No les interesa el futuro de Scioli ni de Randazzo. Están convencidos de que, puesta a pelear, Cristina aumenta su imagen pública y que como candidata a diputada -nacional o del Mercosur- traccionaría a las listas de candidatos camporistas.

Luego de que el juez federal Claudio Bonadio allanó su empresa Hotesur SA, Cristina Kirchner tuvo un brote de irritación en Olivos: «Éstos se creen que soy Carlos Menem, que se dejó meter preso cuando se fue. Clarín y los buitres me quieren ver presa. Pero yo no soy Menem».

De inmediato ordenó desempolvar el proyecto de ley para elegir por voto directo a los parlamentarios del Mercosur, que gozan de fueros e inmunidad judicial. «No está definido que se postule. Eso es por si hace falta», dijo ayer un funcionario.

El Parlasur sólo se conformará con sus diputados electos en 2020. Brasil, Uruguay y Venezuela no los eligieron aún. ¿Cómo negar que la premura responda a la urgencia por su inmunidad? Se exasperó anteayer cuando el enviado del medio porteño a Quito preguntó si se postulará: «Todo eso es una estupidez», bramó.

La Presidenta y los camporistas consideran que las embestidas judiciales contra Bonadio, Margarita Stolbizer, la testigo Silvina Martínez, el HSBC y varias empresas dieron resultado. Julián Álvarez cree que hay que persistir para lograr el juicio político al juez con tres sanciones del Consejo de la Magistratura como el último recorte del 30 por ciento del sueldo. Eso amedrentaría a sus pares.

La Presidenta todavía no comunicó su decisión y no dio pistas.

Otra pata de la estrategia camporista es aplicar en forma urgente el Código Procesal Penal, que les quita poder a jueces y se los otorga a los fiscales y a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Pero los moderados consideran que ese código es uno de los motivos del ataque judicial, sumado a la debilidad del fin de mandato, y que no podrá aplicarse hasta su reglamentación. Podría pasar más de un año.

Las palomas consideran «un grave error» el ataque a Bonadio. «No hay margen para destituirlo. Sería un escándalo. Lo convertiremos en prócer, como a José María Campagnoli», dijo una fuente de Balcarce 50.

El temor de algunas «palomas» es que ahora para descomprimir la tirantez con los jueces «estamos llegando tarde». Otros de los mesurados tienen la esperanza de que el llamado a indagatoria de Alak marque un descenso de la crisis. «No hay una, sino decenas de causas. Las que más preocupan son las que tocan a la familia de Cristina», dijo otra fuente oficial. En la Casa Rosada sospechan que ciertos jueces tienen apoyo del peronismo histórico, que quiere condicionar a Cristina para 2015, y de un sector de la ex SIDE enfrentado con ella.

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