El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos) será denunciado penalmente por “hurto de energía eléctrica”, al comprobarse que la vivienda que alquila tenía una conexión directa clandestina a la bajada eléctrica de Enersa y en consecuencia nunca pagó factura alguna. La denuncia fue realizada ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria de la justicia entrerriana, pero contra autores desconocidos. En la casa de Pascual Echagüe 842, el presidente comunal vive con su pareja, la concejal Claudia Acevedo. Ayer, después del procedimiento que se hizo el miércoles a la tarde, se le dio, por primera vez, formalmente el servicio de luz. La factura de la casa quedó a nombre de Sergio Varisco, quien requirió el medidor pertinente, tras ser presentado por primera vez el contrato de alquiler, según confirmó ANÁLISIS DIGITAL.
(de ANÁLISIS DIGITAL)

Aunque resulte inconcebible, el intendente de Paraná, Sergio Varisco será denunciado penalmente al comprobarse que su vivienda estaba “colgada” de una bajada de electricidad de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), desde mediados de 2016 y por ende nunca pagó factura alguna. Varisco vive en calle Echagüe 842 junto a la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), quien recién se enteró que debía pagar el recibo de luz el miércoles a la tarde, cuando llegó una cuadrilla de obreros de Enersa, acompañada de personal policial de la Comisaría Segunda, para notificarlos que en horas previas habían certificado que en el domicilio no existía medidor alguno y por ende se estaba cometiendo un delito penado por ley.

La notificación de la denuncia penal –realizada por el abogado de Enersa, Javier Francisco Toyé- no la recibió la concejal ni Varisco, sino su empleada, quien pidió “por favor” a los obreros que no dejaran sin servicio a la vivienda, pero no se le hizo lugar. Al parecer, pese al tiempo transcurrido de alquiler, nunca preguntaron (¿?) por qué jamás les llegó una factura desde Enersa, para pagar el servicio de luz. En principio, la denuncia se hizo contra autores desconocidos, porque no había registro del morador de esa casa, pero después se comprobó que el inquilino era Sergio Varisco y por ende será quien tendrá que dar las respuestas del caso.

El miércoles a la tarde, poco después del corte de luz –por lo cual hubo quejas de parte de la concejal hacia funcionarios de Enersa-, Acevedo y Varisco juntaron algunas pertenencias y se fueron de la vivienda. Recién retornaron ayer cuando por primera vez se colocó el medidor, por pedido del intendente. El medidor de energía quedó a nombre del actual presidente comunal de Paraná. Fue una persona de su estricta confianza a solicitarlo, con la copia del contrato de alquiler, que está a nombre de Sergio Varisco.

Lo que se tratará de determinar en próximos días, en Enersa, es cuál fue el gasto de energía que hubo en la vivienda en los últimos tres años por lo menos, para determinar el daño provocado a la empresa pública, ante el no pago de los diferentes períodos.

En abril del año pasado, Sergio Varisco, habló acerca del pedido de Mauricio Macri, que solicitó que los gobernadores y mandatarios municipales retiraran sus cargas impositivas de la boleta de luz. “Todos los municipios entrerrianos tenemos dos tasas en la boleta de luz y lo estamos evaluando”, sostuvo. En diálogo con Canal 9 Litoral contó que se había reunido con el equipo económico de la Municipalidad e “incluso con el sector comercial”. Además, solicitó: “Queremos hablar con el gobernador, porque hay una recarga provincial muy fuerte en la boleta de energía. A nadie le gusta el aumento de tarifas pero salir de una Argentina en crisis, en la que íbamos a lo que lamentablemente hoy es Venezuela, tiene sus costos”, agregó.

En el 2017, el Tribunal de Casación de Gualeguay, en Entre Ríos, dejó firme la condena de 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al ex intendente de esa ciudad, Luis Erro, en la causa que se le inició por el uso de energía eléctrica de la Municipalidad para un acto político partidario, cuando se desempeñaba como intendente. La decisión fue apelada ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que tendrá que definir al respecto.

En la causa se investigaba a Erro y a otros ex funcionarios municipales por la contratación, supuestamente irregular, de un sistema de sonido destinado a los carnavales de Gualeguay, durante su gestión. La denuncia contra Erro fue presentada en 2009, cuando cumplía su primer mandato como intendente de Gualeguay, y señalaba que en una sede partidaria del Frente para la Victoria se estaba utilizando un medidor municipal con el propósito de suministrar energía eléctrica a los actos políticos partidarios que se realizaban en el arco de las elecciones legislativas de ese año. Tras la denuncia, que tuvo carácter anónimo, se constató efectivamente la existencia del “medidor” y se avanzó judicialmente contra Erro y un funcionario de su confianza, también condenado, porque ambos habían firmado la colocación de la bajada de línea para el local.

Cabe recordar que Varisco está procesado por ser parte de “actividades de comercio de estupefacientes” en connivencia con Daniel “Tavi” Celis un conocido jefe narco de la capital entrerriana, detenido desde 2016 por el robo a una estancia. La investigación llevada adelante por el juez Leandro Ríos terminó por involucrar a Varisco cuando, en septiembre, la Policía Federal secuestró los teléfonos celulares del intendente y de su hija, acusados presuntamente de amenazar al juez Ríos. La causa por “actividades de comercio de estupefacientes” -que ya fue elevada a juicio al Tribunal Oral Federal- comprende además a la ex subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández (ambos detenidos en las unidades penales 1 y 6 de Paraná), otros empleados de la Municipalidad de Paraná y familiares de Celis.

Varisco ya fue intendente de Paraná entre 1999 y 2003 y se postula para una nueva reelección en el mismo cargo. También fue diputado nacional de la UCR y candidato a gobernador en el 2003.

Las intensas precipitaciones que se abatieron durante la madrugada de este domingo provocaron inconvenientes en Villa Elisa, localidad del Departamento Colón. Llovieron más de 200 milímetros en apenas ocho horas y la gran cantidad de agua provocó el anegamiento de calles en la localidad y varios vecinos mostraron fotos de cómo el agua, había comenzado a ingresar en sus viviendas. También quedaron seriamente afectados los caminos de la zona y por momentos hubo que implementar cortes en el tránsito, según informaron los Bomberos de la localidad.
La lluvia comenzó pasadas las dos de la madrugada de este domingo en la ciudad de Villa Elisa y según reportaron los Bomberos Voluntarios de la localidad los registros del cuartel marcaron que hasta las 8 habían caído 204 milímetros, pero continuó lloviendo.

Según indicó Villa Elisa al Día la lluvia fue intensa hasta las 10.30, cuando las precipitaciones dieron un respiro, y según los datos que recabaron, habían caído en total 247 milímetros.

La gran cantidad de lluvia caída provocó el anegamiento de calles en la localidad y varios vecinos mostraron fotos de cómo el agua, había comenzado a ingresar en sus viviendas.

Según indicaron los Bomberos, la lluvia provocó problemas en los caminos de la zona, que quedaron seriamente afectados y agregaron, que por momentos, hubo que implementar cortes en el tránsito.

Ante la solicitud de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Secretaría de Trabajo convocó para este lunes a las 18 a los cuatro gremios docentes, en el marco de la negociación salarial. En el último encuentro, los docentes rechazaron la oferta de recomposición de sueldos y presentaron una contraoferta.Si bien en la última reunión paritaria habían acordado volver a reunirse el martes 19, tras la solicitud de Agmer, la Secretaría de Trabajo de la provincia notificó el adelantamiento de la audiencia para hoy a las 18 horas.

Según se precisó desde los gremios, la contrapropuesta presentada contempla la incorporación en el acta de forma taxativa que el 11 por ciento (del 20 que el gobierno ofreció) corresponda al recupero del año 2018, informó APF.

Además, plantean que en el segundo semestre se incorpore una cláusula gatillo para actualizar los salarios en forma mensual en función de los índices de inflación, se proceda a la devolución de los días descontados por paro, y se conforme una comisión que discuta el desfasaje salarial de enero y febrero.

Mediante la resolución 0915/19 el Consejo General de Educación (CGE) autorizó el uso de 570 escuelas entrerrianas como locales receptores de votos, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 14 de abril y las elecciones generales del domingo 9 de junio. La resolución, de fecha 13 de marzo, fue dictada a raíz de la solicitud de la Secretaría Electoral Nacional- Distrito Entre Ríos para que se autoricen las escuelas que serán receptoras de votos en las primarias de abril y las generales de junio.
La cantidad de escuelas por departamento:

Paraná: 134
La Paz: 30
Diamante: 27
Victoria: 19
Nogoyá: 23
Gualeguay: 23
Tala: 21
Uruguay: 47
Gualeguaychú: 52
Islas del Ibicuy: 9
Villaguay: 25
Concordia: 56
Federal: 20
Colón: 34
Feliciano: 9
Federación: 31
San Salvador: 10

Fuente y foto: APF

El gobierno presentó el pedido de juicio político contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. El avance oficial se concreta dos días después de la exposición del magistrado en el Congreso de la Nación.El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, instruyó a Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, para que avance con la investigación porque, según fuentes del ministerio, Ramos Padilla habría actuado con una clara intencionalidad cuando afirmó “como verdaderos extremos de la investigación que, conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”.

El pedido del gobierno se dio después de que el magistrado volvió a ordenar la citación del fiscal Carlos Stornelli , acusado de haber utilizado información que se desprende de tareas de espionaje ilegal. El magistrado dispuso la indagatoria el 20 de marzo a las 11 en los tribunales de Dolores, publicó La Nación.

Stornelli, titular de la Fiscalía Nº 4 en lo Criminal y Correccional Federal, había cuestionado la validez de la causa que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsión y no asistió a la primera indagatoria dispuesta por el juez Ramos Padilla. Horas antes de esa cita, su defensa había pedido la nulidad de la causa y la recusación del magistrado.

La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso la libertad inmediata de los imputados Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso en la causa de los contratos truchos. Fue después de la audiencia pedida este jueves por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, para prorrogar las prisiones preventivas de los tres. En principio, los fiscales solicitaron que se prorroguen las prisiones preventivas por 37 días. Para eso señalaron los roles que ocuparían los imputados en la supuesta asociación ilícita y el riesgo que implicaría su libertad. Yedro y Aramberry insistieron en que la organización “está en funciones” y volvieron a reclamar información a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. “No podemos avanzar. Estamos trabajando en la elevación a juicio, pero no podemos cerrar y avanzar si Senadores no nos envía los seis años que nos debe y si Diputados no nos envía los cuatro años que nos debe. Reiteramos los pedidos y nos contestan que están colectando la documentación. Pero eso ocurre desde septiembre”, pidieron. Asimismo, llevaron a la audiencia una serie de contratos que consideran amañados y facturas de cobro de los mismos. “Llamamos a los contratados y desconocen su firma tanto de contratos como de facturas. Por eso entendemos que esta documentación que nos han mandado, por el estado de conservación que tiene, está siendo elaborada en este momento”, manifestaron. Los argumentos no fueron consideraros suficientes para prorrogar las preventivas, porque entendió la jueza que deberían alegarse hechos específicos de entorpecimiento actual en la investigación o advertir real peligro de fuga. De modo que Aguilera, Cardoso y Almada fueron dejados en libertad con varias medidas restrictivas.De ANÁLISIS DIGITAL

Pasadas las 8 comenzó la audiencia para pedir la prórroga de las prisiones preventivas de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri y ex secretario del bloque del PJ en el Senado; de Alejandro Almada, cuñado de Aguilera y funcionario de la Cámara de Diputados; y de Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de Diputados -de licencia-. Los primeros dos cumplieron la medida en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Y Cardoso cumplió la medida en el domicilio que fijó en el legajo. Los 90 días de vigencia de esas prisiones vencieron este viernes. Por eso los fiscales pidieron la prórroga.

Con la decisión de Barbagelata, todos los imputados en la causa que investiga una organización enquistada en el seno de la Legislatura para sustraer dinero público, quedaron en libertad restringida o prisión domiciliaria. Esta última medida corre para los imputados Ariel Faure y Gustavo Pérez que permanecen con tobilleras electrónicas en sus domicilios. Sin embargo, también para estos dos casos específicos se espera una resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Es que los abogados defensores interpusieron un recurso de queja, similar al que permitió la libertad de los primeros detenidos en la causa: Alfredo Bilbao, Hugo Mena Giovenni, Esteban Scialocomo, y Flavia Beckman.

El fallo

La jueza Barbagelata entendió que hay racionalidad en los pedidos de prórroga realizados por los fiscales. Marcó que la investigación ya lleva más de 90 días, plazo estipulado para darle un cierre. “Hablamos de una investigación que tiene un tiempo de desarrollo importante”, señaló y retomó “cuestiones pendientes para solicitar remisión de causa a juicio” -en referencia a la documentación que debe la Legislatura-. “Resulta criterioso señalar cuál es el lugar que se le atribuye a cada uno dentro de la estructura orgánica”, acotó.

Barbagelata refirió al fallo de la Sala Penal de STJ: “Entiendo que Entre Ríos es pionera en cuanto a la libertad de los acusados en el proceso de investigación. El tema es si la libertad es razonable cuando hay actos concretos y específicos que demostraron actitudes obstructivas en la investigación”. Y agregó que “la magnitud del injusto y la seriedad de los hechos investigados, además de la profusa evidencia son elementos que deben tenerse en cuenta”.

La jueza advirtió el pedido de los fiscales en cuanto a la documentación pendiente que aún está en poder de las autoridades legislativas de la provincia. “Eso que está pendiente no puede ser modificado ni obstruido ni debe tener interferencia por parte de los imputados”, marcó pero entendió que los imputados no tienen “la facultad de disponer la entrega”.

“No se verifican situaciones que deben tenerse en cuenta para mantener las medidas de coerción extrema como son las prisiones preventivas. Y además existe la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas menos gravosas”, adelantó y resolvió: “No voy a hacer lugar al pedido de Fiscalía y dispondré libertad de Aguilera, Almada y Cardoso”.

Luego especificó las medidas restrictivas para los tres casos:

• Deberán mantener el domicilio que denunciaron ante Fiscalía. Se les prohíbe modificar el domicilio sin previo acuerdo con Fiscalía o autorización de un juez.

• No pueden salir de Paraná sin autorización judicial.

• Se les prohibió contacto con todas las personas que están relacionadas a la investigación. Y se los inhibió de vincularse con personas relacionadas a trámites burocráticos dentro de la Legislatura, vinculadas a suscripción de contratos, pago de los mismos o remisiones de los mismos.

• Se les prohibió contacto con personas encargadas del control de los trámites administrativos. Es decir que no pueden vincularse a los auditores del Tribunal de Cuentas.

A esas restricciones impuestas por la jueza, el fiscal Aramberry agregó:

• La prohibición a los imputados del ingreso a Casa de Gobierno y dependencias administrativas descentralizadas hasta que la Legislatura remita la documentación pendiente.

• Que comparezcan lunes y viernes de cada semana a la comisaría de la jurisdicción donde fijaron domicilio.

Los defensores Marcos Rodríguez Allende -por Aguilera-; Guillermo Vartorelli -por Almada-; y Emilio Fouces -por Cardoso- estuvieron de acuerdo con la propuesta y admitieron también que las medidas restrictivas tengan vigencia hasta que la Fiscalía concluya la investigación y eleve el requerimiento de juicio oral.

La inversión que emprenderá el gobierno de Santa Fe será de 1.928 millones de pesos. Entre los beneficiados figuran pequeñas y medianas panaderías.

Por otro lado, Geese recordó que sigue vigente la tarifa social “provincial” que desde 2011 bonifica con el 50 por ciento del básico los suministros de 138 mil usuarios de menores ingresos, por un total de 690 millones de pesos.

La exfuncionaria municipal habló con UNO desde el penal de Mujeres de Paraná, donde hace nueve meses está detenida por la causa Celis