La Secretaría Legal y Técnica emitió un dictamen que aconsejaba al Poder Ejecutivo insistir con el decreto que fijó la condiciones en las cuales se procedió a la contratación de las obras energéticas del cierre norte, tanto eléctricas como gasíferas, dejando de lado las observaciones que en primera instancia había planteado la Contaduría General. Ahora, el gobernador Gustavo Bordet dispuso que se siga el camino inverso y que Fiscalía de Estado y Legal y Técnica, satisfagan los cuestionamientos del organismo de control, a fin de levantarlos y poder continuar el proceso de las obras.Un dictamen emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación había refutado las observaciones hechas en primera instancia por la Contaduría General al decreto 2776, la norma de iniciativa privada que regula las obras de los cierres del arco eléctrico norte y del gasoducto del noreste, a contratarse con un consorcio chino – argentino que aportaría los recursos.

El documento, que lleva el número 164/18 y tiene fecha 17 de octubre, apuntaba a dar respuesta a los cuestionamientos hechos por la Contaduría al tomar conocimiento de que el 2776 había sido dictado, publicó APF.

Estas observaciones hechas por el cuerpo de auditores de la Contaduría, fueron puestas en stand by por el Contador General, Aurelio Miraglio a sugerencia del asesor legal del organismo, Omar Ludi, quien consideró, siguiendo el criterio legal establecido por la Fiscalía de Estado, que la Contaduría sólo puede intervenir cuando existan actos administrativos que tienen efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos, algo que no sucedía con el decreto 2776 que establecía un marco normativo genérico.

Sin embargo, Miraglio y Ludi hicieron reserva de aplicar las observaciones cuando se produzcan actos concretos por aplicación del 2776, lo que sucedió al dictarse el decreto 2916, que declaró de interés público las obras del cierre energético norte (tanto de gas como de electricidad) y encargó a Enersa el procedimiento de licitación, que tiene un presupuesto de u$s 100 millones.

Fue entonces que la Contaduría ejecutó la reserva que había hecho y emitió las observaciones contenidas en el dictamen del 29 de octubre que frenaron las obras. Esto obligó al Gobernador Gustavo Bordet a pedir a sus funcionarios que den cuenta de lo impugnado por el organismo de contralor, dejando de lado la posibilidad de emitir un decreto de insistencia, lo que hubiera descartado el informe de Contaduría y avanzado pese a todo.

El criterio que había seguido previamente Laporte iba, sin embargo, en sentido contrario. Luego de rechazar todas y cada una de las observaciones que hizo la Contaduría General al decreto 2776 (y que luego se repetirían para impugnar los alcances del 2916), el secretario Legal y Técnico recomendó, antes de que se frenen la obra y también de que se produzca la denuncia penal que motivó la apertura de una causa en la Justicia, que el Gobernador insista y no dé marcha atrás.

Textualmente, el dictamen de la Legal y Técnica indica: “Ante la reserva a efectos de intervenir preventivamente en el proceso de contratación específico y concreto, esgrimiendo todas y cada una de las objeciones y/u observaciones que estime corresponder formulado en el informe del Coordinador Jurídico Contable y ante del convencimiento de la constitucionalidad del Decreto 2776/18 para el hipotético caso que la Contaduría General ejerza oportunamente y en el caso concreto se configure la conminación consignada en el mentado informe, acompaño a Ud. el anteproyecto de decreto de insistencia”.

El decreto de insistencia es una fórmula contemplada en el artículo 72º de la ley de contrataciones del Estado (5.140), que establece: “Las observaciones que formule la Contaduría General serán comunicadas al órgano o dependencia en que se haya originado el acto y suspenderán su cumplimiento o el de la parte observada del mismo, hasta tanto se subsanen las causales que la motivaron”.

“Si dichas no fueran subsanadas y la autoridad competente estime que, no obstante la observación formulada, el acto debe cumplirse, el Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros o la autoridad competente en los Poderes Legislativo y Judicial, podrán insistir en el cumplimiento bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad; en cuyo caso, la Contaduría General dará curso al mismo y dispondrá la publicación de la observación y el respectivo acto de insistencia en el Boletín Oficial, comunicando inmediatamente la actuado al Tribunal de Cuentas”, agrega el texto legal.

La causa

En tanto, ayer se conoció que la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Cecilia Goyeneche, decidió dar curso a la presentación hecha por el senador Raymundo Kisser (Cambiemos – Paraná) y su asesor Rubén Pagliotto. Según informó Página Judicial, la investigación penal preparatoria estará a cargo de Matilde Federik.

El referente opositor y dirigente piquetero Luis D’Elía tuvo un duro revés judicial este lunes cuando la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó su condena por la toma de la comisaría del barrio porteño de La Boca y de esta manera quedó a un paso de volver a la cárcel. No obstante, se le redujo la pena a tres años y nueve meses de prisión. En 2004 mientras se desempeñaba como funcionario de Néstor Kirchner, a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, el ex líder piquetero junto a un grupo de seguidores, irrumpió en la seccional policial de la Boca en reclamo por el crimen de un compañero.
D’Elia fue condenado en noviembre del año pasado por “lesiones leves, atentado contra la autoridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación”. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena y la defensa podrá presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, pero si es rechazado se procederá inmediatamente a su arresto.

Según informó Infobae, además se le redujo la condena a tres años y nueve meses de prisión en vez de los cuatro años de la condena original.

El delito

En 2004 mientras se desempeñaba como funcionario de Néstor Kirchner, a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, el ex líder piquetero junto a un grupo de seguidores, irrumpió en la seccional policial de la Boca en reclamo por el crimen de un compañero.

Por esta causa, fueron absueltos los otros implicados, Ángel Borello y Luis Alberto Bordón, por prescripción.

Entre los indicadores relevantes de la política económica del gobierno de Mauricio Macri figura el del amplio crecimiento de la deuda pública, cuyo peso por capital e intereses llevó a acudir al auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el último informe de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública ascendió a 327.167 millones de dólares al término del segundo trimestre de 2018. Este monto implica un crecimiento de 86.502 millones de dólares ó 35,9 por ciento respecto de los 240.665 millones de dólares de diciembre de 2015. En menos de tres años, la deuda aumentó más que en ocho años de gestión de Cristina Kirchner y 10 años y medio de Carlos Menem.

En términos de PBI, durante la administración de Cambiemos la deuda pública pasó a representar del 52,6 por ciento del Producto a 77,4 por ciento, unos 25 puntos porcentuales más, principalmente por la fuerte devaluación de 2018, a la par de una caída del PBI superior al 2 por ciento este año.

Si se suma a este cálculo el monto de los Cupones PBI (Valores Negociables Vinculados al PBI) en manos del mercado, por 13.415 millones de dólares, la deuda pública total ascendió hacia fines de junio a 340.582 millones de dólares, próxima al 80 por ciento del PBI. Vale aclarar que este instrumento paga renta solamente cuando el crecimiento económico supera el 3 por ciento anual.

Con el ingreso de un segundo tramo del acuerdo con el FMI el pasado 30 de octubre, por 5.631 millones de dólares, el incremento de deuda pública ronda los 90.000 millones de dólares en poco menos de tres años de gestión de Macri, el mayor monto neto contraído por un gobierno en la historia argentina.

Durante los ocho años de gobierno de Cristina Kirchner, la deuda pública (excluido el Cupón PBI) aumentó de 176.870 millones a 240.665 millones de dólares, unos 63.795 millones de dólares (36 por ciento). Como porcentaje del PBI la deuda disminuyó del 61,2 por ciento al cierre de 2007 a 52,6 por ciento en diciembre de 2015. No obstante, a partir de 2011 se observa un incremento del peso relativo de la deuda, desde un piso de 38,9 por ciento del PBI, cuando se decidió instaurar el “cepo” cambiario.

En los cuatro años de presidencia de Néstor Kirchner la deuda pública registró una importante baja como por porcentaje del PBI, y también nominal, en particular por el histórico canje de deuda de febrero de 2005, que puso fin a más de tres años de default, y la cancelación total de pasivos con el FMI, en enero de 2006.

De los 178.768 millones de dólares en mayo de 2003, aumentó a 192.294 millones en diciembre de 2004, como consecuencia del default. Tras el canje concluyó 2005 en 154.270 millones y luego subió a 176.870 millones de dólares en diciembre de 2007.

Pero el crecimiento de la economía a “tasas chinas” entre 8 y 9 por ciento entre 2003 y 2007 significó una drástica caída de la deuda pública como porcentaje del PBI, del 147% en 2002 y el 140% en 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, al 62,1% en diciembre de 2007.

Con la crisis de 2001-2002 la deuda pública llegó a superar el 140% del PBI, debido al default
En los dos años de presidencia de Fernando de la Rúa la deuda pública creció de USD 121.877 millones a USD 144.452 millones (18,5%), mientras que la relación deuda/PBI trepó unos 10 puntos porcentuales, de 43 a 53,7 por ciento.

Durante los 10 años y medio de presidencia de Carlos Menem la deuda se duplicó, de USD 65.300 millones a USD 121.877 millones, mientras que en relación al PBI cayó a la mitad desde el 85,2% de la crisis de hiperinflación en 1989 (USD 76.640 millones según el Banco Mundial) a 43% en 1999 (USD 283.500 millones).

Pero el mayor salto porcentual de las acreencias del Estado nacional se consolidó con la dictadura militar: en la sucesión de gobiernos de facto, durante siete años y nueve meses, la deuda pública se multiplicó por seis, desde los USD 7.800 millones a USD 45.100 millones, para pasar de representar el 11% del PBI (USD 71.200 millones en 1976, según el Banco Mundial) al 43,4% del PBI (104.000 millones en 1983).

Durante la última dictadura militar la deuda pública se multiplicó por seis en menos de 8 años
En cuanto a la relación deuda/PBI, los mayores incrementos coincidieron con las crisis económicas más profundas de la historia reciente.

Con la hiperinflación del ciclo alfonsinista la deuda saltó 42 puntos porcentuales (de 43,4% a 85,2% del PBI), pues el crecimiento nominal coincidió con una importante caída de actividad y la devaluación de la moneda doméstica.

Con el colapso de la convertibilidad, trepó más de 80 puntos porcentuales en dos años, de 53,7% a 139,5% del Producto entre 2001 y 2003, pues a la caída de actividad y la devaluación se le sumó el default de la deuda, por el cual se acumularon todos los vencimientos de capital e intereses del período.

Fuente: Infobae

El Comité Ejecutivo Provincial del GEN Entre Ríos emitió un pronunciamiento en el que reclama que no aumente la tarifa de luz eléctrica en la provincia. Reclamaron que a Entre Ríos “se le ha duplicado lo que recibe de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, con lo que el gobierno provincial se encuentra en condiciones de usar energía más barata para el desarrollo de las regiones postergadas de la provincia y aplicar tarifas diferenciales con criterio social en momentos en que muchas familias la están pasando mal”. También exigieron que “el gobierno tiene que transparentar los números y bajar la tarifa de luz eléctrica”.
En un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL, cuestionaron que “la Nación mantiene el cuadro tarifario a julio de 2018 y sin embargo Enersa ha dispuesto aumentar las tarifas de noviembre de este año hasta enero de 2019” y consideraron que “este impacto no se compadece con las necesidades de los entrerrianos”.

En ese contexto, afirmaron que “a Entre Ríos se le ha duplicado lo que recibe de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, con lo que el gobierno provincial se encuentra en condiciones de usar energía más barata para el desarrollo de las regiones postergadas de la provincia y aplicar tarifas diferenciales con criterio social en momentos en que muchas familias la están pasando mal”.

“El impacto impositivo en las boletas de luz es enorme, es de un 58 por ciento considerando impuestos y tasas. Así, Entre Ríos es una de las cinco provincias con energía más cara y una de las de mayor incidencia impositiva. Si se compara a Entre Ríos con las demás provincias de la región, directamente es la más cara. El gobierno tiene que transparentar los números y bajar la tarifa de luz eléctrica”, analizaron los dirigentes del partido que a nivel nacional lidera Margarita Stolbizer.

“El actual gobierno ha incrementado la deuda pública sin perjuicio de recibir mejoras en la coparticipación federal de impuestos, la duplicación de lo que se le paga por Salto Grande y la disminución del déficit de la Caja de Jubilaciones a partir de recibir fondos nacionales. Sin embargo, no sale de una mera administración que no tiene políticas de fondo ni ha encarado proyectos que le cambien la vida a los entrerrianos o que reviertan el atraso estructural de la provincia”, enfatizaron.

Desde la Fiscalía de Nogoyá citaron al abogado Milton Urrutia, en calidad de imputado, a prestar declaración, previa designación de un defensor, en el marco de una causa en la que se investigan estafas reiteradas contra unos 25 daminificados. Algunas de estas personas defendidas por el letrado aseguraron que Urrutia “a través de comunicaciones telefónicas, mensajes y personalmente, empleó diversos ardides mediante los cuales causó temor, inducción a error y desprendimiento patrimonial en perjuicio de ellos y beneficio propio”. La situación motivó la presentación de una denuncia por parte del fiscal Rodrigo Molina.La notificación enviada a Urrutia lleva la firma de Guillermo Federico Uriburu, fiscal suplente de la jurisdicción Nogoyá. Puntualmente, el letrado paranaense deberá presentarse el miércoles 1 de noviembre a las 9.

La medida adoptada se enmarca en una causa por la presunta comisión del delito de estafas reiteradas contra Mónica García, Fernando López Durán y otros, en la cual hay alrededor de 25 damnificados.

El hecho a investigar, según la denuncia, son “las circunstancias por las cuales Urrutia, en el desempeño de su función de representante de los querellantes particulares, a través de comunicaciones telefónicas, mensajes y personalmente, empleó diversos ardides con algunos de sus representados, mediante los cuales causó temor, inducción a error y desprendimiento patrimonial en perjuicio de ellos y beneficio propio, perjudicando los intereses que le fueran confiados en virtud de su función dentro del proceso penal”.

Puntualmente, los defendidos por Urrutia, según el escrito de apertura de causa, señalaron que “los tomó por sorpresa el anoticiamiento de la realización del juicio”, en tanto creían que el mismo “no se realizaría según les habían manifestado sus abogados querellantes y que incluso pensaban no concurrir, aunque después de común acuerdo mediante comunicación telefónica que mantuvieron decidieron asistir a la convocatoria y escuchar de qué se trataba”.

“Que luego de explicarles el motivo de la citación, algunos de ellos refirieron sentirse sorprendidos y engañados por sus abogados quienes no les habían manifestado nada”, se expone en el texto

Puntualmente, se alude al testimonio de Carlos Holstein, quien manifestó en sede tribunalicia “sentirse presionado por sus abogados, señalando que estos le habían pedido a cada uno de los damnificados 15.000 pesos para concurrir al juicio” y que “de lo contrario no habría juicio porque sin ellos el juicio no se podía hacer”. Esto fue confirmado, entre otros, por María Rosa Telleria, Rubén Dario Muñoz, Juan Osmar Zarate, Arnoldo Karst, Beatriz Minardi, Juan Osmar Zarate, Jorge Santiago Karst y Miguel Angel Pessarini.

Estas personas también explicitaron que “sus abogados les manifestaron que si ellos no iban no habría debate, en consecuencia les indique y les aclare sobre este punto, diciéndole que el juicio no dependía de la voluntad de los abogados querellantes, que podía hacerse igualmente, que para eso el Ministerio Público Fiscal había trabajado durante tanto tiempo en la investigación”.

El fiscal Molina expuso que a los damnificados les habían señalado que, si ellos no concurrían, el funcionario judicial “asistiría al debate y plantearía el caso en el tribunal con los denunciantes que quisieran concurrir”.

“Ante lo cual algunos de ellos me manifestaron que estaban engañados, que muchos de los denunciantes querian concurrir al juicio, pero no estaban en condiciones economicas de conseguir ese dinero para los abogados por lo cual consideraban que la única opcion que les quedaba era desistir del juicio y arreglar con los imputados, mediante acuerdos economicos que contenian propuestas muy por debajo de sus pretenciones”, aseveró Molina en su denuncia.

De acuerdo al texto presentado, “destacaron que previamente les habían entregado sumas dinerarias como adelanto y que hacía unos días también les habían entregado 500 pesos cada uno de los denunciantes para sacar fotocopias de un expediente que tramita en Buenos Aires y, según lo que sus abogados les manifestaron, esa prueba era solicitada por el fiscal y era fundamental para poder seguir el juicio”.

También expresaron, según la denuncia del fiscal Molina, “que se sentían preocupados porque les habían hecho firmar un convenio sobre honorarios, donde se establecía que los mismos debían pagarles un porcentaje del monto que cada uno de los denunciantes lograra acordar con los imputados como reparación económica”.

Sobre el final de la presentación, Molina indicó que “los abogados siempre les manifestaron que el juicio no podía seguir adelante sin los querellantes, razón por la cual se encontraban en una situación delicada, en tanto consideraban que si no conseguían el dinero corría riesgo la realización del juicio”.

“Refirieron que sus abogados (Urrutia y otro letrado de apellido Pérez) les solicitaban dinero en forma reiterada para solventar supuestos gastos de sellado, tasas y otros ‘gastos judiciales’ que no se reflejan en el legajo de investigación”, concluye el escrito.

Bruno Sarubi, titular del ejecutivo municipal, esta convencido de que se quedará con su reelección aunque no quiere sorpresas y busca un acuerdo político para los comicios desdoblados que provocará malestar en el PJ local y ruptura en Cambiemos

Arden los mentideros políticos de la localidad ante las fuertes versiones que circulan desde las últimas horas que indican sobre un inminente acuerdo político y electoral entre un intendente de Cambiemos y el gobernador Gustavo Bordet para jugar juntos en los comicios adelantados del 2019. Se trata del intendente de La Paz, Bruno Sarubi, quien, según los fuertes comentarios en su ciudad, ante el escenario de elecciones separadas de las nacionales, habría decidido acordar con Bordet. En La Paz, mas allá de las versiones que indican una posible candidatura para diputado provincial, quedó descartado que Sarubi buscara su reelección. El mismo intendente así lo dejo en claro en una entrevista reciente brindada a este Portal y a Radio RD 99.1: “Me siento muy cómodo en el lugar que estoy y soy muy joven, tengo 32 años, tengo una carrera política por delante si hago bien las cosas y no hay que apresurarse porque si uno hace una buena gestión después puede decidir por donde seguir pero si hago una mala gestión me tengo que volver a mi casa”. Un intendente que ha sabido mantener una muy buena imagen en su ciudad, que maneja muy buenos números en su favor para el 2019 y que sabe que gana pero que indudablemente no quiere sorpresas o pasar sobresaltos en los comicios, subiéndose de esta manera al barco de Bordet. Nada desdeñable la idea del intendente frente a un escenario electoral como el entrerriano. Es conocido por todos que en diciembre Bordet firmará el decreto convocando a las elecciones provinciales 2019, comicios que se realizaran en el mes de abril, para las PASO, y en junio, para las generales y que tendrá como mes de cierre de listas a febrero. Ante este panorama y los números que varias consultoras han publicado a favor del gobernador, indudablemente que no se puede avizorar resultados favorables para los dirigentes de Cambiemos en las distintas localidades. En política es ley, no falla, el hecho de que en el cuarto oscuro el elector a la hora de agarrar la boleta siempre se inclina por la candidatura más alta, así las cosas, con los comicios desdoblados, en Entre Ríos, la candidatura más alta será la del gobernador. A dichas condiciones hay que agregarle la casi segura no participación del ministro del interior de la nación, Rogelio Frigerio, en las elecciones entrerriana, esto es como candidato a gobernador. Un ministro que si bien está muy bien posicionado en la provincia y de ser hoy el ministro estrella de la gestión de Mauricio Macri y de las especulaciones por parte del oficialismo provincial para que compita, no aparece como una opción viable para Cambiemos. Como se analizó recientemente en este Portal la candidatura a gobernador de Fregerio “nacionalizaría las elecciones y se trata de un riesgo que hay que ver si el gobierno nacional se anima a correr, el de cantar una falta envido con 26, lo que sería un manotazo de ahogado”. Un análisis que es compartido por varios dirigentes de Cambiemos, caso del intendente de Victoria, Domingo Maiocco, quien en una entrevista a este medio manifestó: “es muy difícil que el presidente se desprenda de una figura tan importante de su gabinete. No lo veo muy fácil de que ocurra y sea candidato. Mi deseo es que sea candidato pero no lo veo así”. En el mismo sentido hablo el diputado provincial Esteban Vitor, quien en declaraciones a este medio sostuvo “es una figura casi irremplazable en el gobierno nacional”. Frente a esta situación con todos sus componentes, dentro de sector de Sarubi comentan que más allá del pleno convencimiento de quedarse nuevamente con la ciudad, teme que la ausencia de un candidato fuerte a gobernador pro Cambiemos y el consecuente arrastre de Bordet se lo lleven puesto. El comentario de la búsqueda de una cuerdo con Bordet en La Paz es fuerte, y si bien aún no existe nada oficializado, ya está generando un gran revuelo un revuelo en el arco político paceño, tanto en el justicialismo como en Cambiemos. El PJ en Paz está dividido, existen dos sectores bien definidos, incluso se reúnen en días distintos en la sede partidaria, algunos dicen porque como para ni siquiera quien cruzarse en la vereda. El justicialismo de los martes, con Carlos Bilbao, Carlos Camaratta y Carlos Barbosa, todos funcionarios provinciales, como principales referentes, ya se encuentra armando una propuesta para competir en la ciudad. Dentro del sector, extensible al PJ paceño en su totalidad, el más beneficiado con los números en Bilbao, quien en una entrevista a este medio no escondió sus intenciones de competirle a Sarubi. El justicialismo de los viernes lo tiene al senador Aldo Ballestena como conductor, el sector también se encuentra trabajando para recuperar la ciudad, así lo manifestaron en uno de los encuentros recientes en la casa partidaria. Pretensiones de ambos sectores que chocarían fuertemente ante esta posibilidad de que Sarubi pegue con Bordet. Enfrente, en Cambiemos, la situación tampoco es muy distinta en cuanto a las divisiones entre sectores bien delimitados. El propio Sarubi enfrenta una difícil interna con su viceintendente René Rossi la cual se desnudó recientemente con la postulación de la contadora general del municipio. Interna que también se traslada hacia la diputada provincial oriunda de la localidad, Alejandra Viola, que ya ha anunciado que buscara repetir, incluso en esta idea se encuentra trabajando fuertemente su esposo, el ex ministro de Montiel, Oscar Berón. Pretensión que choca de alguna manera con cierta pretensión que han deslizado dentro del sector de Sarubi que indica, mas allá de los números para la ciudad, sus ganas de ser legislador. Posibilidad que no se descarta y que es avivada por la ausencia de un candidato fuerte a la gobernación y el efecto beneficioso que tendrá para el actual gobernador en el 2019. Ante semejante interna, la salida de Sarubi de su sector político con fines electorales para pegar con la candidatura más alta que según las predicciones se impondrá, es decir, Bordet aparece como la opción más viable para evitarse sobresaltos y ganar cómodamente en la ciudad.

Luego de que la justicia absolviera a la mayoría de los imputados en el juicio contra dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el ex ministro de Salud Ariel De la Rosa por el delito de coacción agravada, Noelia Trossero, directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, dialogó con el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral). “Me sentí denigrada en mi condición de mujer y fueron años en los que tenía miedo de andar por la calle”, recordó la funcionaria, quien se mostró conforme más allá de la decisión judicial. “Fueron momentos horribles que no quiero recordar más, pero se terminaron los aprietes y las conductas patoteriles”, afirmó.“En lo personal estoy contenta y tranquila. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. La Justicia determina quién es culpable y quién no y cuáles son las penas”, señaló Trossero.

“Fue una forma de decir basta a los aprietes y al patoterismo que sufrimos durante un año y medio y desde la institución sentimos que con esta instancia lo hemos logrado. Actualmente estamos trabajando tranquilos, sin sufrir este tipo de manejos”, comentó luego.

“Entre el 80 y el 90 por ciento de los directores de otros hospitales me llamaron y dijeron que venían sufriendo este tipo de aprietes, así que en lo personal estoy contenta porque hubo condena”, añadió.

“Es sentar un precedente de que esta no es la forma de trabajar, que hay que hacerlo libremente, dialogar y va a marcar un antes y un después”, confió Trossero. “No sé si es lo que esperábamos con respecto a la sentencia, pero esto se ha terminado”, acotó.

“Esto no comenzó en un día específico, sino que se produjo una sucesión de hechos desde que yo asumí la dirección porque el objetivo de esta gente era que yo renunciara al cargo. Sólo pensé en retirarme de mi función cuando me amenazó el doctor De la Rosa”, recordó Trossero.

La funcionaria añadió: “En el hospital todos estaban al tanto de estos manejos y yo recibí un fuerte apoyo. Sin ese apoyo hubiera dado un paso al costado, pero la gente me pedía que le pusiera freno a esto porque así cómo lo sufría yo, lo sufría el resto del hospital”.

Respecto al momento de las amenazas que fueron motivo del juicio, Trossero refirió que “fueron momentos horribles que no quiero recordar más” y añadió: “Me sentí denigrada en mi condición de mujer y fueron años en los que tenía miedo de andar por la calle. Estuve tres meses con custodia en la puerta de mi casa y yo soy una persona del pueblo que todo el mundo me conoce. Tener que explicarle a mi nena de 6 años que tenía que estar la policía fue bastante complicado”.

Consultada respecto a la absolución del ex ministro De la Rosa, Trossero opinó: “Un ministro no puede llamar por teléfono a una directora dos veces, amenazarla de arriba abajo y pedirle que se retire. No es la forma. Si no estaba de acuerdo con mi accionar, me hubiese citado y hubiésemos llegado a un acuerdo. Y si yo no cumplía con sus objetivos, hubiese dado un paso al costado”.

“Corté esa comunicación y no podía creer que un ministro de Salud me estuviera amenazando por teléfonos. Esas agresiones e insultos me llevaron a hacer la denuncia. Este tipo de prácticas no pueden seguir. No fue fácil plantarse y enfrentar todo este lío con pormenores que no se conocen, pero había que decir basta”, expuso la funcionaria.

“Sigo trabajando más fuerte que nunca, tengo un equipo cada vez más profesionalizado y generamos cada vez más proyectos. Esto no va a empañar nada de lo que estamos trabajando en el hospital ni lo que yo pueda seguir gestionando, con el apoyo que tengo hoy del ministerio”, señaló.

Respecto a las agresiones denunciadas recientemente por la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez, por parte del diputado provincial José Allende, secretario general de UPCN y jefe político de De la Rosa, Trossero comentó: “Se muy bien por lo que está pasando la ministra, lo repudio totalmente y le hago llegar toda mi solidaridad y nuestro apoyo como institución. Estas cosas no pueden seguir pasando”, concluyó Trossero, antes de señalar que “antes no podía trabajar con el ministerio porque el ministerio y UPCN eran lo mismo y así es muy difícil poder lograr algo para el hospital con todas las puertas cerradas, como estuvimos durante más de un año y medio. Ahora nos sentimos respaldados”, completó.

El tribunal compuesto por Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala condenó a Noemí Santamaría y José Zarza a 2 años de prisión condicional por coacciones simples, por haber irrumpido en el despacho de Trossero el lunes 5 de junio de 2017 y exigirle la reincorporación de la enfermera Yanina Migueles. También fue penado el director del Instituto de Obras Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fabián Monzón, a 1 año de prisión condicional por resistencia a la autoridad. Resultaron absueltos, en tanto, el ex ministro De la Rosa y los dirigentes sindicales Carina Domínguez, Zunilda Suárez y Guillermo Barreira. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 14 de noviembre.

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción este martes a la “Ley de Soberanía Energética”, que encomienda al Poder Ejecutivo y los legisladores nacionales la realización de las “gestiones pertinentes” para que Salto Grande pase a dominio provincial. Casi todo Cambiemos, con excepción de Alberto Rotman, votó en contra: “Todos sabemos que es una iniciativa que no va a prosperar, que no tiene ningún efecto práctico”, advirtieron. Además, alertaron que la norma “atenta contra el derecho constitucional” y tiene “inconvenientes de técnica legislativa”.
Con el acompañamiento del peronismo y del diputado Alberto Rotman, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley impulsado por el senador Ángel Giano (FpV-Concordia) por el que se declara que “los recursos naturales hídricos existentes en el territorio provincial y la energía que se produce como fruto de su explotación corresponden al dominio originario del Estado entrerriano conforme las previsiones constitucionales del orden nacional y provincial”.

También declara que “por razones históricas, jurídicas y económicas se encuentra comprendido en el anterior el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay y demás legislación pertinente”.

A su vez encomienda “al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo Provincial y a las representaciones legislativas de la provincia en la Nación la realización de las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay”.

Rotman fue el único diputado de Cambiemos que acompañó la iniciativa y a la hora de justificar su voto dijo que “si bien la provincialización no será fácil”, está “filosóficamente de acuerdo”.

En tanto Joaquín La Madrid (Cambiemos) leyó un extenso texto en el que argumentó su posición contraria a la iniciativa que, según dijo, “atenta contra el derecho constitucional”.

Fue el diputado José Artusi (UCR en Cambiemos) el qué más fundamentos brindó a la hora de expresar su rechazo. Comenzó diciendo que tiene “inconvenientes de técnica legislativa” y aseguró que “es un proyecto absolutamente testimonial”. “¿Con declaraciones como las de este proyecto estamos defendiendo el federalismo?”, se preguntó. Y su respuesta fue rotunda: “No”. Y además agregó que “se está haciendo una deformación del federalismo”.

“Todos sabemos que es una iniciativa que no va a prosperar, que no tiene ningún efecto práctico”, advirtió luego, al tiempo que se preguntó qué sucedería si cada distrito provincial se encaprichara y pidiera provincializar lo que está en su territorio”. En este sentido puso como ejemplo la represa de Yaciretá.

Luego denunció “cierto atisbo de oportunismo” al preguntarse por qué este reclamo no se hizo antes, cuando el Ejecutivo nacional estaba en manos del peronismo.

Más tarde aseguró que “a Salto Grande no hay que provincializarla, sino que hay que terminarla” y, en tal sentido, enumeró todos los beneficios que ello traería.

Por último, instó a encarar una “negociación seria” con el Estado nacional” para obtener, por ejemplo, una tarifa diferenciada.

Más de 40 mil jubilados, pensionados y retirados provinciales perciben los haberes jubilatorios, correspondientes a octubre, con aumentos que oscilan entre el cinco y el diez por ciento. Los valores de los incrementos son los mismos que han percibido los trabajadores activos, de acuerdo al escalafón al que pertenecen. Dichos aumentos se liquidaron y efectivizaron 30 días antes del plazo con que cuenta la Caja de Jubilaciones para su pago ya que con el cronograma del mes pasado lo habían percibido los trabajadores en actividad.El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías, dijo que los incrementos son aplicados a los beneficios jubilatorios “por la vigencia del 82 por ciento móvil que reconoce nuestro sistema, mecanismo de movilidad que garantiza que los haberes previsionales perciban exactamente los mismos incrementos que los cargos y escalafones con los cuales se les liquidaron los beneficios”. En ese sentido, el funcionario provincial manifestó que “una vez más el gobernador Gustavo Bordet nos instruyó para que los beneficiarios percibieran 30 días antes los aumentos correspondientes a cada escalafón ya que indudablemente las condiciones generales que atraviesa nuestra sociedad nos demanda el mayor esfuerzo para que los recursos destinados a los jubilados y pensionados lleguen inclusive antes de lo que dispone la Ley como plazo para su pago”. Y sostuvo: “Estos aumentos y estos tiempos de pago no sólo son la consecuencia del 82 por ciento móvil, también es el resultado de una provincia que en menos de tres años ha recuperado su estabilidad fiscal, con un ordenamiento de sus cuentas, reconocimiento del déficit previsional por parte del gobierno nacional y la optimización de los recursos en el marco de una gestión austera y transparente”.

Según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, el 10 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 15 años de todo el país realizan al menos una actividad productiva. Esta cifra se eleva al 31,9 por ciento en el caso de adolescentes de 16 y 17 años, a nivel nacional. Los resultados de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), que tuvo un primer antecedente en 2004, es la primera que se elabora a nivel nacional y se realizó a partir del análisis de datos de 2016 y 2017. La encuesta muestra que las distintas formas del trabajo infantil y adolescente están más extendidas en las zonas rurales. A su vez, el trabajo mercantil entre los niños, niñas y adolescentes tiene mayor presencia relativa en las áreas urbanas de las regiones Noroeste (NOA) y Noreste (NEA), y en áreas rurales de las regiones Pampeana, Cuyo y NEA. Durante la presentación de los resultados realizada este jueves, el secretario de Trabajo Jorge Triaca sostuvo: “Esta encuesta muestra la realidad de lo que está pasando, de cómo es la situación de los niños que hoy deberían estar estudiando, haciendo sus actividades sociales, pero que no deberían estar trabajando”.“Este Ministerio a partir de esta encuesta no es el mismo, tenemos datos precisos, certeros y nuestro diseño de políticas públicas se tiene que orientar a mejorar la erradicación del trabajo infantil”, agregó. Los datos arrojados por la EANNA permitirán identificar las características principales del conjunto de actividades económicas y no económicas que realizan niños, niñas y adolescentes, conocer los efectos sobre la escolaridad y las consecuencias en la salud y contextualizar la situación socioeconómica de los hogares con presencia de trabajo infantil, se aseguró desde la Secretaría. Los principales motivos que impulsan a los niños y jóvenes al mercado laboral están relacionados con la ayuda familiar y la necesidad de ganar dinero para sus gastos y los de su hogar. La encuesta muestra que las distintas formas del trabajo infantil y adolescente están más extendidas en las zonas rurales. A su vez, el trabajo mercantil entre los niños, niñas y adolescentes tiene mayor presencia relativa en las áreas urbanas de las regiones Noroeste (NOA) y Noreste (NEA), y en áreas rurales de las regiones Pampeana, Cuyo y NEA. El informe reveló que los trabajos más habituales entre los niños y adolescentes urbanos son el trabajo en negocios, talleres u oficinas por dinero -para el 39,9% de los niños y niñas, y el 37,9 por ciento de los adolescentes que trabajan- y la construcción y reparación de viviendas -el 29,5 por ciento de los adolescentes-. En tanto, entre las adolescentes urbanas tienen más prevalencia el trabajo doméstico, es decir el cuidado de niños y personas mayores o enfermas, la limpieza de casas y la elaboración de comidas o productos para vender. En las zonas rurales, por su parte, más de la mitad de los niños y niñas que trabajan se dedican al cultivo o cosecha de productos para vender -14,2 por ciento-, el cuidado u ordeñe de animales -14,4 por ciento-, la ayuda en la construcción o reparación de otras viviendas -11,9 por ciento- y la ayuda en negocios u oficinas -11,9 por ciento-, consignó Ámbito. Las actividades principales entre los adolescentes rurales son el cultivo o la cosecha de productos con fines de venta -15,1 por ciento-, la ayuda en negocios, comercios o almacenes -12,4 por ciento-, la construcción o reparación de viviendas -9,5 por ciento-, la producción de ladrillos -8,9 por ciento- y el ordeñe y cuidado de animales de granja o de campo -8,6 por ciento-. Finalmente, con respecto a las actividades domésticas intensivas en el ámbito rural, son las adolescentes quienes se dedican en mayor grado a la realización de quehaceres domésticos y al cuidado de miembros del hogar -72,8 por ciento-.

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