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Rodríguez Signes valoró “los logros de los gobernadores” en el acuerdo fiscal con la Nación

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, valoró el acuerdo fiscal alcanzado entre los gobernadores y el gobierno nacional ya que “despeja gran parte de los problemas de la demanda que presentó la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano” y al desistir de ella “se alejan las posibilidades de que haya sorpresas para la ejecución del Presupuesto”. Reiteró que el convenio “tiene efecto neutro para las provincias” y especificó que “se elimina el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias que son las afectaciones específicas y también modifica las asignaciones específicas del impuesto al cheque y como en esa diferencia la provincia de Entre Ríos salía perdiendo 658 millones de pesos, al final la Nación se compromete a compensar esa pérdida con lo cual el resultado es cero, neutro”. Asimismo remarcó como “interesantes dos logros de los gobernadores: primero hicieron que el revalúo del Impuesto a las Ganancias sea coparticipable, lo cual en el primer borrador estaba como no coparticipable; y segundo se elimina la penalización a las Cajas Previsionales no transferidas, como la de Entre Ríos, por no armonizar”. “Esto le da tranquilidad al sector pasivo entrerriano en sentido de que no vendrán exigencias que signifiquen conculcar derechos previsionales”, afirmó. No obstante, aclaró que “el convenio es declarativo y ninguna de sus cláusulas es operativa directamente, dentro de los 30 días de la firma tiene que ser remitido a las legislaturas provinciales para su ratificación y además tanto las legislaturas como el Congreso deben dictar las leyes necesarias para que se vuelva operativo”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Rodríguez Signes admitió estar “más tranquilo” tras el acuerdo fiscal de los gobernadores con el gobierno nacional ya que “desde junio de este año cuando nos notificaron la demanda de la provincia de Buenos Aires sobre los fondos del Conurbano, se trabajó en las contestaciones y se estaba pendiente de si la Corte Suprema no dictaba una medida cautelar que directamente impactara sobre el presupuesto y nos complicara de forma intensa, importante, y eso ahora se despejó”.

Recordó que “desde hace cinco o seis meses venimos planteando que este tema se aborde en los ámbitos institucionales que se debía, porque la Corte no podía resolver judicialmente algo que debía tener una solución política” y destacó que “con la firma de este convenio gran parte de los problemas de la demanda se despejan y a las Fiscalías nos descomprime bastante porque al desistir de la demanda se alejan las posibilidades de que haya sorpresas para la ejecución del Presupuesto”.

En cuanto al convenio en sí mismo, puntualizó que pudo “ir siguiendo los distintos borradores” y rememoró que oportunamente “había dicho que este convenio tenía efecto neutro para las provincias y lo sigo sosteniendo, porque elimina el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias que son las afectaciones específicas y también modifica las asignaciones específicas del impuesto al cheque y como en esa diferencia la provincia de Entre Ríos salía perdiendo 658 millones de pesos, al final la Nación se compromete a compensar esa pérdida con lo cual el resultado es cero, neutro”.

Aclaró asimismo que “este convenio es declarativo y ninguna de sus cláusulas es operativa directamente, dentro de los 30 días de la firma tiene que ser remitido a las legislaturas provinciales para su ratificación y además tanto las legislaturas como el Congreso deben dictar las leyes necesarias para que se vuelva operativo”. A modo de ejemplo, mencionó que “lo que hace a Ingresos Brutos requiere de la modificación del Código Fiscal de la provincia o lo que hace a la movilidad jubilatoria requiere la intervención del Congreso de la Nación”.

En tanto, destacó como “interesantes dos logros de los gobernadores: primero hicieron que el revalúo del Impuesto a las Ganancias sea coparticipable, lo cual en el primer borrador estaba como no coparticipable; y segundo se elimina la penalización a las Cajas Previsionales no transferidas, como la de Entre Ríos, por no armonizar”.

Sobre este último punto, explicó que “desde hace muchos años venimos con pactos fiscales que exigen la armonización y el año pasado se firmó un acuerdo en el cual la Nación se obliga a financiar los déficit de las Cajas de Jubilaciones pero establece mecanismos de penalización para las provincias que no armonicen, y ahora se logró una cláusula para eliminar esa penalización, lo que le da tranquilidad al sector pasivo entrerriano en sentido de que no vendrán exigencias que signifiquen conculcar derechos previsionales”.

Empleo público y jubilaciones de privilegio

En otro orden de temas, Rodríguez Signes manifestó que “respecto de los empleados públicos hubo una manifestación del Presidente en una reunión con los gobernadores pero no hay ninguna cláusula donde haya obligación de las provincias respecto a las remuneraciones de los empleados públicos”. “Lo que hay son declaraciones de intención para realizar sistemas de retiro voluntario, pero no está escrito como obligación ni tampoco figura una reducción de empleados”, explicitó.

Admitió que “lo que seguramente estará vinculado a las remuneraciones del sector público será la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal porque ahí se dispone, no obligación de achicar la planta de personal por vía de disponibilidades o cesantías, sino restricción en incrementar la plata de personal”. “No hay una obligación que hayan asumido los gobernadores de reducir la planta de personal”, sentenció.

En cuanto a las jubilaciones de privilegio, el fiscal explicó que “son aquellas que se otorgan sin reunir los requisitos generales necesarios, o de edad o de aportes” y mencionó como ejemplo que “era común antes que en el Congreso, por el solo hecho de ser legislador por un día, ya se accedía al beneficio previsional”.

No obstante, aclaró que “en el caso de las provincia de Entre Ríos está vigente la ley 8.732 donde no existen las jubilaciones de privilegio, y el régimen especial es el dela policía que tampoco establece jubilaciones de privilegio”. Ante esto, reiteró que “en todo caso habrá situaciones particulares que hay que analizar, pero no existen jubilaciones de privilegio”.

En ese marco, admitió que “pueden existir jubilaciones por incapacidad mal otorgadas, y hay situaciones irregulares de jubilaciones mal dadas, pero no son jubilaciones de privilegio” y afirmó que “es visible hoy que al sistema previsional hay que dedicarle un tiempo para su reforma y hay muchas situaciones que son insostenibles, pero no forman parte de este convenio. Eso deben hacerlo autónomamente a nivel de las provincias”.

Remarcó de todos modos que “es un avance que se obliga a la Nación a hacer transferencias automáticas para financiar el déficit como si el sistema estuviera armonizado” y especificó que “se calcula que la provincia de Entre Ríos en vez de recibir 700 millones como este año, recibirá más en el 2019 y en el 2020”. “Algunos sostienen que debería recibir el 50 por ciento del déficit que es de 5.000 millones, con lo cual estaría recibiendo 2.500 millones”, detalló.

“Veremos cómo se instrumenta pero es muy positivo para la provincia porque cuando se ve la situación presupuestaria de la provincia, en ingresos corrientes contra gastos corrientes tiene equilibrio presupuestos – e incluso con un pequeño superávit- pero al incorporar el sistema previsional se produce el déficit de la provincia. Si la nación acompaña con el financiamiento de parte del déficit y la provincia acompaña con resolver ciertas situaciones, se puede resolver bien el tema del presupuesto provincial”, explicitó.

Municipios y demandas a desestimar

En cuanto a la responsabilidad de los municipios, Rodríguez Signes señaló que “fue un tema muy discutido porque allí la cuestión está en las tasas y se estableció que se procure que los municipios cobren tasas relacionadas con los servicios que efectivamente prestan, ya que hoy la tasa comercial es prácticamente un impuesto a los Ingresos Brutos, y se incorporó una cláusula declarativa que implica que los municipios deben trabajar en ese aspecto”.

“En el convenio se incorporó el hecho de trabajar en un viejo principio del derecho tributario: que la naturaleza de la tasa es la retribución por un servicio que presta el municipio y eso se ha ido deformando y se convirtió en un impuesto a los ingresos brutos”.

Por último, el fiscal de Estado puntualizó que “la provincia tiene tres demandas contra la Nación”. “La primera por el 15 por ciento de la coparticipación que se afectaba al ANSES, lo que se resolvió parcialmente el año pasado por el acuerdo con la ley 27160, donde se devuelve ese porcentaje progresivamente –tres por ciento por año- pero no se resolvió el tema del retroactivo y por eso las provincias mantenemos pretensiones por el retroactivo, y habría que desistirlo”, explicó.

Y agregó que “la segunda es por la inconstitucionalidad del artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias que establece afectaciones específicas para el fondo del conurbano y para el ANSES, que también hay que desistir. Y del mismo modo una demanda por afectaciones especificas del Impuesto al Valor Agregado que es un 11 por ciento a favor del ANSES”.

Sin embargo, indicó que “para desistir de la primera de las demandas se necesita la intervención de la Legislatura porque fue la que ordenó a la Fiscalía a interponer la demanda, lo cual hay que tratarlo dentro de los 30 días, según indica el acuerdo”. “Ahora hay que trabajar mucho en estos 30 días para volver operativo el acuerdo”, concluyó. 

La Policía Federal detuvo al empresario prófugo Victor Gavio tras la condena por delitos de corrupción en Puerto Ibicuy

Personal de la Policía Federal detuvo esta mañana en Capital Federal a Víctor Alberto Gavio, ex presidente de la empresa Perfomar, la firma a la que en la última administración menemista, el Estado nacional les otorgó 30 millones de pesos/dólares para ampliar el puerto de Ibicuy y construir un muelle isla de más de 200 metros de largo y una zona portuaria adecuada. Gavio, de 68 años, estaba prófugo desde marzo del año pasado. La detención se produjo cerca de las 9, en el domicilio de Avenida del Libertador al 2700 y tras un pedido de la justicia entrerriana, según se confirmó a ANALISIS DIGITAL. El imputado quedó preso en dependencias de la repartición policial y será enviado a la capital entrerriana la semana próxima.(de ANALISIS DIGITAL)

El negocio en Ibicuy lo había conseguido el ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut -ya fallecido-, en función de sus contactos con el menemismo. De hecho, su hermano, Carlos Pacayut al igual que el ex legislador, integraban una Comisión de Fomento de Ibicuy junto a Norberto Durrels, Rafael Alberto Morana, Carlos Alberto Lovera y Julio César Ivanovich, que se unieron a Perfomar para cometer el fraude. Carlos Pacayut se encuentra cumpliendo cárcel en una unidad penitenciaria de la provincia de Corrientes.

Si bien en octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por concluido el proceso por el millonario desvío de fondos en la construcción del Puerto Ibicuy, tras rechazar el recurso extraordinario promovido por los ex funcionarios y empresarios condenados por la justicia entrerriana por la malversación de caudales públicos, recién en marzo del año pasado la justicia entrerriana dispuso la orden de detención del ex presidente de la empresa Perfomar, Alberto Víctor Gavio y de Pacayut, con residencia en calle 9 de julio 1320 de la localidad de Empedrado, en la provincia de Corrientes.

Casi cuatro años después de la condena dispuesta por la Sala Primera de la Cámara Primera en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, integrada por los vocales José María Chémez, Hugo Daniel Perotti y Daniel Malatesta, se puso fin a uno de los casos de corrupción más resonantes en las últimas dos décadas. La sentencia fue firmada el 21 de diciembre de 2012. Gavio y Pacayut, al igual que el ex senador provincial -fallecido el 24 de junio de 2014- fueron acusados por el delito de Peculado y se les impuso una pena de prisión efectiva de cuatro años. Los tres fueron también inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Ni Gavio ni Carlos Pacayut ocuparon cargos en ningún organismo oficial en los últimos años, pero no por ello dejaron de continuar en negocios. Gavio conformó dos empresas en el 2010, con sede en Capital Federal. Por un lado, la denominada Empresa de Mandatos S.A.; luego, la firma Refinadora Patagónica S.A. En ambos lugares quedó como presidente. No conformaba empresas desde Perfomar. Carlos Pacayut, por su parte, se “desprendió” de su empresa Transporte Forestal SRL, con sede en Paso de los Libres (Corrientes). La había conformado en agosto de 2004.

En octubre de 2015 la Corte Suprema declaró “improcedente” el recurso extraordinario promovido por Carlos Pacayut, Norberto Durrels, Julio César Ivanovich, Carlos Lovera (a través de los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini); Alberto Víctor Gavio (con el patrocinio de Cecildo Ángel Ayala e Ignacio Esteban Díaz) y Rafael Morana (con Marciano Martínez), quienes fueron condenados en la causa Puerto Ibicuy, al igual que el ex senador. Los magistrados entrerrianos habían considerado probado que “hubo un plan por el que Félix Abelardo Pacayut logró que fueran otorgados Aportes al Tesoro Nacional (ATN) a la Comisión de Fomento gradualmente” y “sacaron el dinero de la órbita de la provincia para una obra que tenía carácter público”. Pacayut era senador provincial por el departamento Islas y a cargo del ente portuario estaba su hermano Carlos. Cuando el entonces gobernador Carlos Menem comenzó a transitar el país para llegar a la candidatura presidencial y suceder a Raúl Alfonsín, el legislador correntino asentado en Ibicuy fue de los primeros hombres del PJ entrerriano que se puso a trabajar para el mandatario riojano. Cuando Menem llegó a la Presidencia, Pacayut pasó a ser uno de los referentes peronistas con línea directa con varios encumbrados funcionarios del menemismo y de ello sacó provecho.

La denuncia inicial, tras una pormenorizada tarea investigativa, la llevó adelante la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que lideraba el concordiense Oscar Rovira. La presentación judicial la radicaron el 31 de marzo de 2001 -en pleno gobierno de Sergio Montiel-, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gestión de Jorge Busti. En el extenso escrito, de casi 100 páginas, quedaba establecido que el ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut fue el encargado de gestionar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ante el Ministerio del Interior liderado por Carlos Corach, para la construcción del Puerto Ibicuy y, al mismo tiempo, se constituyó una asociación civil denominada Comisión de Fomento Pro-desarrollo del Puerto Ibicuy, sin personería jurídica ni sede social e integrada por Durrels, Ivanovich y Lovera, y luego se sumó Morana como contador público.

Fue esa comisión la que encaró la concreción de la obra de ampliación del puerto. La precaria asociación civil convocó a una licitación privada y adjudicó la ejecución de la obra a la firma Perfomar SA, de Gavio, con supuesto domicilio en la ciudad de Buenos Aires, por un monto de 29.855.057 de dólares más IVA. El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Pacayut. La ex FIA investigó ese contrato y pudo establecer que un año después de la firma del contrato de obra, en 1998, Perfomar SA cedió el contrato Instituto Portuario Provincial (IPP) y al Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado.

La justicia logró probar el desvío de alrededor de 14 millones de dólares. Todos fueron condenados el 21 de diciembre de 2012. Carlos Pacayut fue condenado como autor del delito de de peculado, es decir, apropiación de dineros públicos, y recibió una pena de cuatro años de prisión; Abelardo Félix Pacayut y Gavio fueron condenados como partícipes necesarios a cuatro años de prisión; Durrels y Morana también fueron considerados partícipes necesarios pero con una responsabilidad atenuada y por eso recibieron una pena de tres años de prisión condicional; mientras que Ivanovich y Lovera fueron condenados como partícipes secundarios y recibieron una pena de un año y seis meses de prisión condicional. Durrels era empleado de Vialidad Provincial en Ibicuy; Morana es contador público en Paraná, mientras que Llovera e Ivanovich eran empleados del Senado entrerriano. Ninguno podrá ejercer cargos públicos de por vida.

La sentencia fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en agosto de 2014. Esa confirmación le llegó post-mortem al ex senador. Abelardo Félix Pacayut: murió el 24 de junio, tras largos días de agonía en terapia intensiva de la clínica Modelo de Paraná. Había pasado tres meses en la cárcel paranaense, cumpliendo también una condena anterior por haber falsificado documentación para obtener una casa del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Estando en prisión su estado de salud se agravó y entonces se le concedió el arresto domiciliario. Pocas semanas después debió ser internado en la clínica privada, hasta su fallecimiento.

DURAS DECLARACIONES DADAS AL MEDIO DE FELICIANO FM AMANECER 106.1 CONTRA LA DIRIGENCIA DE U.P.C.N

En un contacto telefónico al programa periodístico la hora de la verdad que se emite los días domingo en dicha emisora. El señor Kufi Mariani manifestó no estar de acuerdo con la dirigencia actual de dicho sindicato. Manifestó que se siguen quedando con la plata de los trabajadores y que hace años sigue con la misma temática el actual empleado de la provincia de Entre Ríos, yo trabajo en la imprenta oficial y siempre estuve al lado de la gente aun en los momentos mas dificil pero lo que pasa en este sindicato es de terror esperemos que el afiliado se de cuenta y cambiemos a esta gran corrupción sindical yo no le deseo que vayan preso pero que en lugar de ponerle aire acondicionado a los caballos de carreras que hagan algo por los trabajadores hay que cambiar de una vez, todo para no volver a caer con estos personajes nefastos concluyó.

Bahl advirtió que con el pacto fiscal que propone la Nación “pierden los jubilados”

El vicegobernador, Adán Bahl, dijo que la propuesta nacional implica que “gana Buenos Aires, pierden los jubilados y las provincias empatan”. La Nación piensa compensar la nueva redistribución de fondos con el ahorro generado por la nueva forma de calcular los aumentos jubilatorios, precisó.

Al referirse al nuevo Pacto Fiscal que negocian las provincias con el gobierno nacional, el vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl, señaló que el acuerdo “va a tener injerencia durante mucho tiempo”. Por eso “no solo hay que ver la foto sino también la evolución de la política, porque hoy muchos impuestos aparecen como importantes pero luego pueden evolucionar de manera diferente en función de la economía”, dijo.

Tras remarcar que si bien aún no hay un borrador sobre el Pacto Nación-Provincias, que este jueves pretende sellar Mauricio Macri, y que “aún no se conoce la letra chica” del acuerdo, se advierte que “es muy contradictorio” y “por lo que se ve, el gobierno nacional piensa compensar esta nueva redistribución con el cálculo de la actualización de los jubilados”, afirmó en declaraciones a radio La Voz.

Es decir que los análisis preliminares de la propuesta nacional presentada a las provincias indican que los mayores fondos que recibiría la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (para desistir del reclamo por el Fondo del Conurbano planteado en la Corte Suprema de Justicia y que perjudicaría al resto de las provincias) “se compensaría con el cambio de cálculo de actualizaciones a jubilados”.

Vale recordar que la propuesta del gobierno para cambiar la forma de calcular los aumentos de las jubilaciones le permitiría al Estado nacional ahorrar unos $ 100.000 millones. Con ese ahorro se haría frente a los mayores envíos para la provincia de Buenos Aires y así esta desistiría de la demanda judicial que a Entre Ríos le generaría un perjuicio del orden de los 3.600 millones de pesos anuales.

Bahl sintetizó que con el Pacto Fiscal “gana Buenos Aires, pierden los jubilados, y las provincias empatan”. Esto último, en alusión al desistimiento de Buenos Aires ante la Corte.

“Cuando se hace una redistribución de fondos, alguien está cediendo. No es una negociación que termina en cero”, insistió el vicegobernador para explicar el perjuicio a los jubilados nacionales.

“Para ver cómo sale parada la provincia están los legisladores y los equipos técnicos, quienes tendrán una postura férrea, dado que el 70% de los ingresos de la provincia provienen del aporte de la Nación”, recordó.

Fuente: Noticiauno

   

La reforma tributaria nacional atenta contra los recursos propios de Entre Ríos

Mauricio Macri pidió a los gobernadores eliminar Ingresos Brutos. En Entre Ríos 6 pesos de cada 10 que se recaudan provienen de ese tributo. Si se elimina, la Provincia perdería más de 9.000 millones de pesos al año, y aún está pendiente el fallo de la Corte que le quitaría a Entre Ríos otros 3.600 millones más. INFORME NOTICIAUNO

Ingresos Brutos (el impuesto con el que más recaudan las provincias) es el tributo con el que el Gobierno nacional más presiona a los gobernadores, en línea con los reclamos empresarios plasmados en la Reforma Tributaria impulsada por la Casa Rosada.

Basta recordar que el flamante Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, mientras presidía la Sociedad Rural dijo, luego de explicar el incremento de la presión fiscal en los últimos años, que el impuesto “debe bajar hasta desaparecer”. Aunque obvió señalar cuánto creció la ganancia del sector al que representa en el mismo período, hay coincidencia en que el actual nivel de presión fiscal es insoportable.

No hay coincidencia sobre quiénes serán los beneficiados (y perjudicados) de un “alivio fiscal” como el que presiona la Nación para que implementen los gobernadores.

La preocupación ya expuesta por la mayoría de los mandatarios provinciales es que la reducción o eliminación de impuestos provinciales torna “inviable” a los distritos en términos fiscales, particularmente en el actual esquema de fuerte centralización y discrecionalidad en el reparto de los recursos nacionales.

 

El caso de Entre Ríos

En el caso de Entre Ríos el 60% de la recaudación provincial se explica por los Ingresos Brutos, mientras que en distritos como Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Formosa el impuesto representa más del 90% de la recaudación propia.

Según datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a los que accedió NOTICIAUNO, la recaudación de impuestos provinciales alcanzó en el período enero a septiembre 2017 un total de 10.232 millones de pesos y registra un crecimiento del 41% en relación al mismo período del año anterior.

El aumento de la recaudación impositiva obedece, según los datos analizados por este medio, “principalmente al desempeño del impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya participación representa el 59% de la recaudación total de los primeros 9 meses del año”.

En otros términos, 6 pesos de cada 10 que recauda el gobierno provincial provienen del Impuesto que grava los ingresos brutos, que la Nación presiona para eliminar. 

Si se hace una proyección para lo que resta del año, tomando como parámetro lo que se recaudó durante el último trimestre de 2016 (octubre a diciembre) cuando la recaudación provincial llegó a casi 3.000 millones de pesos (y aplicando el mismo nivel de crecimiento registrado en el transcurso de 2017 -41%-) podría estimarse que entre octubre y diciembre de 2017, la ATER recaudará otros 4.200 millones de pesos que se sumarán a los 10.232 millones de pesos percibidos entre enero y septiembre.

Al finalizar 2017, la Administradora Tributaria habrá recaudado entonces una cifra estimada de 14.500 millones de pesos, de los cuales casi el 60 por ciento corresponde al impuesto sobre los Ingresos Brutos: unos 9.000 millones de pesos.

Ese sería el monto aproximado que Entre Ríos dejaría de percibir si prospera la exigencia del presidente Macri.

Independientemente del impacto distorsivo que genera el impuesto sobre la economía, materia de otro análisis, la realidad indica que el año próximo, según la previsión presupuestaria 2018:

-el 63% de los recursos que la Provincia destinará para el funcionamiento del Estado (salud, educación, seguridad) están asignados a “gastos de personal” (38.700 millones de pesos)

-solo el 30% del total de ingresos por recaudación de impuestos son propios (corresponden a lo que la Provincia percibe a través de la ATER), mientras que casi el 70 % de lo que se prevé recaudar son recursos que deberá girar la Nación por la Coparticipación Federal de Impuestos.

La eliminación de Ingresos Brutos en el actual escenario de fuerte centralización de recursos conlleva el riesgo de poner en jaque las arcas provinciales.

Según el instituto para el desarrollo Social de Argentina (IDESA), la solución para compensar la caída de las recaudaciones provinciales generada como consecuencia de la eliminación o reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos “pueden ser los impuestos a la propiedad”. Algunas provincias, alineadas con el gobierno nacional como Buenos Aires, plantearon avanzar en este sentido en 2018 como forma de compensar la reducción en Ingresos Brutos y Sellos.

En el caso de Entre Ríos, lo que se recauda en concepto de Impuesto Inmobiliario representa un tercio de Ingresos Brutos, pudo corroborar NOTICIAUNO.

Compensar la pérdida de Ingresos Brutos vía un incremento del Impuesto Inmobiliario –que equipare esa reducción- parece muy difícil de aplicar en Entre Ríos.

Los números de la ATER muestran que la provincia recaudó entre enero y septiembre de este año cerca de 1.700 millones de pesos por Impuesto Inmobiliario. Por Ingresos Brutos cobró 6.000 millones, en el mismo período. Esto significa que el Inmobiliario representa un tercio de Ingresos Brutos para las arcas provinciales.

 

Compensar la pérdida generada por la propuesta de Reforma Tributaria que quiere la Nación, avalada por los legisladores de Cambiemos, obligaría al gobernador Gustavo Bordet a aplicar una suba del Impuesto Inmobiliario de casi 400 por ciento. Sólo así se podría recuperar lo que dejaría de recaudar la Provincia en concepto de Ingresos Brutos.

Un costo político que deberían asumir los gobiernos provinciales, no la Nación. El impuesto inmobiliario “recae de manera explícita sobre los segmentos medios y altos de la sociedad generando muchas resistencias y rechazos”, tal como sostiene IDESA.

Debería agregarse que en el caso de Entre Ríos los segmentos “más altos” no siempre son los que más contribuyen. Por lo menos no aparecen como los más cumplidores. Recientemente, la ATER informó que había detectado “grandes empresas del sector agropecuario con elevado nivel de facturación (1.600 millones de pesos) que evadieron impuestos provinciales declarándose exentas “cuando no lo eran”.

Al panorama ya desalentador debe sumarse el riesgo latente ante un eventual fallo de la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano que reclama la gobernadora María Eugenia Vidal. A la par de incrementar sensiblemente los recursos de los bonaerenses, una decisión del máximo tribunal a favor del principal distrito macrista significaría para Entre Ríos otra pérdida de otros 3.600 millones de pesos anuales.

Vidal se reunió este lunes con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, que debe decidir si Buenos Aires puede quedarse con $50.000 millones que actualmente se reparten entre todas las provincias.

 

Si se analizan las desigualdades del Presupuesto Nacional en materia de distribución de los recursos destinados a la obra pública, el desaliento se incrementa.

La orden presidencial para que las provincias resignen recursos a tono con el pedido empresario parece más flexible de implementar en provincias como Buenos Aires o en Capital Federal que recibirán en 2018 “más del 40% del gasto total previsto para obras públicas en todo el país”.

A Entre Ríos apenas le tocará el 1,61% de esos recursos nacionales, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) al que accedió NOTICIAUNO.

Si la presión nacional se mide en relación al Presupuesto de Entre Ríos, el año próximo, según el proyecto de Ley de Presupuesto, la Provincia tiene previsto invertir en obras públicas unos 11.000 millones de pesos. Casi el mismo monto que debería resignar si se elimina el impuesto a los Ingresos Brutos, como exige el gobierno de la Nación.

En la reunión que mantendrán esta semana los gobernadores con el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el Gobierno se plantará con un concepto que ya adelantó el ministro: las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, el principal gravamen provincial, deberán bajar –por lo menos- a la mitad.

Para Entre Ríos ese concepto “a la mitad” significaría haber resignado este año más de 5.000 millones de pesos de “recursos propios” este año.

Párrafo aparte merecería el análisis de los “beneficiarios” de una reducción o eliminación de impuestos provinciales como pretende la Nación. Si el sentido es similar al planteado en torno a los impuestos nacionales, el futuro es más que preocupante. El economista Luis Espert, que plantea hasta el cansancio que la presión impositiva es insoportable, describió la reforma tributaria nacional como “un paquete a medida de los empresarios y muy en contra de la gente”.

 

Fuente: Noticiauno

Mensaje para Benedetti: antes que hablar del 2019, “primero hay que bajar la inflación”

Lo dijo el presidente de la UCR, Pedro Galimberti, quien se refirió al plenario organizado en la Rural por el diputado nacional electo, donde se habló del 2019. “Falta mucho y faltan dentro de la foto muchos dirigentes radicales”, consideró, para luego afirmar que la pobreza “nos tiene que llenar de vergüenza”.

El presidente del Comité Provincial de la UCR e intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, se refirió al plenario organizado por la Corriente Arturo Illia el fin de semana en Federal, al que fue invitado “como autoridad partidaria” y donde el diputado nacional electo por Cambiemos, Atilio Benedetti, que lidera la agrupación, habló de la “propuesta provincial para 2019”, impulsado por el holgado triunfo que el oficialismo nacional obtuvo en las elecciones legislativas de octubre.

En diálogo con la prensa de su ciudad, Galimberti dijo “coincidir” con Benedetti, impulsor del encuentro,  en la “necesidad de tener un candidato a gobernador, al menos”.

Sin embargo, sacó el pie del acelerador y afirmó que “falta mucho y faltan dentro de la foto muchos dirigentes radicales” que no estuvieron o no fueron invitados al almuerzo en la Sociedad Rural.

En aquel encuentro, convocado para festejar el triunfo de Macri en la provincia, Benedetti había expresado: “Tenemos que ser consecuentes con la enorme responsabilidad que nos dieron los entrerrianos en el rotundo triunfo del 22 de octubre y seguir elaborando la propuesta de provincia que en el 2019 vamos a presentarles a los entrerrianos para dejar atrás el estancamiento en el que, luego de 14 años de gobiernos justicialistas, han dejado a Entre Ríos”.

Más cauteloso, el presidente del partido aseveró luego que “falta un largo camino por delante” para hablar de candidaturas. En tal sentido afirmó que “la mayor apuesta del año que viene es ver cómo se logran bajar los índices de la inflación”.

Primero “debemos empezar a hacer cosas para tener un plan de 5 años donde lleguemos a estabilizar la economía para bajar la pobreza que nos tiene que llenar de vergüenza por lo que ocurre”, admitió Galimberti, dando cuenta así de su preocupación por los temas urgentes de la agenda social.

Fuente: Noticiauno

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García: “Deberá responder el actual Presidente por su vinculación a los ilícitos de los Panamá Papers”

El Procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García, dio un alegato contra la corrupción el pasado jueves, en el marco de la audiencia de Casación en la que el ex legislador y embajador en Cuba del kirchnerismo, Raúl Taleb, solicitó que se revoque la condena que se le impuso en 2016 por enriquecimiento ilícito. En ese marco, apuntó duramente contra el actual Presidente Mauricio Macri, al referirse a los Panamá Papers. “Esto no es quizás los Panamá Papers, por lo cual deberá responder el actual Presidente por sus vinculaciones a los ilícitos y tampoco es el blanqueo de millones de dólares de las empresas del Presidente; ni tampoco es el “Macri-caputismo” (en relación al empresario amigo del jefe de Estado nacional, Nicolás Caputo), por eso la desesperación por sacarla a la Procuradora General; porque tiene los datos de Odebrecht y el Lava Jato y todas las empresas que pertenecen al señor Presidente, y no va a poder decir, como dijo en el caso del Correo, volvemos a foja cero. Sería el más escandaloso fraude a la administración pública nacional”, analizó. En su larga exposición en la que también mencionó la corrupción en el gobierno actual, al kirchnerismo y a las causas locales por corrupción que involucran a funcionarios, sentenció: “Se terminó el modelo de aceptación de la corrupción”, sentenció. Antes de cerrar su discurso, en el que pidió que se confirme la condena a Taleb, mencionó que actualmente existe una “paradoja terrible” que es que el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “aún tenga pendiente un hecho ilícito aberrante como fue el Mega Canje” en el gobierno de Fernando De la Rúa.García respondió extensamente ante un comentario que formuló el abogado defensor de Taleb, Julio Federik, quien pretendió minimizar el ilícito de su defendido. “Tampoco estamos hablando de los siete millones de dólares que tiraron por arriba del tapial”, afirmó el letrado cuando solicitó revocar la sentencia condenatoria, minimizando el ilícito del ex legislador en comparación con los millones que arrojó en el convento, en 2016, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López.

En primera instancia, García le dio la razón al decir que la causa de marras no es similar a los Panamá Papers o a los casos que rozan al gobierno de Macri, pero rechazó la expresión al considerarla una “falacia lógica”, porque pretende relativizar el delito en comparación con la de “otros”.

El jefe de los fiscales también pidió hacer una autocrítica como integrante del Poder Judicial. Sostuvo que durante el kirchnerismo “todos sabíamos en qué juzgado caían las causas y morían eternamente” y afirmó que ahora “se terminó el modelo de aceptación de la corrupción”.

En otros pasajes de su intervención mencionó a dirigentes locales condenados por hechos de corrupción, como el ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el ex senador Mario Yedro; el ex secretario de Reforma y Control de Gestión de Jorge Busti, Oscar “Pacha” Mori; y aquellos que están actualmente investigados, como el diputado y gremialista de UPCN, José Allende, y el ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa.

El contrato social

“Ciertamente quiero comenzar dándole la razón al doctor Federik. Esto no es quizás los Panamá Papers, por lo cual deberá responder el actual Presidente por sus vinculaciones a los ilícitos y tampoco es el blanqueo de millones de dólares de las empresas del Presidente; ni tampoco es el “Macri-caputismo” (en relación al empresario amigo del jefe de Estado nacional, Nicolás Caputo), por eso la desesperación por sacarla a la Procuradora General –Gils Carbó- porque tiene los datos de Odebrecht y el Lava Jato y todas las empresas que pertenecen al señor Presidente, y no va a poder decir, como dijo –el Presidente- en el caso del Correo, volvemos a foja cero. Sería el más escandaloso fraude a la administración pública nacional”.

Así arrancó García su exposición en la audiencia de la causa Taleb. En el eje de su planteo resaltó que los funcionarios públicos tienen el deber de informar en su declaración jurada todo lo que tienen y los movimientos que realizan, como parte del contrato de transparencia con el ciudadano. Si no lo hace, rompe ese mandato. Para García, Taleb, al igual que otros dirigentes, quebrantaron ese “deber positivo” del funcionario.

“También es verdad que caemos en la falacia lógica –continuó García- que Aristóteles en refutaciones sofísticas mencionaba como ‘tú también o tu más’, o ‘tu quoque’, en latín. Quizás si comparamos con Yedro, Taleb no compró un campo; si decimos Rossi, Taleb no tenía fondos en el Uruguay como sí se les descubrieron a Rossi”.

“El ‘tú también, tú más’ no quita para nada la ilicitud de la conducta”, remarcó y agregó que “no podemos decir que me deben absolver del homicidio porque Videla mató 30 mil, más allá de que ahora la regresión está queriendo poner en duda si fueron 30 mil o más”.

La corrupción en la comarca

En otro tramo de lo que se convirtió en un alegato contra la corrupción, García puso énfasis en que en las “pequeñas aldeas” –como la entrerriana- toda la sociedad sabe de los movimientos sospechosos en los que muchas veces están involucrados los funcionarios.

“Somos pequeñas aldeas, y en las pequeñas aldeas aún se recuerda cómo (Oscar) Mori contaba los sábados en el Flamingo todas las tropelías que hacía en el ámbito de la administración pública, que finalmente lo llevaron a la condena; donde era sabido lo que hacía (Domingo Daniel) Rossi con los fondos –en Uruguay-, y cuando se quiso dedicar a ser el Don Juan, y su ex mujer le manoteó los papeles y ahí se inició la causa por enriquecimiento ilícito”, dijo y acto seguido comentó que todos en Diamante conocían que Taleb efectuaba préstamos con dinero “que no podían entenderse con su función”.

A renglón seguido, el jefe de los fiscales de Entre Ríos aludió a la corrupción del kirchnerismo y pidió hacer una autocrítica por las causas que morían en algún juzgado. “Lo mismo pasaba con las causas de corrupción en años anteriores. Tenemos que hacer la autocrítica en el Poder Judicial porque todos sabíamos a qué Juzgado de Instrucción caían las causas y morían eternamente. Se terminó el modelo de aceptación de la corrupción”, sostuvo.

Antes de cerrar su discurso, en el que pidió que se confirme la condena a Taleb, mencionó que actualmente existe una “paradoja terrible” que es que el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “aún tenga pendiente un hecho ilícito aberrante como fue el Mega Canje” en el gobierno de Fernando De la Rúa.

“Cobraron terribles comisiones con una afectación al patrimonio nacional. Esto los va a perseguir toda la vida, porque es muy difícil investigar la corrupción y muchas veces los operadores no están capacitados y otras no tienen ganas”, admitió, al tiempo que afirmó que la lucha contra la corrupción “fue una brega constante” de su gestión en el Ministerio Público Fiscal.

Más tarde señaló que todos los funcionarios públicos tienen el “defecto” de no declarar sus bienes, e incluyó en la lista al diputado José Allende y al ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, ambos investigados por enriquecimiento ilícito. “Lo que marca la ley desde el año 1953 es cómo deben hacerse las declaraciones en orden al lugar de transparencia, al deber positivo. No es ir a declararle a cualquiera como pretendió hacer Canosa. La declaración se hace en Contaduría General, en sobre secreto y con una cantidad de ítems”, indicó.

Enseguida, añadió que todo debe ser declarado: “Si nos ganamos la quiniela tenemos que decirlo, si sacamos un crédito tenemos que decirlo, si nos compramos una casa lo tenemos que decir, si compramos un auto también. Todo eso tenemos que transparentarlo porque es la garantía del ciudadano, del soberano, y si no lo hago quebranto el deber positivo de hacerlo”.

En ese tramo, sostuvo que por esa falta “Allende va a ser condenado en algún momento, porque él la plata la saca de la caja negra de UPCN y no puede justificar con el sueldo de diputado. Eso es lo que le pasa generalmente a la financiación ilegal de la política”.

“El día que la dirigencia política se dé cuenta que tiene una espada de Damocles arriba va a cambiar eso. Porque no se puede decir ´me dieron 500 mil dólares´ y que me lo dieron porque sí. Esto pasó también con Rossi, y así le fue. Son deberes absolutamente reglados en cuanto a la transparencia y la necesidad de ponerlos en blanco”, planteó.

Los tiempos de la Justicia

Al final de la audiencia, ante una consulta de Entre Ríos Ahora, el jefe de fiscales admitió que la Justicia es lenta en la investigación y juzgamiento de casos de corrupción “porque se juzga a la persona con todos los derechos”. “Esto es distinto del mundo mediático y político donde todos los enfrentamientos tiene que hacerse en tiempo real. Entonces pareciera que la justicia es lenta, porque tiene los tiempos de la justicia”, sostuvo.

“Todas las personas que están sospechadas de actos de corrupción, cuando pierdan el poder la Justicia va a estar procesando esas situaciones y no van a tener posibilidades de escaparle a una segunda condena”, subrayó.

Preguntado sobre la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se mostró preocupado por la estabilidad del cargo a partir de los cambios en el Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno nacional. “Me preocupó la situación de la Procuradora, inclusive un fallo de un juez que señaló que el cargo no tiene la misma estabilidad que un miembro de la Corte, lo cual surge en el artículo 120 de la Constitución Nacional. El Procurador que designen ahora no puede tener la debilidad de poder ser removido por decreto. Eso es una debilidad enorme en un organismo tan fundamental para la Nación”, cerró.

Lunes sin bancos ni actividad bursátil

Los bancos de todo el país, los mercados bursátiles y los cambiarios no operarán por la celebración del Día del Bancario.

Este lunes 6 los bancos, mercados bursátiles y cambiarios no operarán debido al Día del Bancario.

 

En el sector bancario, sólo se podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos, aunque esta vez por caer un día lunes y tres días sin operaciones, puede que se presenten problemas por la excesiva demanda del feriado que también origina dificultades en el aprovisionamiento de dinero a los cajeros.

 

El feriado obedece a la conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria en 1924.

 

Desde entonces, la Convención Colectiva estableció que ese día no habrá actividad bursátil, financiera y bancaria.

 

Por tal motivo, el 6 de noviembre sólo se podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos.

 

Por la paritaria firmada este año, los empleados del sector percibirán un bono de hasta 39 mil pesos por la celebración de su día.

Boudou preso porque podría “entorpecer la investigación” por enriquecimiento ilícito

La orden la dio el juez federal Ariel Lijo. También fue detenido José Luis Nuñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente. El magistrado consideró que representa un riesgo para el desarrollo de la causa y que Boudou puede “entorpecer la investigación”.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes judiciales.

La detención se produjo en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero y la llevaron a cabo efectivos de la Prefectura Naval. También fue detenido José Luis Nuñez Carmona, amigo, socio y presunto testaferro del ex vicepresidente y ministro de Economía de Cristina Kirchner.

El cargo por el que se lo detuvo a Boudou fue “asociación ilícita en el marco de enriquecimiento” y acusa al ex vice como a Nuñez Carmona de “tres hechos de lavado de activos”.

La semana pasada el fiscal Jorge Di Lello pidió un requerimiento de justificación para que Boudou explique una serie de inconsistencias en su patrimonio.

La fiscalía, a raíz de una pericia económica que ordenó el juez Lijo, señaló que “hay pruebas suficientes para creer que se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada”, y a su vez que “cuentan con bienes que no pueden justificar con sus ingresos”. El juzgado consideró que las inconsistencias en el patrimonio son “diversas y de importante envergadura”.

El juez Lijo consideró que esto representa un riesgo para el desarrollo de la causa y que Boudou puede “entorpecer la investigación”.

Una de las conclusiones a las que se arribó en la Justicia es que se montó “ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos”. Y en tal sentido, entendió que “existen elementos suficientes que permiten presumir que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada, durante el ejercicio de la función pública”.

Las acusaciones de entorpecimiento a la justicia, alcanzaron al amigo y socio del ex vice, José María Núñez Carmona, a quien también se le ordenó la prisión preventiva.

Sobre sus bienes se determinó que después de un blanqueo de capitales hubo “aportes, aumentos de capital, constitución de sociedades y compra de bienes” y así logró declarar un incremento patrimonial del 214,75% en 2001 y que el mismo “no ha podido justificarse” siendo que declaró rentas por más de un millón de pesos “sin documentación respaldatoria”. y la justicia sospecha del “origen de los fondos”.

 

Fuente: Clarín

Santa Fe muestra los dientes y no reducirá Ingresos Brutos

El ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, descartó una rebaja en el Impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia, como promueve el Gobierno nacional, porque sería “imposible” compensarlo con un aumento del Inmobiliario.

Santa Fe es una provincia de las catalogadas como “rebeldes” por la Casa Rosada. Su gobernador, el socialista Miguel Lifschitz, es uno de los actores principales de la mesa de los gobernadores “no Cambiemos” y este desacuerdo no es más que uno otro en una larga lista que comenzó con el presidente Macri acusando a la provincia de ser “la única” que no colaboraba y que tuvo como respuesta una demanda en la Corte Suprema para que la Nación pague la deuda con la provincia.

Ahora, que desde la Casa Rosada empujan una caída del impuesto más nombrado por los empresarios, el ministro aseguró ayer que es “imposible compensar una rebaja en el Impuesto a los Ingresos Brutos con una eventual suba del Impuesto Inmobiliario porque el primero de esos tributos representa el 77% de los recursos de la provincia”.

Saglione, que la semana entrante formará parte del grupo de ministros que redactará el documento técnico que le llevarán los gobernadores al Presidente Macri reclamando fondos y modificaciones en el Presupuesto 2018 en el reparto de la obra pública, recordó que “el año pasado empezamos a bajar los Ingresos Brutos, fundamentalmente a los pequeños contribuyentes de menos de un millón de pesos. Son 100.000 contribuyentes, el 65% del total, explicó

En declaraciones a una radio rosarina, el funcionario provincial consideró que “una reducción mayor de ese tributo tendría un alto impacto en las arcas locales porque representa un 77% de los ingresos en lo que va de este año”. Y, en lo que pareciera más una chicana política que una preocupación real señaló que “no creo que quieran desfinanciar a los gobiernos provinciales, no sería bueno, las provincias somos autónomas en la determinación del sistema tributario y no hay posibilidad de que Nación imponga cambios en los impuesto”, advirtió.

“El impuesto inmobiliario representa un porcentaje muy bajo en Santa Fe: $ 1000 millones el rural y $ 2000 millones el urbano. Sumados es menos del 10 % de lo que se recauda por Ingresos Brutos. Es imposible compensar vía aumento del inmobiliario la pérdida en ingresos brutos”, precisó el economista.

 

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Pero, aunque Santa Fe anunció que hará caso omiso del “pedido presidencial” de bajar Ingresos Brutos, Saglione anunció que la provincia “avanzará este mes con la quita de las tasas diferenciales para las empresas que tienen dirección en otro distrito”.

Con esta decisión, una provincia más se suma al fin de las aduanas internas.

 

Fuente: Cronista

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