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Camioneros y las CTA lideraron la “marcha de las velas” contra el aumento de las tarifas

 

Convocados por representantes del kirchnerismo, dirigentes gremiales y organizaciones sociales, unos 8.000 manifestantes marcharon este jueves por el centro porteño para volver reclamar por el aumento en las tarifas de los servicios públicos. Ocurrió en el mismo día que desde el gobierno nacional confirmaran que no habrá marcha atrás con las últimas subas y solo se establecerá un “aplanamiento” de las boletas de gas para los períodos de mayor consumo y la posibilidad de pagar en cuotas. Con velas encendidas, los manifestantes se reunieron frente al Congreso de la Nación y, se movilizaron hasta el Obelisco. La columna se extendió por unas cuatro cuadras. La avenida 9 de Julio permaneció abierta sentido al norte y el Metrobus no se vio afectado.
Entre los presentes estuvieron los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, el camionero Pablo Moyano, el jefe de los canillitas Omar Plaini, el dirigente docente Roberto Baradel , el ex piquetero Luis D’Elía , los ex legisladores de la Ciudad Gustavo Vera y Francisco “Tito” Nenna, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, y la actriz Lola Berthet.

Durante la marcha, Pablo Moyano calificó de “vergüenza” la decisión de la Casa Rosada de prorratear el pago mensual de los servicios. “En vez de congelar las tarifas por seis meses, siguen castigando al pueblo con el 15 por ciento de las paritarias y ahora los servicios en cuotas”, se quejó.

En la misma sintonía se expresó Micheli, quien dijo que el anuncio del Gobierno de este jueves fue “una burla al pueblo argentino”. “Después del ruidazo de ayer y el reclamo de los diputados opositores, el Gobierno solo atina a decir que no va a modificar su política y que a lo sumo va a dar cuotas para que las familias se sigan endeudando y tengan que elegir entre pagar la boleta de luz o mandar a los pibes a la escuela”, afirmó.

A su turno, Hugo Yasky tildó a los integrantes de Cambiemos de “insensibles”. “Mucha gente que los votó, está empezando a ver lo que significa un gobierno de ricos para ricos. Todos los que en este país quieren trabajar, quieren producir y ganarse dignamente la vida no tienen lugar con esta política”, sostuvo.

La convocatoria surgió de la denominada “Multisectorial contra el tarifazo”, que incluye diputados del Frente para la Victoria, las dos CTA, gremios como camioneros y bancarios, y representantes de Pymes, clubes de barrio y organizaciones de defensa del consumidor.

Al llegar al Obelisco, Alejandra Darín y Lola Berthet leyeron un comunicado con duras críticas al oficialismo. “Esta política del Poder Ejecutivo en lo referente a las tarifas de los servicios pública, sumada a la liberación del precio de los combustibles, comportan un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante del derecho de los usuarios. Solo puede explicarse en la determinación gubernamental de favorecer a las empresas vinculadas a la oferta de los servicios”, señalaron.

En el texto también pidieron, entre otros puntos, que el Gobierno retrotraiga los valores de las tarifas a diciembre de 2017 y congele esos precios durante un año.

Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas y uno de los líderes sindicales que participó de la protesta, subrayó que las tarifas son “insostenibles” y puntualizó que hay aumentos de “1500 por ciento en gas, 12.000 por ciento en electricidad y 700 por ciento en agua”, que no “puede pagar un canillita en su puesto, que tiene dos (luces) fluorescentes nomás”.

El dirigente de los canillitas señaló que en la sede gremial pagaban por el servicio eléctrico, “en abril de 2015, 5423 pesos, y en abril de este año 40.600 pesos”.

Por su parte, Federico Tonarelli, integrante de la cooperativa del hotel Bauen, contó la situación que viven: “Pagábamos, a fines de 2015, 10.000 pesos de gas; estamos pagando casi 80.000; pagábamos 65.000 de agua, y ahora pagamos 230.000; 26.000 de luz, ahora 202.000”.

Fuente y foto: Clarín

El gobierno mejoró la oferta a los estatales: para ATE “no alcanza”, y UPCN propuso cambios

 

En una nueva reunión paritaria, el gobierno provincial mejoró la oferta salarial a los gremios estatales: si bien se mantiene el porcentaje de aumento del 17 por ciento, se propuso pagarlos en dos tramos en lugar de tres: ocho por ciento en marzo y nueve en agosto. En relación al mínimo garantizado, la oferta es de 13.500 pesos para marzo y de 15 mil pesos para julio. El secretario General de ATE, Oscar Muntes, afirmó: “Si bien esta propuesta es diferente, está lejos de las necesidades y más aún si no incorpora a los contratados en la misma”, y agregó: “Si bien hay una mejora, no alcanza”. Por su parte, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, dijo: “La propuesta sigue siendo insuficiente, pero vamos a ver si el gobierno puede contemplar un esfuerzo más en función de nuestro planteo”. El sector propuso que de las dos cuotas que conforman la oferta del 17 por ciento, la segunda se adelante a julio para coincidir con el piso salarial de 15 mil previsto desde ese mes, y además, pidió que el mecanismo de revisión se accione “antes” de que la inflación llegue al 17 por ciento.Este jueves, además, los paritarios del gobierno propusieron retomar las negociaciones en agosto y allí discutir la recomposición salarial para el resto del año. En caso que los índices inflacionarios superen el 17 por ciento antes de esa fecha, se adelantaría este proceso de rediscusión.

Otro ítem que se añadió a la propuesta es el aumento porcentual para salud en código de riesgo, teniendo en cuenta los diferentes escalafones y según grado de complejidad del organismo.

Lo que la propuesta sigue sin contemplar es la incorporación de los contratados de obra a los mínimos- Esto implica que se anula la posibilidad de corrección salarial mediante adenda como se venía haciendo en 2016 y en 2017.

Este nuevo ofrecimiento será sometido a los cuerpos orgánicos del sindicato los que se convocaran a la brevedad.

Por otra parte, propusieron que el 15 de mayo se lleve adelante una reunión entre representantes sindicales y del gobierno para iniciar la elaboración de un instructivo para recategorizaciones.

Pase a planta

Acerca de los demorados pases a planta permanente, los paritarios gubernamentales expresaron que hay un circular que fija como tope el 30 de abril para que todos los ministerios tengan entregados los expedientes, exceptuando al Ministerio de Salud que pidió un mes más porque no llegarían a la fecha antes citada.

En ese contexto les fue entregado a las entidades sindicales algunas listas provisorias de pases y estabilidad chequeada por la dirección personal para que sean revisadas por los gremios.

ATE

Consultado sobre la nueva propuesta, el secretario General de ATE, Oscar Muntes, afirmó a Apf: “Si bien esta propuesta es diferente, está lejos de las necesidades y más aún si no incorpora a los contratados en la misma”.

Más adelante, Muntes señaló: “Si bien hay una mejora, no alcanza. Las asambleas que hicimos en toda la provincia nos dicen que estamos lejos de una propuesta que mitigue los efectos de una inflación que -pese a los anuncios- no deja de subir y desgranar la capacidad adquisitiva de los salarios”.

Seguidamente el dirigente sindical explicó “que los porcentajes están lejos de las necesidades de salario real, ante un escenario de sueldos muy deprimidos”.

Finamente Muntes fue tajante: “El tema de los contratados de obra es definitorio. Para nosotros esta fuera de discusión su inclusión en los mínimos y más aún en un contexto donde muchos trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar bajo la excusa de problema so demoras en los trámites administrativos”.

UPCN

UPCN en la reunión paritaria de este jueves, al conocer la oferta modificada del gobierno, volvió a insistir con dos puntos que ya habían sido puestos sobre la mesa por el sindicato. “Un punto es que si ya habíamos avanzado en un tramo para julio (como surgió en la anterior reunión), pretendemos que lo que ahora se propone para agosto, se adelante a julio y también tiene sentido si pensamos que el piso salarial, según la oferta también se modificará en ese mes”, comentó.

“En tanto el otro punto expuesto por el sector, tiene que con la rediscusión salarial”. En este aspecto, UPCN entiende que existe la necesidad de que esa revisión “se haga antes de que se agote el porcentaje de la pauta de 2018 previsto para el 17 por ciento”.

“Queremos sentarnos antes porque si no cuando lleguemos a esa reunión, ya habremos perdido el recupero que se propone para el segundo tramo”, argumentó Domínguez y manifestó sus expectativas para el próximo encuentro del 2 de mayo a las 11. De las recorridas y reuniones de delegados surgirá la postura que el sindicato llevará a esa reunión.

“La propuesta sigue siendo insuficiente, pero vamos a ver si el gobierno puede contemplar un esfuerzo más en función de nuestro planteo”, sostuvo y describió que si bien hoy “se avanzó en términos generales, fue a condición de alguna otra variable que retrocede”.

Por otro lado, sobre los pases a planta pendientes en el Estado la novedad es que mediante la directiva Nº 12 emanada de la Secretaría General de la Gobernación (adjuntada en esta nota) se puso al 30 de abril como plazo específico para que se presenten los expedientes con las futuras regularizaciones.

Se contempla en esta etapa a quienes tienen “contratos de servicio con un año de antigüedad al 31 de diciembre de 2016”, precisó la dirigente de UPCN. “Si hay vacante, pasan a planta y si no hay vacante, estos agentes logran reconocimiento de estabilidad”.

“Son alrededor de cinco mil trabajadores de distintas áreas que pasarían a planta permanente” detalló la dirigente en base a datos que proporcionó el Gobierno entrerriano.

Este plazo del 30 de abril, no regirá para agentes de salud: escalafón general, enfermería, agentes sanitarios y de la carrera medico asistencial ya que estas reparticiones están dentro de una prórroga.

En otro orden, Domínguez recordó que se estableció para el 15 de mayo una reunión entre sindicatos y autoridades para iniciar la elaboración de un instructivo para recategorizaciones.

En la reunión, mencionó la gremialista, se dejó expresada además la “preocupación” por el atraso salarial de los trabajadores con contrato de obra, los cuales esta vez a diferencia de otras paritarias no formarán parte del proceso de regularización laboral.

Foto: Apf.

Puente Paraná-Santa Fe: vecinos de Paraná rechazan la confirmación de la traza

 

Luego de que autoridades provinciales y municipales confirmaran este miércoles la traza del puente entre Paraná y Santa Fe, la titular de la Asamblea Ciudadana de la capital provincial, Alicia Glausser, reiteró sus críticas por los inconvenientes que le traería a la zona de la Toma Vieja y cuestionó ante ANALISIS DIGITAL que “los que están desinformados son los funcionarios nacionales”. En ese sentido, recordó que “no hay trabajo de impacto ambiental ni se realizaron audiencias públicas” y reprochó no haber sido invitados al encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno con el titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, y haberse enterado “por los medios” de la confirmación de la decisión. También apuntó contra “el intendente de Santa Fe que tiene sus negociados y su interés en el puerto” y contra el gobernador Gustavo Bordet que “está dejando de gobernar para la gente y está gobernando para el gobierno nacional”. “Que nos diga si quiere ser del PRO y que se vaya al PRO”, fustigó. En ese marco, anunció que los vecinos se reunirán con urgencia para analizar las medidas a tomar: “Esto no puede continuar así, vamos a tener que hacer una movida muy fuerte, incluso a nivel nacional”.
En diálogo con ANALISIS DIGITAL, Glausser aseguró que la noticia sobre el acuerdo por la traza del puente “nos cayó muy mal”, especialmente “habernos enterados así, porque pasado el mediodía del miércoles nos enteramos por los medios que el gobernador y los dos intendentes confirmaron con el gobierno nacional la decisión de la traza del puente”.

Respecto de los dichos del director de Vialidad Nacional quien sostuvo que los cuestionamientos de los vecinos provienen del “desconocimiento”, Glausser afirmó: “Nosotros tenemos toda la información, conocemos los trabajos de la consultora que descartó esta traza por considerarla inadecuada y además no hay trabajo de impacto ambiental ni se realizaron audiencias públicas. Los funcionarios nacionales son los que están desinformados, porque cuando vino (el ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich habló del Thompson como un “clubcito”, desconociendo lo que significa esa zona para la ciudad y además desconocen los inconvenientes que esto puede traerle al Túnel Subfluvial”.

En ese mismo sentido criticó “al intendente de Santa Fe que tiene sus negociados y su interés en el puerto” y al gobernador de Entre Ríos que “está dejando de gobernar para la gente y está gobernando para el gobierno nacional, que nos diga si quiere ser del PRO y que se vaya al PRO”.

Ante esto, adelantó que los vecinos de la zona y los integrantes de la Asamblea Ciudadana “nos vamos a reunir con urgencia para decidir qué hacer porque esto no puede continuar así, vamos a tener que hacer una movida muy fuerte, incluso a nivel nacional”.

Con un “ruidazo”, Paraná se manifestó contra los incrementos de las tarifas

Un importante número de vecinos, además de dirigentes, organizaciones gremiales, sociales y políticas, se congregaron en la tarde-noche de este miércoles en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, en el marco del “ruidazo” contra el aumento de tarifas que se replicó en todo el país. Las banderas argentinas y de las diversas agrupaciones, además de los carteles que rezaban “El tarifazo es un crimen”, poblaron la cuadra frente a la Catedral, y el ruidazo se hizo sentir con bombos y batucada. En ese marco, la titular de la Asamblea Ciudadana, Alicia Glausser, dijo a ANALISIS DIGITAL que el objetivo de la convocatoria fue “manifestar la total oposición a lo que nos está pasado con las tarifas”, porque “de un año a esta parte se incrementó todo, no sólo los servicios sino los medicamentos, los alimentos, y en la ciudad de Paraná el boleto de colectivo con el cual le han dado otro golpe al bolsillo”. Durante el acto, diversos dirigentes de las agrupaciones convocantes hicieron uso de la palabra para referirse a la situación que atraviesan los diversos sectores y se leyó un documento en el que se solicitó “el retroceso total de las tarifas y que hasta el 2019 no se aumente un solo peso más en nada”.
De ANALISIS DIGITAL

Minutos antes de las 19, la Plaza 1° de Mayo de Paraná comenzó a poblarse de vecinos que llegaron para participar de la convocatoria de la Multisectorial y protestar contra los aumentos de la energía eléctrica y demás servicios. Portando carteles que rezaban “El tarifazo es un crimen”, banderas argentinas y de las diversas agrupaciones, los paranaenses se agolparon frente a la Catedral con bombos y batucada.

Entre los presentes se pudo ver a varios dirigentes del peronismo local y ex funcionarios del gobierno provincial como los ex ministros de Producción, Roberto Schunk; de Energía, Carlos Molina, y de Cultura y Comunicación, el actual diputado Pedro Báez.

Minutos antes del acto, Alicia Glausser dialogó con ANALISIS DIGITAL y explicó que “como en todo el país en Paraná participamos de este ruidazoporque queremos manifestar nuestra total oposición a lo que nos está pasado con las tarifas”. “De un año a esta parte se incrementó todo no sólo los servicios sino los medicamentos, los alimentos, y le bajaron el sueldo a los jubilados, y en la ciudad de Paraná también rechazamos el aumento al boleto de colectivo con el cual le han dado otro golpe al bolsillo”, especificó.

Respecto del servicio de colectivos, criticó que “en dos años y tres meses que está el intendente (Sergio) Varisco ya aumentó tres veces el transporte público, con un servicio que no cubre las necesidades de la ciudadanía porque le falta todo, no hay paradas, no hay garitas, no hay frecuencia, tiene un montón de falencias y sin embargo le siguen dando a las empresas todo lo que piden”.

De todos modos, reiteró que “la mayor preocupación hoy ese el incremento en la tarifa de la luz, porque están llegando boletas que son imposibles de pagar” y a eso se suma la suba del gas y la resolución del ministro (de Energía de la Nación, Juan José) Aranguren que el incremento de gas que se iba a aplicar en mayo se aplicará a partir del 1 de abril”.

En cuanto a las posibilidades de soluciones, comentó que mantuvieron “reuniones con diputados, senadores y concejales” y cuestionó que “al gobernador le pedimos audiencia en tres oportunidades y no nos respondió”. En ese sentido, criticó que “el gobernador en campaña se llenó la boca diciendo que Salto Grande iba a cumplir otra función para los entrerrianos porque la energía se genera ahí, y resulta que no solo no movió ni un dedo sino que le da vía libre al tarifazo más cruel del gobierno”.

Mencionó que luego del encuentro con los legisladores “hubo algunos diputados que armaron y presentaron un proyecto” y resaltó que el diputado nacional Julio Solanas “solicitó una rebaja del IVA que es el único impuesto nacional en la boleta para que pase del 21 por ciento al 10,5 por ciento”.

Asimismo, definió como “vergonzoso” lo sucedido en la Cámara de Diputados de la Nación donde este miércoles se desarrolló una sesión especial para tratar proyectos que ponían un freno a los aumentos. “Nos cayó muy mal que se levantara la sesión y hasta se cerrara el Congreso”, afirmó.

Finalmente, refirió: “Pedimos el retroceso total de las tarifas y que hasta el 2019 no se aumente un solo peso más en nada. Quienes nos gobiernan son grandes capitalistas, al gobierno no lo tienen los políticos, los tienen los empresarios que son dueños de las grandes empresas y que fijan las tarifas”.

Estuvieron presentes la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), el Partido Comunista, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Asamblea Ciudadana, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Agrupación Martín Fierro, la CTA Entre Ríos, entre otras.

Fotos: ANALISIS DIGITAL

Médicos comunitarios llevan tres meses sin cobrar: Nación no envía los fondos desde enero

Casi 300 profesionales del programa nacional denunciaron a NOTICIAUNO que la situación “ya es insostenible”. La coordinadora del programa en la Provincia, Norma Hernández, apuntó que “Nación no envía el dinero para pagar desde enero” y explicó que una “nueva disposición nacional” obligó a reducir varias becas y retrasó aún más el pago.

Profesionales de distintas áreas de la Salud que trabajan en el marco del Programa Nacional de Equipos Comunitarios (PEC), denunciaron a NOTICIAUNO que no cobran sus salarios desde el mes de enero y que la situación “ya es insostenible” para la mayoría de los becarios. Ante la consulta de este medio, la coordinadora provincial del programa, Norma Hernández, dijo que “efectivamente hay un atraso en el pago de los honorarios del personal que depende del Programa nacional” y apuntó que “Nación no ha remitido el dinero para pagar desde enero a la fecha”, a la vez que señaló las dificultades que enfrenta el programa desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, la más reciente una “nueva disposición nacional” que obligó a reducir la beca de varios profesionales y a “hacer todo un reacomodamiento” que generó importantes demoras en los trámites.

 

El programa financiado con fondos nacionales e implementado en 2004 (Médicos Comunitarios) para formar profesionales a través de una beca de posgrado -para fortalecer los recursos humanos destinados a la Atención Primaria de la Salud- sufrió varios cambios desde 2016. Entre ellos, la imposición de una serie de limitaciones que generaron reducción de las becas y hasta el recorte del 38 por ciento de los fondos asignados a su financiamiento, parte del cual estará a cargo de la Provincia desde este año.

En 2016, por resolución Nº 1653 del Ministerio de Salud de la Nación el plan de Médicos Comunitarios fue reemplazado por el Programa de Equipos Comunitarios (PEC). A partir de allí la Nación hizo una serie de modificaciones: desde cambios en la estructura de gestión –cambiaron cinco veces en un año las personas responsables de la implementación del programa a nivel nacional- hasta un importante recorte presupuestario que se produjo a fin del año pasado y que se tradujo en la alteración de los convenios marco que firmaban las provincias, encargadas de cogestionar el programa, y que en algunos distritos ocasionó hasta la suspensión y despido del personal comprendido en el sistema.

En Entre Ríos, donde el programa continúa, la reiterada falta de pago y las condiciones de precarización laboral afectan hoy a unos 300 trabajadores que se desempeñan en centros de Salud provinciales -y municipales- en las zonas de mayor vulnerabilidad social, entre los que hay licenciados en obstetricia, enfermeros, trabajadores sociales, psicopedagogos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y médicos de diversas especialidades.

Según denunciaron a NOTICIAUNO“ninguno de los becarios cobra su sueldo desde hace tres meses y la situación económica y de incertidumbre, ya es insostenible”.

Contaron que “las falencias comenzaron en 2016” cuando también estuvieron “varios meses sin cobrar sus becas”.

En efecto, a partir de 2016 hubo cambios en la estructura de gestión –con períodos en los que el programa estuvo acéfalo-, y hasta un importante retraso en el envío de fondos a las provincias encargadas de cogestionar el programa, causado por sucesivas modificaciones en los convenios marco.

En 2017 “vimos que la situación se agravó porque muchas provincias cortaron de un momento a otro el programa” y “en las que continuaron implementándolo, como Entre Ríos, firmaron un convenio marco con Nación que regía hasta el año 2021”, relataron los profesionales.

“El año pasado nos hicieron firmar un nuevo contrato que rige hasta fin de 2018 y, si bien las condiciones de trabajo siguieron siendo precarias porque seguimos siendo monotributistas, por lo menos teníamos la certeza de que no íbamos a perder la beca, pero resulta que desde diciembre no la cobramos”.

Desde enero de este año el Ministerio de Salud de la Nación se desentendió de parte del financiamiento del programa y paralelamente impuso una serie de exigencias a las provincias que, además de implicar en la práctica un recorte de la beca, generaron una engorrosa tramitación que complicó más las cosas.

“Con estas situaciones de atraso en los pagos, algunos profesionales renunciaron, y la sensación que tenemos  es que están buscando más bajas, que uno renuncie”, dijo uno de los contratados a este medio.

“A muchos, que tienen como único empleo esta beca, se les hace muy difícil trabajar sin cobrar. A los gastos de movilidad se suman otros costos fijos ocasionados por la misma beca, como por ejemplo el monotributo, los honorarios de un contador y la matrícula del Colegio Profesional al que cada uno pertenezca”.

“Estamos sacando de nuestro bolsillo para poder ir a trabajar y cumplir”, enfatizaron, y agregaron que “nos dicen que los fondos nacionales ya fueron depositados y que el atraso es responsabilidad de la Provincia”.

NOTICIAUNO consultó a la Directora General de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud provincial, Norma Hernández, coordinadora del programa en Entre Ríos.

La funcionaria rechazó de plano cualquier retraso de la Provincia, aclaró que a la fecha la Nación no transfirió los fondos del programa y dijo que el atraso fue generado “por los cambios que Nación imponía en el convenio marco” que obligó a reducir la beca de varios profesionales y a “hacer todo un reacomodamiento” de los listados del personal que ya estaban aprobados.

En ese marco, la funcionaria explicó que “efectivamente hay un atraso en el pago de los honorarios del personal que depende del Programa nacional” y apuntó que “el retraso se genera por dos circunstancias” que no dependen de la Provincia.

 “Por un lado -dijo- Nación no ha remitido todavía el dinero para pagar. No ha habido ingresos de fondos nacionales en la cuenta del Programa de Equipos Comunitarios desde enero a la fecha”, precisó Hernández.

Luego explicó que “una nueva disposición nacional” estableció que a partir de este año las provincias debían reducir la beca de “aquellos profesionales que tenían otra relación contractual con la Nación, Provincia o Municipios”. Ese personal “debía obligatoriamente pasar a media beca”, por lo que hubo que “revisar todo el listado de 296 becarios” que ya estaba confeccionado y listo para ser aprobado por la Nación.

Para varios profesionales que ante la insuficiencia de la beca nacional (alrededor de 12 mil pesos mensuales) tenían dos empleos para mejorar sus ingresos (en un centro de salud y en un hospital, por ejemplo) la restricción implicó que perdieran la mitad de la beca nacional.

Para la Provincia, significó “tener que hacer un cruzamiento de datos, que comenzó a fin del año pasado”, tener “evaluar nuevamente cada una de las situaciones” e informar la nueva disposición a cada uno de los casi 300 profesionales, para que “aquellos que tenían un cargo de planta permanente, o suplencia extraordinaria, o cualquier relación contractual con estabilidad en el tiempo pasaran a media beca”.

Para eso fue necesario pedir a cada profesional una declaración jurada “para que presentaran si tenían algún cargo en otro estamento” ya que “era imposible desde el Ministerio hacer entrecruzamiento con municipios o con Nación” como se exigió.

“Con toda esa información se elaboró un nuevo listado que debió ser aprobado nuevamente por la Nación”, explicó Hernández, quien recordó que “entre el 8 y el 23 de febrero se les envió a cada uno de los comunitarios a su mail la forma de convenio personalizada, con un instructivo de la documentación que debían adjuntar para remitirlo al Ministerio de Salud”.

El engorroso proceso se demoró aún más por la fecha en la que debió ponerse en marcha y porque los convenios no pueden remitirse a la Nación individualmente. “Hubo gente que tardó en presentar los papeles, o que estaba de vacaciones o que tenía inconvenientes con su matrícula y tuvo que hacer otro trámite aparte”. Y la Provincia debe remitir a la Nación “todo el listado con toda la documentación de los 296 contratados”, explicó la coordinadora provincial del programa.

Aunque apuntó que “igualmente, si los profesionales hubiesen remitido en tiempo toda la documentación, el dinero no ha sido depositado aún por la Nación”.

“Lo único que tenemos (depositado) es un remanente que también para utilizarlo necesitábamos una autorización de Nación que empezamos a pedirla en el mes de enero”, y recién llegó en marzo, añadió. Recién en esa fecha “nosotros pudimos iniciar el expediente para que la provincia nos autorice al uso de ese remanente y eso está en trámite aún”, señaló.

“Cuando ese trámite esté aprobado, nosotros inmediatamente vamos a pagar pero nos va a alcanzar solamente para un mes”, alertó y reiteró que “si Nación sigue sin mandar el dinero vamos a seguir con las dificultades para poder pagar en tiempo cada uno de los contratos”.

Hernández planteó asimismo que “desde el año pasado ha habido bastantes problemas en la gestión del programa en Nación, con cambios de por lo menos cinco gestiones distintas de personas a cargo del programa y eso seguramente atrasó la remisión de esa autorización que llegó a mediados de marzo”.

Al ser consultada sobre una fecha estimativa de pago de las becas, la funcionaria sinceró la situación: “Yo también le hago la misma pregunta a Nación y Nación no me puede dar la respuesta”, disparó.

Aseguró que “a fin de mes ya va a estar la resolución del ministerio y esperamos aunque sea poder disponer del remanente aprobado para el pago de un mes”.

“Pero para el resto, necesitamos que Nación haga el depósito correspondiente a los tres meses ya pasados”, recalcó.

“El trámite para liberar los fondos también lo está gestionando Nación, y no me dan una precisión, la verdad que nunca la he logrado”, reprochó.

“Cada vez que pregunto (por el trámite) me dicen que está un poquito más adelante pero no me dan una fecha cierta de transferencia. Ojalá lo hicieran, para nosotros las cosas serían también mas previsibles”, comentó.

 

La situación de los contratados

Los becarios que se desempeñan en el marco del Programa Equipos Comunitarios en centros de salud provinciales y municipales, actualmente lo hacen bajo la modalidad de contrato de obra con la Provincia, lo que les impide tener aportes previsionales, ART y estabilidad laboral.

Consultada por NOTICIAUNO sobre la precarización que esa situación implica, Hernández expresó que “esta es una situación en la cual tenemos que ir buscando las mejores opciones posibles para cada caso”, y remarcó que “hay decisiones de Nación respecto al Programa” que la Provincia “no puede asumir”.

En ese marco detalló que “en algunos casos (el contrato de obra) es la única forma posible de vinculación”, por ejemplo “para aquellos que ya tienen una relación de empleo en el Estado que tendrían incompatibilidad para desempeñarse en dos cargos”. “No tenemos manera de sostenerlos como personal de la provincia, la única forma es un contrato de obra porque existe incompatibilidad para tener dos cargos en la provincia”, reiteró.

En otros casos “han ingresado a la planta del Estado y la provincia los pudo absorber porque han ganado concursos”, ejemplificó.

Los que tienen otro cargo (una suplencia por ejemplo) sufrieron la reducción de la beca a partir de la nueva disposición nacional que impide cobrar la totalidad en esos casos.

En otras situaciones “la provincia ha visto si podía aumentar su dedicación a una dedicación exclusiva, pero para eso la persona tiene que tener bloqueo de matrícula y eso genera la imposibilidad de trabajar en la parte privada. Es la única forma de que puedan recibir un sueldo mayor sin estar en incompatibilidad”, dijo.

Para muchos otros, “el contrato de obra sigue siendo la única forma posible porque no tenemos la cantidad de cargos necesarios para incorporarlos a la planta del Estado”. Sobre esos casos, recordó que “la idea del Ministerio era ir viendo la posibilidad de la incorporación paulatina de este personal dentro de la propia planta del Ministerio. Trataremos de ver como los podemos ir absorbiendo con algunos cargos existentes de personas que se vayan jubilando, porque además -recordó- tenemos la limitante que surge del Pacto Fiscal firmado con la Nación, que establece que no se puede incorporar más personal a la planta del Estado provincial”.

En ese sentido trajo a colación lo que sucedió con “40 personas que finalizaban su beca de formación con Nación el 31 de marzo” y que “no estaban incluidas en este convenio marco porque ingresaron al programa por un convenio anterior”.

Para resguardar las fuentes laborales “la Provincia propuso a la Nación que nos permitiera que estas 40 personas se incluyeran en el nuevo convenio”, contó, y remarcó que “de no haber sido así, esas personas no tendrían ningún contrato porque habrían caído las becas por el cambio de las características del programa que se dio con la asunción del gobierno nacional”.

“La Provincia, con ese grupo de personas que estaban al medio del río al momento de firmar el convenio marco los rescató y hoy los tiene incluidos dentro del programa también”, dijo.

“Es un esfuerzo que hay que resaltar de la Provincia, porque Nación no lo propuso”, y se trata de casi el 20 por ciento del total de becarios.

“De hecho, los que ingresaron después del cambio de gobierno sólo ingresan para una beca de formación de posgrado, el cual -alertó- tampoco se inició, porque a la fecha debieran estar terminando el primer año de formación que ni siquiera lo han iniciado”, dijo y acotó que “el año pasado no hubo ninguna actividad académica” en el marco del Programa.

 

Financiamiento provincial

Hernández anunció que “desde este año, la provincia debe asumir el financiamiento del 20 por ciento del programa” que antes se financiaba con fondos exclusivamente nacionales. Ese porcentaje “se incrementará cada año hasta hacerse cargo del total de la inversión en 2021”.

Este año, ese 20% representa para la Provincia la suma de 7.102.500 pesos. 

En tal sentido dijo que a partir de ese cambio debieron incorporar parte del programa nacional “al presupuesto 2018 y la provincia debió reasignar partidas para hacerse cargo del programa”.

Hernández hizo hincapié en que “muchos de los becarios están trabajando en centros de salud municipales, no obstante lo cual el esfuerzo de la absorción del gasto lo va a hacer la provincia, no el municipio”.

“La provincia no tiene problemas al respecto, va a hacer el esfuerzo porque la salud es una sola, pero la posibilidad de absorber el personal va a ser la que la provincia pueda asumir”, advirtió.

La funcionaria contó además que “la Nación manda el convenio marco sin posibilidad de discusión, lo manda cuando ya estaba de hecho en vigencia, porque la gente había seguido trabajando. Entonces no tenemos mucha más opción que aceptar lo que están planteando. Hubiese sido mejor poder discutirlo, pero esas son las reglas de juego actualmente”, lamentó.

Finalmente, la encargada del PEC dijo que “el pago de enero a la fecha no está en duda” aunque los becarios “van a recibir probablemente todo en un pago o dependiendo del dinero que mande Nación”.

“Cuando el programa esté íntegramente a cargo de la provincia, la aprobación de los contratos ya no va a llevar tanto tiempo porque el convenio marco está aprobado desde el año pasado, entonces solo vamos a necesitar una resolución ministerial”, finalizó.

Fuente: Noticiauno

Tarifazos: Entre Ríos se suma a la marcha del 18A

Este miércoles habrá manifestaciones en todo el país “contra los tarifazos”. En Paraná, la concentración será a las 19 en Plaza de Mayo. En el resto de la provincia habrá protestas en las plazas. El secretario general de CTA Entre Ríos, Luis Gálligo, confirmó que se suman a la marcha.

En todo el país se convocó a movilizarse contra los tarifazos. En Paraná, la Asamblea Ciudadana Vecinalista y la Multisectorial organizaron una concentración para el miércoles en plaza 1º de Mayo a partir de las 19.

El secretario general de la CTA Entre Ríos, Luis Gálligo dijo que están “pidiendo el congelamiento de las tarfifas y retrotraer a los valores de 2017, por lo menos”. Calificó a los aumentos como un “atentado contra el bolsillo” del trabajador, ya que a muchos les llegó una boleta de tres mil pesos, cuando tienen sueldos de 12 mil o 14 mil. “Se les va a quemar el 25 por ciento de su salario en servicios”, criticó. Adelantó que se suman a la marcha.

 

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En Santa Elena, donde se produjeron cortes de ruta para reclamar la suba de tarifas, también se organizan para manifestarse este miércoles.

Vecinos autoconvocados indicaron a NOTICIAUNO que están invitando a toda la población a sumarse a la marcha nacional.

 

En Victoria están movilizados por el cierre de comercios que no pueden pagar la factura de luz. El titular del Centro Comercial local dijo que hay vecinos y comerciantes “a los que les cortaron la luz por falta de pago y hoy están viviendo alumbrados con velas”. También se movilizarán a la Plaza San Martín este miércoles para hacer oír su reclamo.

 

En San José, departamento Colón, por el tarifazo, “comerciantes pagan la electricidad más del doble que el alquiler”. Los Ciudadanos Autoconvocados contra los Tarifazos en San José se mostraron preocupados por el inminente cierre de comercios porque no pueden trasladar a los precios las boletas que llegaron con aumentos de hasta el 100 por ciento.

En tanto en Chajarí y en Federación, donde los vecinos vienen manifestando en la calle su bronca por el aumento desmedido de las facturas de electricidad, se espera que se movilicen en consonancia con la marcha nacional.

En La Paz y Concordia los vecinos vienen manifestando su rechazo al tarifazo y esperan una gran convocatoria para este miércoles.

En el resto de la provincia las concentraciones tendrán sus puntos de convocatoria en las plazas principales y centros cívicos.

 

Con información de APF

Parricidio en Chajarí: En terrible hecho de sangre el hombre de 65 años habría sido asesinado por su hijo

El hombre de 65 años habría sido degollado por su propio hijo, quien se encontraba de paseo en la ciudad

La comisaría Mandisoví -Dpto. Federación informa que siendo las 21:50 hs de este Sábado se toma conocímiento de una persona fallecida en el Paraje «Las 14», un barrio satélite frente al complejo termal de Chajarí hacia el Oeste.

Constituidos en el lugar se observa que un cuerpo yacía sin vida, quien se llamara Roberto Juan Masetto (65). EL cual a simple vista posee un corte en el cuello, producido al parecer con un arma blanca.

Muerte violenta que amerita toda la prontitud del accionar policial/judicial del caso y las pesquisas de rigor para intentar establecer las causales del suceso. Se alerta a la red policial.

Un tiempo después y averiguaciones practicadas se destaca que no sería ajeno al hecho su hijo C. M. (28) quien fue aprehendido por personal de Comisaría Chajari en Hospital Santa Rosa. Interviene el Sr. Agte. Fiscal Dr. Confalonieri.

Fuente: Jef. Dptal. Fción -PER/La Fusta

Victoria suma otra baja: una concejal de Cambiemos presentó la renuncia

La vicepresidenta primera del HCD adujo diferencias con Maiocco, el intendente con más dimisiones en la provincia

La ciudad de Victoria se ha ganado en la provincia el premio al record de renuncias en una gestión. Desde 2016 se han producido resonantes bajas de funcionarios y secretarios y ahora se suma otro nombre a la larga lista.

Es que, según comentan los mentideros de la ciudad de las siete colinas, la concejal de Cambiemos Laura Caballero presentó su renuncia ante el presidente municipal Domingo Maiocco, y adujo diferencias con el mismo intendente.

La mujer llegó a la concejalía a través del senador provincial de Cambiemos, Roque Ferrari, es vicepresidenta primera del Concejo Deliberante de la ciudad y estaba alineada con el sector del intendente Domingo Maiocco.

Sin embargo, según sostienen los mentideros políticos de Victoria, desde hace un tiempo la relación entre la edil y el intendente se estaba desgastando, y acusaba al intendente de tener malos manejos y de no responder ante las demandas.

Comentan en Victoria que hace meses que Caballero y Maiocco venían chocando, porque los concejales culpan al intendente de hacerlos quedar mal ante su propia gente con medidas que ha tomado.

Es más, según sostienen, la principal crítica que le hacen al intendente es que no escucha al resto de los miembros de Cambiemos y afirman que “se está rodeando de enemigos”.

Si bien el bloque de Cambiemos estaba partido desde el inicio de la gestión, cuando el viceintendente protagonizó un escándalo, la renuncia de Caballero es una baja sensible y resonante.
Al ser consultado al respecto, el senador Roque Ferrari confirmó que la concejal responde a su sector y afirmó que hay rumores con respecto a su renuncia, pero sostuvo que hasta el momento no se ha comunicado con ella para ponerse al tanto de la situación.

Victoria es la ciudad que más renuncias registra desde el inicio de la gestión, y esta nueva baja llega después de que se rompiera el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, el pulmón político de la oposición en la provincia, que comienza a tener eco en los departamentos.

Diputados opositores pedirán una sesión especial para congelar y retrotraer tarifas

Los bloques de diputados del FPV-PJ y del Frente de Izquierda pedirán una sesión especial para este miércoles con el fin de tratar los proyectos que proponen congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios. Según indicaron, dicho pedido se justifica “ante la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo”. Durante la semana, habrá manifestaciones en todo el país contra los incrementos.
El mismo día del pedido de la sesión especial está convocado un “ruidazo contra el aumento de tarifas y el ajuste”, en tanto el jueves a las 19 horas partirá desde el Congreso la “Marcha de las velas”, como símbolo de las restricciones que viven muchos hogares donde la cuenta de la luz no se puede pagar, convocado por la CTA.

En este marco, también este martes a las 15 horas diputados del bloque FPV-PJ recibirán a representantes de las “multisectoriales contra el tarifazo”.

Por su parte, los diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra señalaron que están “impulsando junto a otros bloques de la oposición una sesión especial en la Cámara de Diputados en forma inmediata para debatir los diferentes proyectos contra el tarifazo que golpea duramente al pueblo trabajador desde que asumió este gobierno”.

“Desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley que establece el congelamiento de las tarifas y deja sin efecto todo aumento anunciado desde el 1 de enero de 2018 en energía eléctrica, transporte público, peajes, gas domiciliario, comunicación, agua potable y cloacas domiciliarias. Nuestro proyecto también plantea que se constituya una comisión para la auditoria y balance tanto de los subsidios que recibieron las empresas de servicios públicos privatizados, como sobre sus ganancias e inversiones”, indicó Del Caño.

Por su parte, la diputada González Seligra dijo que “está claro que no hay obstáculos cuando esta Cámara se tiene que juntar para votar leyes en contra del pueblo” y agregó: “Nosotros queremos que esta sesión especial se realice ya mismo, para debatir los proyectos que hemos presentado desde los distintos bloques. No se puede esperar más”.

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INVESTIGAN SUPUESTO PARRICIDIO EN CHAJARÍ

La víctima de 65 años tenía un corte en el cuello producido con un arma blanca. Su hijo de 28 años fue detenido después del hecho ocurrido en la noche del sábado.

Según informó la policía a Realidad Regional, a las 21:50 horass se toma conocimiento que en el Paraje conocido como“Las 14” se encontraba una persona fallecida.  se trata de  Roberto Juan Masetto de 65 años, quien tenía un corte en el cuello producido con un arma blanca.

 

Tras tareas de investigación,  en inmediaciones del hospital Santa Rosa de Chajarí,  fue detenido su hijo de 28 años, sospechado como autor del brutal crimen. Interviene el Fiscal Dr. Confalonieri.

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