Por Jorge Pedro Busti

Estaba leyendo un excelente artículo del depuesto vicepresidente Álvaro García Linera (uno de los grandes intelectuales latinoamericanos contemporáneos) sobre el odio al indio en Bolivia y recordé una anécdota que alguna vez rescató Horacio Verbitsky en Página/12.

Según su último secretario Legal y Técnico, Julio C. González, en 1944 Perón recibió en la Secretaría de Trabajo y Previsión al cacique Cayuqueo. Mientras dialogaban en lengua mapuche, quien luego sería presidente de los argentinos quiso saber por qué una persona acompañaba permanentemente al cacique.

“Es el director de Migraciones”, le hicieron saber a Perón. Y de ese modo también se enteró que, desde la época de Julio Argentino Roca, los aborígenes no estaban autorizados a ingresar a la Capital Federal sin permiso de la Dirección de Migraciones. Inmediatamente Perón redactó un decreto derogando esa aberrante restricción y se lo mandó al presidente Farrell, de modo que los “ciudadanos autónomos tuvieran libre acceso a la Capital Federal y a todos los lugares del país”.

Pero Perón no sólo expresó que “los indígenas son los más argentinos de los argentinos” y reivindicó a estos pueblos originarios, sino que -según muchos historiadores- tenía ascendencia tehuelche. Verbitsky también cita el testimonio de otro funcionario del ex presidente, Enrique El Gordo Oliva, quien en el año 2000 contó a La Nación que durante su exilio en Caracas, Perón dijo en presencia de Juan Carlos Cornejo Linares, Manolo Buseta y John William Cooke: “Me siento muy honrado por llevar sangre tehuelche, descendiendo por vía materna de quienes poblaron la Argentina desde siglos antes de llegar los colonizadores”.

Ese desprecio visceral hacia los pueblos originarios, que se patentiza en lo que ocurría con absoluta normalidad antes de Perón, y el silencio cómplice frente a su exterminio en la Patagonia, ha sido moneda corriente en nuestro país. En su artículo García Linera explica: “La pregunta que todos debemos responder es: ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo radicalizado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FFAA y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?”

Cuando observamos cómo las hordas motorizadas queman con profundo odio la bandera Whipala, cómo se autoproclama presidente una senadora ultraderechista ante una Asamblea Legislativa totalmente vacía, o cómo en nombre de la Biblia un empresario que perdió sus privilegios con la nacionalización de los hidrocarburos ordena una cacería hacia funcionarios y familiares de Evo Morales, comprendemos que -como escribía con meridiana sapiencia Raúl Scalabrini Ortiz- el supremacismo blanco y la imaginada superioridad racial siguen tan vigente como hace siglos.

Cierra García Linera diciendo: “Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido. El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista”.

Pocos obispos como Víctor “Tucho” Fernández expresan con tanta claridad el pensamiento de Francisco. Y pocos temas han encolumnado recientemente a la Iglesia desde el Papa para abajo -pasando por los obispos, las monjas, el Opus Dei y los curas villeros- como el debate sobre la legalización del aborto. Así se vio en 2018, cuando la grieta entre pañuelos celestes y verdes tiñó la discusión que puso freno a la iniciativa lanzada por el actual presidente, Mauricio Macri.

Además de poner en evidencia el repentino cambio de posición del presidente electo, quien durante la campaña había declarado que la discusión sobre el aborto no era una prioridad ni una urgencia, el arzobispo “Tucho” Fernández usó las redes sociales para reclamar que no se siga jugando con la figura del Papa. Incluso, puso en duda -como el propio pontífice lo deslizó la semana pasada- una posible visita a la Argentina durante 2020.

 

“Dejen al Papa tranquilo”, reclamó el arzobispo, que fue el hombre a quien el entonces cardenal Jorge Bergoglio nombró rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), designación que defendió con perseverancia durante tres años ante sectores conservadores en el Vaticano.

 

“Me llama poderosamente la atención que se piense que cada cosa que dice el Papa Francisco está pensada para la Argentina. Hoy es un líder mundial escuchado en todas partes, que incluso ha logrado enormes avances en la relación de China con el cristianismo, y en definitiva con Occidente”, advirtió el arzobispo, en vísperas del histórico viaje que el pontífice emprenderá esta semana a Japón, previo paso por Tailandia.

 

Como si no bastaran los Fernández en la escena del poder local, el arzobispo de La Plata apareció para dejar en claro que si bien en el campo social hay espacio para que la Iglesia acompañe iniciativas como el prometido programa contra el hambre, cuyo lanzamiento contó con la presencia del titular de Cáritas y de varios sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares, se puede esperar una fuerte resistencia en el debate sobre el aborto, a la que seguramente se sumarán sectores evangélicos y de otras corrientes religiosas.

 

En lenguaje coloquial, “Tucho” Fernández citó, incluso, el conocido tema “Era en abril”, de Juan Carlos Baglietto, para recordar que se cantaba “era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre” y que “ahora dicen que es un conglomerado de células sin derechos”.

 

En sectores eclesiásticos recuerdan con frecuencia que la relación del gobierno de Macri con la Iglesia empezó a mostrar flaquezas luego del lanzamiento del debate sobre el aborto, a lo que se sumó decididamente la debacle económica y social. Con esa experiencia aún fresca, algunas fuentes eclesiásticas esperan que el nuevo gobierno no ponga nuevamente en debate un tema que divide claramente a la sociedad argentina en medio de una fuerte crisis social.

 

En sus respuestas por las redes sociales, el arzobispo contrarrestó las críticas que recibe Francisco por quienes lo consideran populista. “Dicen que Francisco alienta la vagancia, cuando pocos como él insisten en que un objetivo fundamental de la política es que haya trabajo para todos, para que no hagan falta los subsidios. Parece que ni leyeron la única encíclica que él escribió (Laudato si) y que bastaría para entenderlo”. Y contrastó el pensamiento del pontífice argentino con las expresiones populistas del exprimer ministro Matteo Salvini, en Italia, y de los presidentes Jair Bolsonaro, en Brasil, y Donald Trump, en Estados Unidos.

 

“Podemos estar codo a codo defendiendo los derechos sociales, buscando un país productivo e inclusivo. Pero es mi derecho decir lo que pienso sobre este tema, aunque sé que me expongo a una nueva catarata de descalificaciones, como me ocurrió cuando di la bienvenida a quienes venían al encuentro de mujeres en La Plata”, señaló Fernández, el arzobispo.

 

Ahora, pocos minutos después de asegurar que apenas llegue a la Casa Rosada enviará al Congreso un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, seguramente el presidente electo, Alberto Fernández, habrá tomado nota de que con esa iniciativa -polémica y sensible- ya generó el primer cortocircuito con el pontífice argentino. Justo en momentos en que el entorno del próximo mandatario avanza con la expectativa de gestionar antes de asumir una audiencia con el Santo Padre durante el viaje que Fernández hará a Roma.

La Justicia entrerriana busca avanzar en la investigación de un presunto caso de violación de la que habría sido víctima una joven de 22 años en la ciudad de Villaguay. Por el hecho, hay acusados cinco muchachos, los cuales son oriundos de Santa Fe y estudiantes de Kinesiología, informó Canal Once.

“El relato de la víctima es verosímil pero no hay otra prueba que lo respalde”, confirmó el fiscal Mauro Quirolo.

La denunciante fue atendida en el hospital Santa Rosa de la mencionada localidad y continúa con asistencia del área de Salud Mental de ese nosocomio. Radicó la denuncia el pasado sábado en la Comisaría de Minoridad y la Mujer.

Tras ello, el fiscal Mauro Quirolo, pidió la detención de los supuestos involucrados. Los mismos permanecieron alojados en la Jefatura Departamental de Villaguay hasta que les tomaron declaración, luego de lo cual recobraron la libertad.

A los jóvenes se les imputó el presunto delito de “abuso sexual con acceso carnal”. No obstante, desde la Justicia les impusieron medidas coercitivas por el plazo de 90 días, mientras se sustancia la investigación.

“Los jóvenes, que ya fueron imputados, permanecen en Santa Fe bajo una serie de restricciones, el no salir de casa, presentarse periódicamente en la comisaría y no acercarse a la víctima”, detalló Quirolo.

En ese marco, el fiscal confirmó que ordenó el secuestro de prendas de vestir y la extracción de muestras de sangre y orina sobre los involucrados con el objetivo de producir prueba “para respaldar los dichos de la víctima”.

“Un caso complejo”

“Es un caso complejo”, reconoció el fiscal, quien ya tomó declaración a los involucrados en el hecho que se investiga. De acuerdo a lo que adelantó a Canal Once, los acusados “negaron el hecho que se les imputó.

“La situación respecto de cómo ocurrieron los hechos, es confusa, y sobre el cuerpo de la víctima no hay signos de violencia”, aclaró el fiscal, quien se mantiene a la espera de los resultados de las pruebas ordenadas.

Según se informó, la mujer expuso que fue sometida contra su voluntad por este grupo en un departamento. Una vez que ella expuso su situación ante la Justicia, el domicilio fue allanado y se incautó ropa junto a otros elementos que pudieran resultar relevantes para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

Los supuestos involucrados negaron la acusación y allegados a los mismos aseveraron que “terminaron presos injustamente, pagando por algo que no hicieron” y lamentaron que “se perdieron su recepción que tanto esfuerzo les llevó lograr”. “Cinco familias que debían festejar terminaron pasando cosas horribles, pagando algo que no les tocaba pagar”, por lo que reclamaron “que se haga justicia por estas personas”.

La llegada de Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación alterará la virtual mayoría que vino teniendo el oficialismo saliente en el Consejo de la Magistratura, para virar a una mayoría favorable al nuevo gobierno. Esto sucederá porque el organismo encargado de promover y remover jueces sufrirá un recambio de casi un tercio de sus integrantes, producto del resultado electoral y la preeminencia de los consejeros políticos en su integración.

Pese a las críticas del presidente electo a la actual dinámica del Consejo y su planteo de que necesita ser reformado para “sanear a la Justicia”, es más que factible que siga funcionando en sintonía con el nuevo signo político.

Una de las renovaciones que se producirán a partir del 10 de diciembre será clave: la del representante del Poder Ejecutivo Nacional, que modificará los números que tuvo hasta ahora Cambiemos, escribió la periodista Mariel Fitz Patrick en el portal Infobae.

De los 13 miembros que integran el Consejo, el actual oficialismo contó con seis votos casi asegurados: el del representante del Ejecutivo; el del diputado del PRO Pablo Tonelli y el de la senadora radical Inéz Brizuela y Doria, más los de los representantes de los abogados Juan Pablo Mas Vélez y Marina Sánchez Herrera, ambos de origen radical, y el del juez Juan Manuel Culotta.

Del otro lado, los votos del bloque “opositor” se consolidaron también en seis: los diputados Eduardo “Wado” De Pedro, del Frente para la Victoria, y Graciela Camaño, que fue elegida el año pasado con el apoyo de los distintos bloques de la oposición a partir de un acuerdo entre el Frente Renovador y el kirchnerismo; el senador justicialista Mario Pais, que reemplazó a Miguel Pichetto cuando éste aceptó acompañar a Mauricio Macri en la fórmula; su colega Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista en el Senado por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia; el juez Alberto Lugones, de la Lista Celeste, las más cercana al kirchnerismo; y el consejero académico Diego Molea.

Esa paridad fue resuelta la mayoría de las veces a favor de las posiciones del oficialismo por el juez Ricardo Recondo, presidente este año del Consejo y con doble voto en caso de empate.

Esta virtual mayoría actual de 7 a 6 que aún tiene Cambiemos se invertiría y pasaría a ser de 7 a 5 a favor del nuevo oficialismo, sin contar a Recondo que podría convertirse en el octavo voto, o en el sexto del futuro bloque opositor.

En cualquier caso, ninguno de los dos sectores tendrá la mayoría de dos tercios para iniciarle juicio político a un juez o aprobar una terna de candidatos para cubrir cargos vacantes, ya que se necesitan 9 votos sobre el total de 13, si están todos presentes. “Va a ser necesario algún tipo de acuerdo, lo cual es saludable porque la idea no es perseguir políticamente a ningún juez”, sostuvo ante Infobae un consejero que continúa luego del 10 de diciembre.

Más allá de las acusaciones de integrantes del Frente de Todos de “persecución” por parte del gobierno de Mauricio Macri contra jueces que fallan en contra de sus deseos, lo cierto es que el Consejo puede, por mayoría simple, resolver si mantiene abiertas, o no, las denuncias contra magistrados por su desempeño.

Quizás como señal de los nuevos tiempos políticos, el jueves último, el oficialismo fracasó en su intento de desestimar tres denuncias contra el juez Claudio Bonadio -cuya actuación es muy cuestionada por el kirchnerismo por el procesamiento y detención de varios ex funcionarios de Cristina Kirchner, incluida la ex mandataria-, cuya resolución se postergó sin fecha. Tampoco prosperó un sorpresivo un dictamen del consejero Mas Vélez para cerrar cuatro expedientes contra Rodolfo Canicoba Cabral.

 

El futuro representante de Alberto

 

Durante la gestión de Cambiemos, el representante del gobierno de Cambiemos, Juan Bautista Mahiques, tuvo un rol estratégico como articulador de los deseos del Gobierno. Pero Mahiques juró el 29 de octubre pasado como nuevo fiscal general de la Ciudad y fue reemplazado hasta el 10 de diciembre por su ex jefe de gabinete en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, Facundo Bargalló Benegas. Con el recambio de Gobierno, Fernández deberá designar un nuevo nombre inmediatamente.

Quien contaría con más chances de ocupar ese lugar es Gerónimo “Zaza” Ustarroz, primo y hermano de crianza de “Wado” de Pedro. Ex concejal de la localidad de Mercedes y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ustarroz es actualmente su asesor en el Consejo. Ya había desempeñado esa tarea cuando el diputado del FPV integró el organismo entre 2012 y 2014, consignó Infobae.

Ustarroz estuvo días pasados en Bolivia en representación del Frente de Todos como observador de las elecciones en ese país, y elaboró un contradocumento que cuestiona “por falta de objetividad” las conclusiones de la OEA sobre las “graves irregularidades” que hubo en esos comicios, que derivaron en la renuncia forzada de Evo Morales y la crisis que atraviesa la nación boliviana.

Hay quienes deslizaron otro nombre que pisa fuerte en la Justicia y es del círculo de confianza de Fernández: Juan Manuel Olmos, dirigente del peronismo de la Capital, y ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Sin embargo, desde su entorno lo descartaron.

 

El recambio de diputados

 

Al nuevo representante del Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, se sumarán otras caras en el Consejo.

Si bien aún no fue informado oficialmente, todos dan por sentado que De Pedro ocupará un cargo relevante en el próximo gobierno, por lo que dejará su lugar en el Consejo. Su suplente es Vanesa Siley, también diputada del kirchnerismo y oriunda de Mercedes, además de secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Su nombre deberá aún ser reconfirmado por el interbloque del Frente de Todos. Si bien el artículo 3 de la ley del Consejo de la Magistratura contempla que, cuando por algún motivo cesa un consejero titular en sus funciones, su mandato lo continúa su suplente, también establece que puede ser reemplazado por quien disponga el bloque que le dio la legitimación como representante. “La práctica es que asuma el suplente del titular que se va, pero el bloque parlamentario que lo designó en ese rol tiene margen para elegir a otro, en función de los reacomodamientos políticos”, señala una fuente que conoce los avatares y normativas del Consejo.

El nombre que estaría confirmado es el de la senadora jujeña y abogada Silvia Giacoppo. La definición no pasará del 27 de este mes, según puso saber Infobae. “La idea es que se resuelva antes de que juren los nuevos senadores el 28 de noviembre, y que el decreto que el presidente del Senado le tiene que enviar al presidente del Consejo de la Magistratura informándole la designación del bloque parlamentario, no esté firmado por Cristina”, admitieron fuentes que conocen los entretelones de ese nombramiento.

La otra senadora es Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que termina su mandato el 10 de diciembre. Ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, y que termina su mandato el 10 de diciembre.

Su suplente es Guillermo Snopek, del Bloque Justicialista que comanda Carlos Caserio en el Senado. Ante la consulta de este medio, desde esa bancada aseguraron que la reemplazará este senador jujeño. “No hay discusión porque le corresponde hasta terminar el tiempo de mandato”, explicaron.

Sin embargo, son varios los que sostienen que el sector en la Cámara alta que responde a Cristina Kirchner podría reclamar ese lugar para alguien propio a partir del 10 de diciembre, e incluso echaron a rodar el nombre de Mariano Recalde. Esa especulación se resolverá cuando la ex mandataria regrese de Cuba el lunes y se defina si el futuro conglomerado oficialista en la Cámara alta funcionará como un solo bloque – el Justicialista y el kirchnerista, hoy bajo el paraguas de Unidad Ciudadana- o si lo harán como un interbloque manteniendo cada uno su independencia.

El nombre que comenzó a circular en caso de que la vicepresidenta electa pretenda ese lugar para su sector es el de Mariano Recalde, senador electo por la Ciudad de Buenos Aires.

El otro representante de la mayoría justicialista en el Senado es el chubutense Mario Pais, que asumió a mitad de año como suplente de Pichetto y ya había estado en el Consejo años anteriores, y cuenta con el aval del bloque para continuar.

Sin embargo, aún no está claro si el futuro conglomerado oficialista funcionará en la Cámara alta con un solo bloque – el Justicialista y el kirchnerista que hoy está bajo el paraguas de Unidad Ciudadana-, o si lo harán como un interbloque manteniendo cada uno su independencia.

 

Los consejeros que siguen

 

Los otros seis integrantes que no son representantes políticos tienen mandato hasta fines del 2022 y su continuidad no depende del cambio de Gobierno.

Son los jueces Recondo, del fuero civil y comercial e integrante de la lista Bordó, el oficialismo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín y representante de opositora Lista Celeste; y Culotta, juez federal de Tres Febrero y elegido por Compromiso Judicial, lista que surgió como una fractura de la Celeste, en desacuerdo con sus posiciones cercanas al kirchnerismo y las políticas judiciales que impulsó Cristina Kirchner.

También continúan Más Vélez, abogado de origen radical y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires; y Sánchez Herrero, abogada marplatense y actual vicepresidenta del Consejo, referenciada en el dirigente radical Ernesto Sanz, ex integrante del organismo.

El otro integrante que permanece es Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, electo por el sector académico.

 

Las próximas autoridades

 

El mandato de Recondo como presidente se extiende hasta el 6 de diciembre de este año. Pero todo indica que es probable que continúe hasta la semana siguiente cuando asuma Fernández en la Casa Rosada, y se realice el próximo plenario para elegir las nuevas autoridades del Consejo. “La fecha deben fijarla las nuevas autoridades y todavía no informaron nada”, señalaron fuentes de la actual presidencia en el organismo.

No circularon aún nombres de quien ocupará el lugar de Recondo, ni tampoco la presidencia de las estratégicas comisiones de Acusación y Disciplina, y de Selección. Si bien la norma dice que el presidente del Consejo puede ser cualquiera de los 13 integrantes, la práctica y el “decoro” indican que deberá ser elegido entre los jueces, los abogados o el representante académico. Quedan tres semanas de negociaciones por delante entre los distintos sectores.

La Sala N° 1 de Procedimiento Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) puso fin a la historia del “medidor de luz” en la que fue acusado, condenado y luego absuelto el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro (PJ).

El 11 de marzo de este año, la Sala Penal del STJ absolvió al dirigente y a su ex secretario de Obras Públicas, Alfredo Dellagiustina, al revocar el fallo condenatorio de 2016 que los halló culpables del supuesto delito de peculado.

Contra esa resolución, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, presentó un recurso extraordinario federal con el fin de que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el máximo tribunal del país.

Ahora, en una resolución firmada el 23 de octubre, la Sala Penal del STJ le denegó el recurso, señalando que no cumple con los requisitos básicos para llegar a esa instancia. El fallo fue firmado por los tres vocales que la integran: Miguel Ángel Giorgio, Claudio Mizawak y Daniel Omar Carubia; consignó el portal El Entre Ríos.

La causa del “medidor de luz” se originó en 2009 y a raíz de una denuncia formulada por el secretario privado y el secretario de Gobierno del ex intendente y ex legislador peronista José Salim Jodor, rival de Erro. En la denuncia se indicó que se utilizó un medidor de luz, pagado con recursos del Municipio, para un acto del Partido Justicialista gualeyo. En la causa, se comprobó que el uso particular del medidor de luz significó un consumo eléctrico menor, tasado en casi 102 pesos.

En junio de 2016, los jueces María Angélica Pivas, Javier Cadenas y Sebastián Gálligo, dictaron un fallo unánime por el cual se declaró a Erro coautor material y penalmente responsable del delito de peculado y se le impuso la pena de dos años y tres meses de prisión en forma de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, se declaró al ex secretario de Obras Públicas, Alfredo Domingo Dellagiustina, como coautor, material y penalmente responsables del delito de peculado, y se le aplicó la pena de dos años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En marzo de este año, tras la apelación de Erro y Dellagiustina, la Sala Penal los absolvió.

En tal sentido votaron Mizawak y Carubia, que consideraron que no se acreditó que los acusados hayan quebrantado los deberes institucionales que les imponían sus cargos, por lo que no se verificaron los elementos del tipo penal de peculado. Giorgio votó por confirmar las condenas.

Con un elevadísimo nivel de incertidumbre respecto de la evolución de las variables clave, las empresas locales y extranjeras enfrentan un desafío no menor a esta altura del año: elaborar sus presupuestos para 2020. Proyectar las pautas básicas de costos e ingresos es, en estas semanas, un ejercicio imposible.

Pero las compañías tienen sus normas y, particularmente las multinacionales, tienen que cumplir en fecha con el rito mientras que muchas de las más grandes empresas locales todavía tienen su plan abierto. En algunos casos, sólo están presupuestando el primer semestre.

La variable clave, sin lugar a dudas, es el tipo de cambio. Sobre qué valor del dólar basar todo el resto de las estimaciones. En este punto, el rango es bien amplio y los cálculos, incluso dentro de una misma industria o sector, difieren por mucho. Entre los más optimistas se cuentan algunos supermercados y empresas de consumo masivo con alto nivel de importación que, confiando en las restricciones cambiarias, prevén un dólar promedio durante 2020 en $75. Esto implica una devaluación menor a 20% y, en la práctica un atraso en el valor del dólar –subiría menos que la inflación- que les favorecería. Pero son los menos.

El grueso de las compañías, en cambio, parte de un valor del dólar de $80 promedio para el próximo año y existen en algunas otras empresas escenarios de una devaluación de 50%, lo que implicaría un dólar de $125. “Es un escenario cercano a la hiperinflación pero muchas de las consultoras con las que trabajamos lo manejan. Y nosotros también”, explicaron, por ejemplo, desde una de las principales automotrices. Es en ese mismo sector, dependiente tanto de las exportaciones a Brasil como de las importaciones para producir, en donde existe la mayor dispersión de proyecciones. Mientras una compañía alemana prevé un dólar a $82 recién hacia final del próximo año, en una competidora norteamericana calculan ese un valor aproximado para antes de junio.

Si bien se descarta que se mantendrán restricciones, luce menos claro de qué tipo serán. Es decir, existen variantes sobre las presunciones de qué régimen cambiario terminará adoptando el gobierno de Alberto Fernández en al menos los primeros meses de su gestión. En su equipo económico se discute un desdoblamiento –un valor del dólar para producir, otro para exportar, otro para turismo, otro para atesorar- pero existe la posibilidad de que, simplemente, se mantengan o refuercen las restricciones actuales. Todo, por el momento, es incertidumbre.

Alimenticias en alerta

“En un año normal, el presupuesto ya está recontra cerrado a esta altura. Pero ahora vamos a esperar a mediados de diciembre, a que asuma Alberto Fernández”, dijeron a Infobae en una alimenticia. En esa empresa, ironías del destino, la gran preocupación a resolver es el segundo semestre. “Calculamos un dólar promedio de $80 pero sólo para la primera parte del año, todavía no podemos tener la sintonía fina de qué va a pasar en el segundo semestre”, afirmaron. Claro, este sector quedará altamente impactado por lo que ocurra con las materias primas. No sólo por el nivel de precios internacionales sino, principalmente, por la política impositiva que aplique el próximo gobierno.

Por un lado, el propio Alberto Fernández dio indicios claros de que se actualizarán las retenciones, lo que en definitiva terminaría impactando en el precio interno. Pero el gran temor de las empresas es que se avance más allá y, bajo el paraguas del plan Argentina Contra el Hambre, se terminen avalando intervenciones, regulaciones de precios y otras distorsiones. De ahí la llamativa propuesta, hace un mes, del Ceo de Syngenta, Antonio Aracre, de donar 1% de la producción de alimentos. El ejecutivo, que participó el viernes pasado de la primera reunión del Consejo Federal, admitió que no se volvió a hablar de la iniciativa durante el encuentro con el presidente electo pero insistió en que es una buena moneda de cambio para “evitar otro tipo de intervención, que genere mayores costos y distorsiones” en el mercado. “Es mucho mejor donar una pequeña parte de la producción a que vuelva la Junta de Granos”, dijo Aracre.

Fuente: Infobae

Yanina Soledad Lescano está imputada por el homicidio de la niña de dos años Nahiara Cristo, quien murió como consecuencia del maltrato que habría ejercido durante un tiempo, su padre Miguel Ángel Cristo y quien era pareja de Lescano. La mujer está alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, y se supo que internas de un sector de la cárcel la amenazaban con ajusticiarla.

Días atrás cumplieron las amenazas y le asestaron una feroz golpiza. Por este hecho, se radicó la denuncia correspondiente, intervino la Fiscalía y se abrió un sumario administrativo interno.

Cómo ocurrió la golpiza

Fuentes allegadas a la investigación, dieron detalles sobre el ataque. Según indicaron, Lescano era trasladada en el interior del pabellón, y en un momento que le tocaba salir, la joven pasó por la puerta del pabellón de madres del penal. La misma estaba abierta y la oportunidad fue aprovechada por algunas de las presas que la llevaron a la fuerza a su sector, indicó diario Uno. En ese momento, entre varias internas le propinaron golpes de puño y patadas.

Investigan el ataque

Ante el desmán que se originó en el lugar, y los gritos, varias penitenciarias acudieron rápidamente para socorrer a la mujer, y la separaron del grupo de agresoras. Lescano fue llevada a que la revisara personal médico, quien constató y registró las lesiones sufridas en el ataque, las cuales no revisten mayor gravedad. No obstante, el hecho es materia de investigación.

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal concurrieron a la Unidad Penal para entrevistar a Lescano y le tomaron la declaración correspondiente. Además, secuestraron las grabaciones de las cámaras de vigilancia internas de la cárcel para poder visualizar la dinámica del violento episodio.

Fuerte amenaza

Se intenta esclarecer si hubo alguna negligencia de personal penitenciario ya que, en general, Lescano está muy custodiada debido a que se sabía que esto podría ocurrir. Entonces, se busca comprender por qué las presas del pabellón de madres (donde están cumpliendo condenas junto a sus hijos) tuvieron tanta facilidad para interceptarla.

Además, se informó que una de las presuntas agresoras sería excuñada de la expareja de Lescano (Miguel Cristo). En medio de la golpiza, le dijeron a la mujer: “No vas a llegar al juicio”.

Lescano está imputada por haber omitido auxiliar a la niña que se encontraba viviendo un infierno en la casa del barrio Paraná III.

La Unidad de Violencia de Género de Paraná, investiga al intendente de Villa Urquiza Alberto Gastiazoro por presunto abuso sexual y acoso. El actual jefe comunal fue denunciado por una empleada del municipio, confirmó a ANÁLISIS el fiscal Leandro Dato.

La semana pasada se hizo un allanamiento en dependencias municipales y se secuestró un colchón que será sometido a pericias. Además se dictó una restricción de acercamiento que impide a Gastiazoro aproximarse a menos de 200 metros de la denunciante y su familia.

La Municipalidad de Villa Urquiza tiene tres bloques edilicios. La denunciante “pudo precisar en qué lugar ocurrían los abusos e hizo una descripción”. Funcionarios judiciales tomaron fotos y se hizo una planimetría. De ese lugar se secuestró el colchón. Todo indica que “la situación relacional entre la mujer y el presidente comunal está clara, así como la actitud de él para con otras personas”.

Además, en la causa ya se tomaron seis testimoniales. Este martes declaró el secretario de Gobierno, José María Martínez, y para la próxima semana está previsto que continúe la investigación con el testimonio de otras cuatro personas. El abogado José Barbagelata ejerce la defensa de Gastiazoro y podría ofrecer más testimonios en los próximos días.

Una mujer que conoce el caso de cerca contó a este medio que “es una situación muy antigua, que viene de hace varios años”. “Él la pasó a planta a la mujer y con eso ejerció una especie de presión”, se agregó y se deslizó que podría haber en el futuro otras denuncias del mismo tenor. “Este tipo de situaciones se sostienen en el tiempo porque hay complicidades, no hay repudio”.

“Ella estaba cargando con muchas cosas laborales”. De hecho, una junta médica le otorgó una licencia hace un tiempo. “Fue aguantando y un día explotó. La situación ha sido muy estresante”, se acotó.

EntremediosWeb dio a conocer ayer el caso. Desde el sitio se refirió a los representantes legales de la denunciante y al posible pedido de “cambio de carátula, por considerar que se trata de un delito de mayor gravedad que la violencia de género”.  

Gastiazoro es intendente de Villa Urquiza desde 2007. El día del allanamiento, la semana pasada, hizo algunas referencias a la relación personal con la mujer.

El coordinador de los equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández, Santiago Cafiero, calificó hoy a Mauricio Macri como “el peor presidente democrático desde el 83”.

“No tiene un solo logro para exhibir y deja dificultades muy profundas y estructurales, como el tema de la deuda”, dijo en diálogo con radio La Red, en el cual no confirmó si será el futuro jefe de Gabinete en el próximo gobierno. “Estaré donde [Fernández] me necesite, soy un militante de toda la vida”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

También adelantó que “puede ser que Alberto, un tiempito antes de asumir -el próximo 10 de diciembre-, dé a conocer quiénes serán los integrantes de su gabinete, pero no mucho tiempo antes”, publicó La Nación.

Consultado sobre cuál será el rol de la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, respondió: “Cristina va a tener un rol central, obviamente es una expresidenta que estuvo 8 años en la gestión, si bien tuvo errores que ella reconoce. Ahora bien, el gabinete lo arma Alberto, es su responsabilidad y él conduce”.

“Pero pensar que Cristina no va a tener opinión es desconocer, primero, la investidura de la expresidenta; y, en segundo lugar, es desconocer la talla de dirigente que tenemos en nuestra fuerza política”, explicó.

Cafiero negó además que el próximo gobierno vaya a reformar la Constitución y a agrandar la Corte. “No, no es así”, dijo, al tiempo que negó también que el excandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, esté trabajando con los equipos de Alberto Fernández.

La transición

Santiago Cafiero agregó que “por el momento la transición es una foto, hubo una reunión importante que dio tranquilidad [entre Macri y Fernández], pero después no se avanzó mucho más”. “El Gobierno entendió que primero tenía que ordenarse”, dijo.

Por otra parte, añadió que para realizar la transición hay que “poner a punto el nivel de ejecución de los programas, ver la información que uno va recibiendo, que siempre tiene dos meses de rezago, y con estas cuestiones se hace difícil saber con precisión cuál es el estado real de las cuentas”. “No solo desde el punto de vista de las reservas, del Banco Central y los ministerios, sino también desde los programas de gobierno”, especificó.

En este sentido, se refirió a la importancia de “analizar también qué objetivos hubo, si se cumplieron”, y destacó que se observan “muchas partidas subejecutadas de sectores muy sensibles”.

La herencia

Para Cafiero, el gobierno de Cambiemos “deja dificultades muy profundas y muy estructurales, como el tema de la deuda, que era un problema que antes no existía, la fuga de capitales -que ha sido tremenda-, la cuestión social, la pobreza y la indigencia, jubilados que no pueden comprar medicamentos”.

“Son dificultades muy complejas que el próximo gobierno deberá encarar con firmeza y decisión política”, dijo.

En tanto, recordó que el cepo “no es una causa sino una consecuencia” de la “tremenda fuga de capitales que promocionó Macri”, situación explicada en parte, porque “el Gobierno tuvo un sesgo ideológico muy fuerte, con una visión estrictamente monetarista”.

“Y con esta lógica de abrir todo, lo único que hizo fue desproteger a los argentinos y a sus ahorros, nosotros venimos a revertir eso”, definió.

El gobernador Gustavo Bordet se refirió a la sanción del juicio por jurados y destacó el consenso de los legisladores para tomar la decisión: “Valoro enormemente el acuerdo unánime de los legisladores entrerrianos para sancionar la ley de juicio por jurados. Hoy nuestra provincia no sólo podrá contar con una mirada doctrinaria en un proceso judicial sino con el aporte del sentido común que los ciudadanos tienen sobre una visión de un determinado hecho o acto”.

En esa línea, a través de un posteo de su cuenta oficial de Facebook, el primer mandatario provincial destacó la democratización del Poder Judicial y puntualizó en la participación ciudadana: “El #JuicioPorJurados acerca el Poder Judicial a la participación ciudadana, que en los últimos años ha venido cobrando cada vez más espacio. Las instituciones democráticas han ido buscando la forma en que los ciudadanos encuentren una participación real dentro de los tres poderes del Estado, es decir, en la República. Esto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes es un precepto constitucional, que ha ido desde su incorporación en 1853 adaptándose a las demandas que la sociedad tiene y que requiere la democracia”.