Autos de alta gama, aviones privados, maquinaria para el sector de la construcción, departamentos en los mejores barrios porteños, estancias, talleres, galpones, cocheras, un hotel, un club deportivo y ahora un emprendimiento industrial en Pilar forman parte de la lista de bienes de Lázaro Báez que la justicia busca monetizar a través de una serie de subastas.

La mayor parte de estos activos están inscriptos a nombre de Austral Construcciones, la nave insignia usada por el empresario kirchnerista para, según las denuncias, blanquear los fondos provenientes de la corrupción que la compañía recibía disfrazados de contratos de obra pública.

Se trata de una maniobra denunciada por varios juzgados y mediante la cual el supuesto testaferro de Néstor Kirchner habría canalizado alrededor de u$s45.000 millones en contratos viales.

Con las subastas de parte de estos activos, la justicia busca recuperar algo de esos fondos, aunque lejos están las tasaciones realizadas por las auditorías en Austral Construcciones de acercarse a semejante cifra millonaria.

Esto, si se tiene en cuenta un informe del 2017 del Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuó las propiedades de Báez en cerca de $2.734 millones o u$s63 millones, a la cotización actual de la moneda norteamericana.

Cabe recordar que hace un año, la magistrada a cargo del Juzgado en lo Comercial 28, Gigy Traynor, dictaminó la quiebra de la constructora en el marco de una investigación por delitos penales como lavado de dinero, facturación apócrifa, retención indebida de aportes y defraudación al Estado.

En ese marco, a los bienes del empresario santacruceño que ya fueron puestos bajo subasta como los departamentos en el barrio de Belgrano y alguno de sus aviones privados, ahora se le agrega un establecimiento industrial en Pilar.

El juzgado de Traynor publicó en el Boletín Oficial de este lunes, la venta de cinco lotes ubicados en la calle Valentín Gómez y Los Almendros de esa localidad bonaerense que serán ofrecidos el próximo 21 de agosto.

Antes de su quiebra, Austral Construcciones había iniciado el proceso de unificación de los terrenos sobre los cuales se armó un importante estructura de hormigón de cuatro pisos por un total de 4.160 m2, con dos rampas para autos que comunican con dos subsuelos de cocheras de 5.000 m2 en total y con capacidad para 240 vehículos.

Según el plano catastral, el predio linda, por uno de los laterales a la colectora Oeste, Ramal Pilar de la Autopista Panamericana kilómetro 49, y por el otro al frente del hotel Sheraton Pilar, sobre la calle Los Almendros; y sobre la calle Valentín Gómez frente a un edificio de oficinas, con locales comerciales.

En cuanto a las condiciones de venta, la justicia estableció un precio base de u$s3,787 millones que se podrá abonar al contado en moneda norteamericana y al mejor postor, con una seña del 30% de ese monto que deberá cancelarse un 10% el día de la subasta y el 90% restante dentro de las 72 horas de realizado el remate.

Por otro lado, durante esta jornada también se publicó en el Boletín Oficial el pliego para subastar un avión de Báez, en este caso por orden del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal.

La transacción estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y se llevará a cabo el próximo 16 de agosto de manera online con el objetivo de demostrar la importancia de agilizar los procedimientos que devuelvan a la sociedad los bienes del crimen organizado, tal como impulsa el organismo que preside Ramón Lanus.

La aeronave pertenece a la empresa Top Air SA, del empresario detenido y es un modelo 690 – B, marca Rockwell Commander, de Matrícula LV-MBY.  Los interesados que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo podrán formular consultas hasta el próximo 29 de julio a las 17:00 horas.

Según informa la AABE, la aeronave estará disponible para ser exhibida en la plataforma de la empresa Aviación Atlántico Sur S.A. (AASSA), ubicada en el Aeropuerto de San Fernando y el cierre de inscripción para participar de la subasta será día 6 de agosto a las 12 horas, mientras que la venta se concretará en www.comprar.gob.ar el 16 de agosto a las 13 horas.

El precio de base de la aeronave fue establecido en u$s110.000 y el dinero recaudado será depositado en una caja de ahorros en dólares en el Banco Nación denominada Causa Báez, y permanecerá bajo tutela judicial.

En un primer momento y junto con un Learjet Modelo 35A,número 418 (matrícula LV-BPL), el avión fue decomisado por la justicia en el marco de las causas por corrupción que involucran a Báez y sus hijos, y se destinaron al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de policías para allanamientos urgentes o para detenidos.

Pero el organismo solicitó a la Justicia devolver los aviones porque su puesta en funcionamiento y mantenimiento significaban un costo muy alto, por lo cual el Tribunal Oral Federal 4 dispuso que ambas naves sean subastadas.

Ambos modelos se encuentran a la intemperie y expuestas a factores de riesgos en la terminal aérea de San Fernando sin operar por problemas técnicos y las reparaciones costarían u$s347.500.

“Estos bienes de la corrupción volverán a la sociedad finalmente. Vale remarcar que perdemos millones de pesos por mes y la ciudadanía pierde dos veces: por el robo perpetrado por los delincuentes y porque después se destinan fondos del Estado a cuidar los bienes de los corruptos y narcotraficantes”, explicó el titular de la AABE, Ramón Lanús.

Para el funcionario, el paso del tiempo lleva a que el Estado tenga la obligación de sostener los gastos de conservación y cuidado de estos bienes que pierden su valor y se deterioran.

“Por eso, el mecanismo de subastas inmediatas es ágil y eficiente ya que permite rápidamente subastar y ese dinero vuelve a manos del Estado”, agrega, al entender que se trata de un paso que muestra la importancia de la extinción de dominio, “para que podamos contar con un mecanismo ágil y transparente que devuelva a la sociedad los bienes del crimen organizado”.

De esta forma, las subastas del terreno en Pilar y el avión privado se suman a las que se llevaron a cabo el pasado 19 de junio de 24 departamentos de Báez ubicados en el barrio porteño de Cohglan que se vendieron por valores que van de los u$s120.000 a los u$s130.000.

Dos días después, el 21 de junio, se subastaron varios autos de lujo que Báez tenía guardados en un galpón en la ciudad de Río Gallegos de marcas Audi, Porsche, Ford y Land Rover, con valores de entre u$s41.000 y u$s19.000.

Aún resta el remate de un predio de Austral Construcciones en Río Gallegos, emplazado sobre la Ruta Nacional 3 y que está valuado en $151 millones, or el Tribunal de Tasación de la Nación.

El nuevo decreto que modificaría las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos alrededor de escuelas rurales, está listo para ser firmado por el gobernador Gustavo Bordet. Así lo adelantó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en una visita a Gualeguaychú. “Estamos a la espera de la firma del gobernador”, dijo a R2820.

Cabe recordar que el miércoles pasado, productores convocados por la Mesa de Enlace de Entre Ríos se movilizaron hasta el ingreso Túnel Subfluvial para reclamar “una medida superadora” por parte del Ejecutivo.

“En el nuevo decreto ha trabajado mucho el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y también el ministerio de Economía a través del área de Producción. El secretario Álvaro Gabás fue quién estuvo trabajando en la letra de la nueva reglamentación y ha buscado apoyatura de las universidades, organismos tecnológicos y formados científicamente en el tema como INTA”, sumó.

Al respecto, Rodríguez Signes informó: “El proyecto del nuevo decreto fue elaborado por mi persona, sobre la base de muchos informes que pedimos, de información recabada con datos científicos y entrevistas con profesionales del tema. Hicimos lo mejor que pudimos y, como todo decreto, llevará la firma del Gobernador y del ministro del área, en este caso, es el ministro de Economía Hugo Ballay porque la Secretaría de Producción depende de esa cartera”.

También el fiscal de Estado ratificó que “esta semana el gobernador tendrá el decreto en su despacho seguro”, aunque reconoció: “No sé si lo firmará inmediatamente”. Luego agregó que las distancias son un “tema sensible y prefiero que el mandatario tenga primero la información como corresponde”.

Rodríguez Signes confió que el criterio general del decreto “radica en intensificar los controles en el uso de los plaguicidas. Para establecer las distancias se tuvieron en cuenta todos los trabajos del INTA sobre las derivas y las distancias propuestas exceden las que están contenidas en las buenas prácticas agrícolas”.

En paralelo, Romero recalcó que lo fundamental pasa por las medidas de control sobre las aplicaciones, el registro de las máquinas y empresas aplicadoras, los productos usados y sobre todo la emisión de las recetas agronómicas. “Los controles de parte del Estado provincial deben ser eficientes”, expuso.

La ministra adelantó que “creo que el gobernador Gustavo Bordet estará firmando el decreto esta semana. Yo estuve la semana pasada interesada en la cuestión y me dijeron que estaba terminándose. Se esperaba un informe del Ministerio de Salud y la ministra Sonia Velázquez me dijo que ya estaba cumplimentado”.

Cabe destacar que continúa vigente el fallo que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de distancia de las escuelas rurales, para las terrestres, y a menos de tres mil metros para las aéreas. Así lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) -en base al fallo del camarista Oscar Benedetto- declarando la nulidad del decreto 4407 previamente emitido por la Gobernación.

Por cuarto mes consecutivo el conjunto de las empresas industriales mejoraron la eficiencia en el aprovechamiento de las instalaciones productivas en el cotejo con el mes anterior, pero la mejora aún resultó insuficiente para revertir una serie de 13 meses seguidos de caída en el nivel de uso de la capacidad potencial en comparación con un año antes.

 

Los sectores que acusan los mayores retrasos, con el consecuente efecto negativo sobre los costos de producción, pero también sobre el empleo en el conjunto de las manufacturas fueron en la medición del Indec la rama automotriz, con apenas un 36,6% de uso; seguida por la metalmecánica 49,9%; productores de caucho 50,9% y la fabricante de textiles 54,6 por ciento.

 

Sobre 12 grandes ramas de actividad que agrupa el Indec sólo 3 lograron en mayo aumentar el uso de las instalaciones y reducir la elevada carga de los costos fijos sobre el total: sustancias y productos químicos 5,2 puntos porcentuales, a 70,9%; edición e imprentas 1,7 pp, a 63,8%, vinculada con el auge de la industria del libro, como de los preparativos logísticos para las próximas elecciones, a 63,8%; y el conjunto de la rama refinadora de petróleo 0,8 pp, a 78,3% del máximo posible.

 

Sobre 12 grandes ramas de actividad que agrupa el Indec sólo 3 lograron en mayo aumentar el uso de las instalaciones y reducir la elevada carga de los costos fijos sobre el total respecto de un año antes

 

De ahí que si bien en mayo el conjunto de las manufacturas anotó un modesto aumento de actividad de 0,6% respecto el nivel de abril, aún se mantuvo en la senda claramente recesiva, y volvió a constituirse en uno de los sectores que más redujo el empleo, junto con la construcción.

 

La mala noticia es que las expectativas de los empresarios de la industria para el corto plazo no auguran un rápido cambio de tendencia, en referencia a la comparación con el año previo.

 

El Ministerio de Producción y Trabajo intentó revitalizar la industria terminal con el Plan Junio 0Km, pero la respuesta inicial del mercado fue un brusco salto de las ventas de importados, frente a una modesta tonificación de la demanda de automotores nacionales, informó Infobae.

Luego 6 años de insistentes reclamos a través de pedidos de acceso de la información pública, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) logró que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entreguen sus declaraciones juradas patrimoniales.

Aunque la información no es completa, los datos brindados por los magistrados permiten elaborar un ranking de riqueza del máximo tribunal de Justicia del país, a partir de las declaraciones impositivas de ganancias y bienes personales de 2015 a 2017, que se tramitaron en la AFIP.

En la cima figura el actual presidente Carlos Rosenkrantz, que según Bienes Personales posee $39,5 millones (casi u$s 1 millón) y según Ganancias unos $24 millones. Prácticamente todos sus bienes están en Argentina. De 2015 a 2017 por BP se puede deducir que su patrimonio se incrementó 75%, mientras que por Ganancias subió 107%, consignó Ámbito.

Las empresas que conforman Buses Paraná se declararon en situación crítica y solicitaron a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos el Procedimiento Preventivo de Crisis. Así lo confirmó este lunes Hugo Ruiz, gerente de ERSA, una de las empresas junto a Mariano Moreno que brindan el servicio de transporte público.

“Llega un momento que no se puede sostener más”, expresó Ruiz a esta Redacción. Apuntó que el conflicto por el pago de aguinaldos es parte de un proceso que los afectó desde que se quitaron los subsidios nacionales en enero pasado. Por ello, solicitaron reconsiderar las condiciones de concesión.

“El conflicto del SAC -Salario Anual Complementario- es una consecuencia de lo que viene sucediendo. Uno llega a este Procedimiento Preventivo de Crisis por los atrasos que venimos teniendo ante la readecuación de los costos que hemos tenido desde octubre”, aseguró, en relación a la fecha del año pasado que se dio el golpe devaluatorio e inflacionario, publicó Ahora.

En este sentido, ratificó: “Esto es una consecuencia de todo lo que viene pasando y la necesidad de ocuparnos de cómo solucionamos este problema para seguir prestando un buen servicio. Estamos proponiendo metodologías para que el transporte público se cumpla”.

Por otro lado, recordó que se agravó desde el 1° de enero cuando se quitaron subsidios nacionales. “La provincia y municipio tenían que hacerse cargo de esa situación, de la cual provincia cumplió con su acuerdo de 50% y municipio no cumplió con su parte. Llega un momento que esto no se puede sostener más, si los ingresos son menores a los egresos. Lo que necesitamos es reconsiderar y analizar el contrato con todos estos cambios”, sostuvo.

Es así que en base al cambio de carátula logrado por el letrado de la ciudad de Federación, en la sala de Casación; ahora la sala penal de Concordia debe expedirse respecto al monto de pena que le corresponde al chamamecero, por homicidio en grado de tentativa.

El Ministerio Público Fiscal solicitó siete años y seis meses; mientras que la víctima pide que se ordene la prisión de su atacante con el máximo legal aplicable a esta causa. La lectura, según supo 7Paginas, se realizará el lunes 24 de julio a las 8.

En los duros alegatos que se produjeron en la mañana del viernes, se escuchó decir que debería darse un fallo ejemplar atento que Humberto Capovilla intentó dar muerte al abogado de Federación cuando se encontraba cumpliendo una orden judicial producto de que este vecino de la ciudad de Chajarí, no le pasaba alimentos a sus hijos desde hacía años; situación que se dio a la luz entre otras circunstancias de violencia que ejercía el chamamecero con su ex mujer a quien incluso llegó a violarla con un arma en la cabeza.

También se ventiló que Capovilla habría vendido el auto que fue secuestrado para el pago de alimentos y producto de una maniobra de sus letrados, estos se cobraron con ello sus honorarios dejando al músico en una posición procesal desfavorable, ya que a la hora de evaluar la pena el tribunal deberá considerar que el violento, aún después de intentar dejar muerto al abogado y a la oficial de justicia que fueron a solicitarle cumpla una orden judicial; hasta el día de la fecha sigue sin cumplirla, y en definitiva nadie responde por el derecho de esos niños, que fue el origen de esta causa.

Prisión preventiva

Según observó 7Paginas resultó relevante el planteo respecto al estado procesal de Humberto Capovila, ya que se encuentra gozando de una prisión domiciliaria desde hace dos años y medio; tiempo que será computado como pena y que al abogado víctima cuestionó al tribunal.

Sin embargo, lo único sobre lo que ya se expidió la sala penal en el día de hoy fue sobre la confirmación del goce de prisión domiciliaria por parte del chamamecero.

Ahora habrá que esperar el planteo de la Fiscalía o, quien incluso solicitó que de no enviarse a Capovila a un penal se lo deje en libertad, todo a lo cual la sala de Concordia hizo caso omiso, dejando al acusado en su domicilio.

El hecho

En la esquina de Santa Fe y Alberdi de la ciudad de Chajarí, el abogado Sergio Andrés Pessolani, estaba junto a una notificadora del Juzgado local cuando fue herido con un arma blanca durante el trámite de secuestro de un vehículo, a raíz de una demanda por alimentos que inició Claudia Urquiza, contra su ex pareja, el músico chamamecero Juan Humberto Capovilla, es decir el agresor.

Capovila arremetió con un arma blanca al abogado, lo cortó en su antebrazo derecho y le hizo una puntada en el pectoral del lado derecho, a la altura del corazón. Afortunadamente el corte no peligro la vida de Pessolani, pero el hecho es de gravedad, por el lugar en el que fue agredido y la circunstancia.

Fuente: 7Paginas

El fiscal Guillermo Marijuan imputó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por violar la sentencia firme del Juzgado Federal de La Plata N° 2, en donde se hizo lugar a la acción colectiva para que el gobierno cumpla con la vacunación contra la bacteria del meningococo.

Fue a instancias de una denuncia del diputado camporista Rodolfo Tailhade por la suspensión de la aplicación de la vacuna contra el meningococo a los niños y niñas de 11 años de edad.

Marijuan ordenó numerosas medidas de prueba en la causa que se inició con la denuncia contra Stanley y Rubinstein radicada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade y la asociación civil AJUS La Plata Berisso y Ensenada, por la suspensión de la aplicación de la vacuna contra el meningococo a los niños y niñas de 11 años de edad.

El 23 de agosto de 2018, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación comunicó que “con respecto a la vacuna antimeningocóica, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria”. En otras palabras, la excluyeron del Calendario Nacional de Vacunación establecido por la ley 22909, sostuvo el legislador en su denuncia, publicó Parlamentario.

Ante esta situación, fue presentado un amparo colectivo que fue resuelto favorablemente por el Juzgado Federal de La Plata N° 2 y que quedó firme, pero el Ministerio se negó a cumplir.

La denuncia tramita en el Juzgado Criminal y correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría.

Fernando de la Rúa murió a los 81 años de edad en la Clínica Fleming, donde había sido internado por un agravamiento de sus dolencias coronarias y renales, de las que se estaba tratando hacía varios meses.

Fue un político tradicional en el sentido más estricto de la palabra. No sólo por ser un conservador hecho y derecho, sino también porque escaló todos los peldaños de la vida pública argentina hasta llegar a la primera magistratura. Nacido en Córdoba en 1937, se graduó de abogado e inició su carrera en Buenos Aires, ya afiliado a la Unión Cívica Radical.

 

Los inicios políticos de “Chupete”

 

La actuación política de De la Rúa comenzó en tiempos de Aturo Illia, cuando formó parte del grupo de asesores del ministro del Interior, Juan Palmero, uno de los integrantes del núcleo duro del antiperonismo en las filas radicales.

El golpe del 66 cortó su carrera política y reapareció en la escena en marzo de 1973, cuando la UCR lo ungió candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires.

36 años. Enfrente competía el nacionalista católico Marcelo Sánchez Sorondo, un candidato a contramano de los bríos juveniles que acompañaban al peronismo. Héctor Cámpora llegó a la Casa Rosada y terminó la proscripción del peronismo. En plena oleada justicialista, y en vísperas del regreso de Perón, el radicalismo ostentó como gran victoria la senaduría del joven abogado, apodado desde entonces “Chupete”, por su juventud, consignó el diario Página/12.

Poco después, Ricardo Balbín eligió a la joven estrella del firmamento radical para que fuera su compañero de fórmula en las presidenciales que colocaron a Perón por tercera vez en la Rosada. La fórmula Balbín-De la Rúa logró el 25 por ciento, muy por detrás del aplastante 62 por ciento del binomio Perón-Perón.

 

De la Rúa entre el golpe del ’76 y el regreso de la democracia

 

El golpe de 1976 cerró la etapa de De la Rúa como senador. Se dedicó a la actividad privada, como abogado, y reapareció en 1983, con la apertura democrática. El huracán alfonsinista destrozó su sueño presidencial en la interna y se conformó con volver al Senado. Acaparó portadas de diarios y revistas y entrevistas radiales y televisivas con un proyecto que establecía penas para hechos de violencia en espectáculos deportivos. La llamada Ley De la Rúa (en rigor, una iniciativa del senador Antonio Nápoli) no se plasmó en mejoras de seguridad en pleno auge de las barras bravas en los 80.

En 1989, De la Rúa optó por su reelección en la Cámara alta. Funcionaba el Colegio Electoral y su triunfo en las urnas no fue lo suficientemente holgado como para acceder directamente. Los electores del peronismo y la UCeDé se aliaron, y el candidato justicialista, Eduardo Vaca, llegó al Senado. Dos años más tarde, De la Rúa regresó al Congreso como diputado nacional y asumió la jefatura de la bancada radical, publicó Página/12.

En junio del 92 compitió para el Senado contra Avelino Porto, el candidato del menemismo. Fue la primera derrota importante del entonces presidente, Carlos Menem, que la minimizó diciendo que aquel día el peronismo había ganado las elecciones en la localidad jujeña de Perico. De la Rúa quedó posicionado como precandidato presidencial de su partido para las elecciones siguientes.

Pero la UCR fue derrotada en las legislativas del 93. De la Rúa apadrinó una lista encabezada por la escritora Martha Mercader. Sin embargo, de forma imprevista, ganó la boleta del PJ liderada por Antonio Ermán González. Pocas semanas más tarde, Raúl Alfonsín recuperó el control del partido y pactó la reforma de la Constitución con Menem. De la Rúa prefirió quedar al margen y concentró sus esfuerzos en un punto de la nueva Carta Magna: la autonomía porteña.

 

El primer jefe de Gobierno porteño

 

Ante la posibilidad cierta de que los porteños tuvieran su autogobierno, De la Rúa salió a recorrer la Ciudad y tuvo una interna con el ex intendente Facundo Suárez Lastra. Pasaría más de un año hasta el 30 de junio de 1996, cuando con Enrique Olivera como compañero de fórmula venció al frepasista Norberto La Porta, al peronista Jorge Domínguez y al ex ministro Gustavo Béliz, que fue por fuera de la estructura partidaria.

El 6 de agosto de 1996, De la Rúa se convirtió en el primer jefe de Gobierno. Un año más tarde fue parte de la mesa chica que conformó la Alianza con el Frepaso. El triunfo del 97 lo posicionó como cabeza del radicalismo y precandidato a la presidencia. En noviembre de 1998 venció a Graciela Fernández Meijide en la interna y dos días después anunció que Carlos “Chacho” Álvarez sería su compañero de fórmula.

 

De la Rúa en la Casa Rosada

 

“Dicen que soy aburrido”, decía De la Rúa en el spot más recordado de la campaña del 99. La fórmula de la Alianza obtuvo el 48 por ciento de los votos, frente al 38 de Eduardo Duhalde-Palito Ortega. Habían ganado en primera vuelta. De la Rúa se convertía en el tercer presidente del ciclo democrático abierto en 1983.

El 10 de diciembre de 1999 comenzó la que sería una de las presidencias más traumáticas de la historia argentina moderna. De la Rúa implementó un impuestazo sobre las capas medias (el grueso de sus votantes) para paliar un déficit fiscal que superaba los 10 mil millones de dólares. El objetivo era sostener la convertibilidad a cualquier precio. La economía heredada del menemismo ya estaba en recesión desde 1998 y la Alianza profundizó los indicadores negativos, con un desempleo que no bajó de los dos dígitos, publicó Página/12.

En agosto de 2000 estalló el escándalo de las coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral exigida por el FMI. Chacho Alvarez dio el portazo el 6 de octubre, dando por sentado que las coimas existieron y que el Gobierno del que formaba parte no facilitaba la investigación. La economía no daba tregua y a fines del 2000 llegó el Blindaje, un crédito de 40 mil millones de dólares para un país cuyo presupuesto ya estipulaba que el 20 por ciento del PBI iba destinado al pago de la deuda externa. “El 2001 será un gran año”, anunció De la Rúa por cadena. Lo peor estaba por venir.

 

2001, el año del estallido

 

En marzo de 2001 se agotó la gestión de José Luis Machinea como ministro de Economía. De la Rúa optó por el titular de Defensa, el también economista y ultra ortodoxo Ricardo López Murphy. El brutal ajuste propuesto, sin tocar la convertibilidad que tambaleaba, redujo la inversión pública y se centró en las universidades. El rechazo a los recortes eyectó a López Murphy del ministerio en apenas 15 días. Su reemplazante sería el hombre a quien De la Rúa iba a atar su destino como presidente.

Domingo Cavallo llegó con el mandato de desarmar la bomba de tiempo generada por él mismo en 1991. Comenzó una comedia de enredos para tratar de evitar la devaluación, con propuestas como el déficit cero y una eventual canasta de monedas. En las legislativas de 2001 se impuso “el voto bronca”.

Amplias franjas de la población impugnaron su voto o sufragaron en blanco. Fue una derrota muy dura y posicionó al PJ que, en ausencia del vicepresidente por la renuncia de Alvarez, desbancó al radical Mario Losada de la presidencia provisional del Senado y colocó en su lugar al misionero Ramón Puerta.

Un De la Rúa cada vez más encerrado en su círculo íntimo (el llamado “Grupo Sushi”, que incluía a sus hijos Antonio y Fernando, Darío Lopérfido y a Hernán Lombardi, entre ortros), apostó al manotazo de ahogado final: el corralito. Era el 1º de diciembre de 2001. El plan original era que durara hasta el 28 de febrero de 2002. Es decir: durante 90 días, que incluían las fiestas de fin de año y los meses de verano, que los argentinos debían atravesar con 250 pesos por semana. La bronca fue in crescendo y los hechos de violencia del 19 de diciembre lo decidieron a declarar el Estado de sitio. Los cacerolazos fueron la respuesta a un presidente cuya autoridad se diluía minuto a minuto. Esa misma madrugada cayó Cavallo. La suerte estaba echada.

El 20 de diciembre, la represión ensangrentó Plaza de Mayo y buena parte del país. De la Rúa trató de llegar a algún acuerdo con el peronismo, pero ya era tarde porque la represión se había cobrado más de treinta vidas. Al no encontrar interlocutores, optó por la renuncia. A las siete de la tarde dejó la Casa Rosada en helicóptero, la imagen más recordada de sus 740 días como presidente. Así terminó la última presidencia encabezada hasta la fecha por un radical.

 

Después del helicóptero

 

Desde entonces, De la Rúa se alejó de la vida pública. La denuncia del arrepentido Mario Pontaquarto sobre las coimas en el Senado demolió más su imagen. Su secretario de Seguridad Enrique Mathov y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, fueron procesados por las muertes de diciembre de 2001.

Buena parte del elenco delarruista se recicló en Cambiemos: Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Darío Lopérfido, Gerardo Morales y otros dirigentes reaparecieron con Mauricio Macri. Bullrich, la actual ministra de Seguridad, que como ministra de Trabajo de la primera Alianza redujo las jubilaciones y los salarios públicos un 13 por ciento, fue una de las pocas dirigentes que siempre reivindicó aquel estertor de la Argentina neoliberal nacida del Golpe del 76.